La CIDH ratificó que los indultos son una «forma de impunidad», tras rumores que rodearon al Gobierno de Milei
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron sobre las conmutaciones de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad. El texto tras una semana de versiones que rodearon a la administración de La Libertad Avanza, las cuales fueron desmentidas.
La CIDH ratificó que los indultos son una "forma de impunidad", tras los rumores que rodearon al Gobierno de Milei
Durante la última semana, y ante la llegada del 24 de marzo, se multiplicaron los rumores por la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei realizara un indulto a genocidas de la última dictura cívico-militar. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron al respecto en las últimas horas.
Desde el organismo internacional «llaman a los Estados a cumplir con las sentencias judiciales que condenan a quienes resultan responsables por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales«. Según aseguran en un comunicado de prensa, algún tipo de beneficio o reducción de la condena representa una «falta grave impunidad».
El texto explica que algunos países son importantes ejemplos en materia de investigación y sanción de estos crímines. Pero aseveran que «los avances son aún escasos respecto a la cantidad de casos ocurridos en dictaduras y conflictos armados«.
Además, detallaron que «se vienen observando diferentes medidas que impiden, limitan o afectan la ejecución de las penas determinadas en las sentencias condenatorias emitidas. En concreto, se advierten iniciativas legislativas que, de manera genérica, procuran indultar a perpetradores o alterar el régimen de cumplimento de la pena con base en la edad de la persona privada de libertad. La Comisión y el Relator Especial de la ONU también han tomado conocimiento sobre algunas decisiones judiciales que otorgan indebidamente ciertos beneficios, como la reducción anticipada de la pena, la libertad condicional o el arresto domiciliario, sin la constatación efectiva de los requisitos legales y convencionales indispensables.«
Desde la Comisión insisten que la evaluación de un beneficio para los acusados en delitos de lesa humanidad requiere de evaluaciones particulares y solo debe ser aplicada en «casos extremos». «Ello comprende tomar en cuenta el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones. Por su parte, el Experto de la ONU ha recomendado que los indultos humanitarios solamente procedan para casos de enfermedad terminal de resolución inminente«, amplían.
Por último, llaman a los Gobiernos a «no otorgar privilegios o beneficios arbitrarios en favor de las personas condenadas por estos graves delitos ni cualquier medida que impida o afecte indebidamente la ejecución de las sanciones establecidas judicialmente«. Y pidieron que los Estados velen «para que la justicia acabe con la impunidad, se conozca la verdad sobre lo sucedido y el destino de las víctimas, y para que nunca más se repitan las graves violaciones a los derechos humanos».
Rumores de liberación de los genocidas de la última dictadura: la desmentida de Milei y el pedido de Carlotto
Los rumores en la última semana fueron muchos. El primero, difundido en algunos medios y redes sociales, indicaba que el Gobierno planearía anunciar un indulto general a los genocidas el mismo 24 o el 2 de abril.
La siguiente especulación fue más específica y se refería a resolver la situación de cárcel para los acusados de delitos de lesa humanidad que no tienen condena. La propia vicepresidenta Victoria Villarruel se ha manifestado en este sentido en varias oportunidades y la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, en un acto con un grupo de familiares que brega hace dos décadas por la impunidad de estos detenidos fue sugestiva.
El propio Javier Milei se encargó de desmentirlo cruzando a un periodista en X, su red social favorita. «Es una gran mentira», dijo el mandatario en respuesta a una publicación de Nacho Girón.
Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aprovechó el acto de este domingo en Plaza de Mayo para exigir al Gobierno que se sancione una «ley antinegacionista» del terrorismo de Estado. “Las constantes provocaciones de Milei y Villarruel niegan todos los pactos internacionales con rango constitucional”, dijo Carlotto, en la primera parte del mensaje leído en el acto oficial.
“Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes: son el poder económico y empresarial del genocidio. Exigimos juicio y castigo ya”, agregó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
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