La Justicia ratificó que la exgobernadora Carreras no cometió delitos al firmar el convenio con la consultora israelí

Por segunda vez, el Ministerio Público rionegrino entendió que la exgobernadora Arabela Carreras no cometió ningún delito al firmar el convenio con la empresa israelí Mekorot que cumple con un estudio del recurso hídrico de Río Negro.

Hace algunas semanas, el fiscal Guillermo Ortiz ya había desestimado la denuncia presentada por las legisladoras de Vamos con Todos, Magdalena Odarda y Ayelen Spósito, que entendían que la exmandataria había “infringido los tipos penales” de “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público” cuando en febrero del 2023 rubricó ese convenio entre Mekorot y el Consejo Federal de Inversiones, que “establece líneas generales de cooperación, prestando intercambio de expertos, técnicos, informes científicos y técnicos”.

Tras esa resolución, las parlamentarias plantearon un recurso de revisión; entonces el expediente en cuestión fue evaluado por el Fiscal Jefe, Juan Pedro Peralta, que confirmó la postura de Ortiz. En concreto, la nueva opinión ratificó que “no se advierte” conducta de la exgobernadora Carreras que “reúna los elementos objetivos y subjetivos” de los delitos aludidos por las denunciantes.

---

Previamente, Peralta -en línea con Ortiz- repasó las observaciones planteadas por las denuncias, entre ellas, que el convenio tenía “carácter internacional u otra potencia”, requiriendo “tratamiento legislativo” que no se cumplió y, por eso, las legisladoras consideran que Carreras se “entromete en la competencia que no es suya o propia como titular del Poder Ejecutivo”.

El fiscal jefe desestimó que se tratara de “un acuerdo internacional bilateral entre dos estados” y detalló que “intervinieron sólo dos partes: en representación de Mekorot y en contraparte el Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe”.

Otro cuestionamiento consistió en que existió una “entrega flagrante a una entidad internacional del Estado de Israel de la soberanía provincial, con un pretenso plan maestro para la utilización del recurso, que es de dominio público del Estado, bajo el ropaje de consultoría”.

En la denuncia, Odarda y Sposito argumentaron que no hubo “publicación del convenio”, a lo cual, Peralta recordó su difusión en páginas oficiales y entendió que “no se incumplió con ningún principio republicano de publicidad de los actos de gobierno ni sobre acceso a la información pública”.

La denuncia alude a una “cláusula de propiedad intelectual” donde se “restringe el acceso libre”, pero la opinión de Peralta expresa que el compromiso de “no divulgar información” se vincula con “aquella obtenida de la otra parte como resultado de la contratación”. Además, consigna que Mekorot ya entregó “dos etapas del estudio programado” al DPA que “incluso fueron” enviadas a la Legislatura.

En otra parte, Peralta reafirmó que “no se trata de un acuerdo internacional, sino de un convenio de consultoría técnica que no necesita de la consulta popular ni de la intervención legislativa”. El acuerdo -agregó- se orientó “a desarrollar un diagnóstico y una planificación estratégica del recurso hídrico, no conlleva por sí mismo una decisión administrativa -en los términos pretendidos- ni la ejecución de obras, por lo tanto, no se encuentra legalmente obligado a someterse a consulta pública”.