La defensa de los mapuches denunció que no les permiten ingresar a Mascardi: “Sabe Dios qué están poniendo”

Así lo denunció Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados en la sede del Serpaj en Buenos Aires. El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que no hay una usurpación de tierras sino un reclamo por el derecho al territorio.

“Queremos pedirle a la jueza acceder al sumario. Dicen que las detuvieron por usurpación. No están usurpando tierras; están reclamando el derecho a su territorio”. El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, encabezó una conferencia de prensa para repudiar el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapuen Villa Mascardi y la detención de siete mujeres en el operativo del comando unificado dispuesto por la jueza federal Silvina Domínguez el último martes.

En la sede del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) en Buenos Aires, Pérez Esquivel consideró que “hay un reclamo legítimo de los pueblos originarios a que esto se resuelva definitivamente”. “Quiero hacer un reclamo a diputados y diputadas que siempre están pedaleando para adelante y nunca resuelven el problema de los territorios. Cada cuatro años tiran las cosas para delante y se lavan las manos”, objetó.

“No puede ser -continuó- que los pueblos originarios sean maltratados en sus propias tierras. Hoy estamos con Mascardi, pero podríamos hablar de todo el país”. Apuntó fuertemente al ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández: “Hay un despropósito del Ministerio de Seguridad. No pueden ir 250 efectivos de fuerzas para desalojar a 20 personas”.

Eduardo Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, recordó que el juicio por usurpación de la comunidad Lafken Winkul Mapu, «la madre de todas las batallas», estaba prevista para el año próximo. «Armaron esta causa para producir el allanamiento porque debían esperar el juicio. Armaron esto para hacer dos cosas: sacar a los lamien y peñi del lugar, violando las normas de procedimiento. Y plantear una actitud ejempificadora: ‘esto les va a pasar a los que sigan peleando’”, señaló Soares.

El abogado insistió en este punto: “¿Por qué una comunidad que está desde hace cinco años en juicio, ahora la echan? No pudo Patricia Bullrich, no pudo Macri. Los primeros dos años de este gobierno hubo dos mesas de diálogo. Nos reunimos en la Winkul sin gendarmes ni policías. Pero cada vez que avanzábamos los sectores de la derecha boticoteaban. Aparecía alguna denuncia. Es un gobierno que no estuvo a la altura porque en lugar de seguir el diálogo, se tiró para atrás”.

Respecto al operativo que continua en Mascardi, Soares cuestionó el rol de la fiscal federal Cándida Etchepare. “Hay una escena de delito en la que la fiscal anda a sus anchas. No sabemos lo que está ocurriendo en el lugar. Los compañeros de la defensa quisieron entrar para verificar lo qué están haciendo, pero los derechos de la fiscal no son los mismos que los de la defensa. La fical comanda las fuerza”.

Dijo que este martes, por primera vez, lograron reunirse con la jueza federal. “Sigue con el secreto de sumario. Se va a tomar los diez días que el Código le habilita; mientras tanto seguimos sin acceder a la prueba principal. ¿Cómo defender a alquien sin saber de qué lo acusan? La jueza está ganando tiempo. Sabe Dios qué están poniendo. Toda esta semana vamos a intentar acceder al expediente”.

El abogado objetó que la jueza federal no permitió a las cuatro mujeres lactantes -a quienes les concedió la prisión domiciliaria- quedarse en la casa de otra integrante de la comunidad, María Nahuel, en Virgen Misionera. Sobre las otras tres mujeres mapuches que permanecen detenidas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), alegó que “no se trata de un establecimiento para tenerlas presas”.

Señaló que “una de las prohibiciones que impuso la jueza federal es las mujeres regresen al territorio. No tenemos idea lo que están plantando, lo que están armando. Por eso, decidimos mandar a los tres mejores abogados de la Gremial”.

Durante la conferencia, se leyó una carta de las mujeres mapuches que continúan detenidas en el aeropuerto de Bariloche. “Tres de nosotras seguimos encarceladas injustamente en Bariloche. Seguimos en huelga de hambre como medida de protesta para exigir nuestra inmediata liberación”, manifestaron.

Expresaron también que se enfrentan “a un enemigo que es el comando unificado de fuerzas represivas, pero también al Poder Judicial, gobiernos provinciales y nacionales, junto a terratenientes y medios hegemónicos. Ellos son los que causan terror y según ellos, los terroristas somos nosotros”.

“Uno podía esperar esto de un gobierno de derecha”

A su turno, por zoom, el coordinador del Parlamento Mapuche de Río Negro Orlando Carriqueo desmintió que haya unos 250 efectivos en Villa Mascardi. “Denunciamos que hay entre 500 y 1000 efectivos del comando unificado y un helicóptero que sube a la montaña a las tropas de elite y persigue a los peñi. Llegó un Hércules y se trajo armamento por tierra y hay equipos de comunicación que interfieren las señales. Posterior al desalojo, se implementó un sistema de vigilancia y control en las rutas que incluía no solo la documentación sino la revisión de los baúles de vehículos, algo que recuerda a la dictadura militar”.

Carriqueo fue crítico del gobierno nacional: “Uno podía esperar esto de un gobierno de derecha. Este Frente de Todos olvida sus principios. Es el peor error que puede cometer un estado”.

El presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), Nehuen Loncoman, destacó “la dignidad que ha mostrado la ministra de Género, Gómez Alcorta, de no ser parte de esta política que lleva a la criminalización de mujeres mapuches” al presentar su renuncia tras el operativo en Mascardi.

“El primer día, los niños y adolescentes se tuvieron que refugiar en el bosque por la entrada de efectivos del comando unificado que entraron a los disparos, tirando gases. Esto deja en evidencia el retroceso del estado argentino con respecto a la violación de derechos indígenas”, expresó Loncoman.


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