Le pedirán al fiscal Gerez que anule las causas contra dirigentes sociales por el acampe en Neuquén
Las inició la fiscalía tras los bloqueos que hicieron las organizaciones la semana pasada. Mañana habrá una acción contra la “criminalización de la protesta”.
La progesta de la semana pasada consistió en un acampe en inmediaciones de Casa de Gobierno. Foto: archivo Matías Subat.
Las organizaciones sociales que desde hace semanas mantienen un conflicto con el gobierno de Rolando Figueroa se convocarán mañana en la Ciudad Judicial para solicitar una audiencia con el fiscal general, José Gerez, y reclamar el cese de las causas a dirigentes que participaron del acampe.
La medida fue resuelta ayer tras una asamblea de la que participaron integrantes del Polo Obrero, del FOL, CTEP, FOL Unidad, FPDS y de Territorio Evita. Por el momento, no retomarían las medidas de fuerza, pero si continuarán exigiendo una mesa de negociación «seria» con el Ejecutivo para encontrar una solución a los reclamos.
El clima se caldeó ayer luego de que la policía provincial desplegará un operativo con un centenar de efectivos, móviles, motos y bicicletas a primera hora de la mañana en Casa de Gobierno, en una suerte de «simulacro» de protocolo antipiquetes para prevenir un nuevo acampe de las organizaciones.
Esa medida se sumó a la decena de notificaciones que envió la fiscalía para que ayer se presentaran los principales referentes a designar abogado defensor en una causa por entorpecimiento de la vía pública que se inició el viernes.
«Está claro que al gobierno no le importa la situación porque impone medidas: si te gustan bien, y si no te gusta, judicialización de la protesta social», manifestó ayer en RÍO NEGRO RADIO Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Uno de los núcleos de conflicto entre el gobierno y las organizaciones es la decisión de terminar con el esquema de «intermediarios» que, según planteó el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, hace a un «sistema poco transparente, donde la cooperativa recibe dinero del Estado que luego no se rinde de manera clara».
El Ejecutivo insiste con que la gestión anterior acordó con la cooperativa Viento Sur Ltda., que nuclea a las organizaciones que están sosteniendo el reclamo, un aporte de 1.177 millones de pesos para un programa de capacitaciones, pero que no se rindieron adecuadamente.
«Nosotros no somos intermediarios, somos compañeros que defendemos que tengamos una mejor vida», respondió Mauro. «Dicen que no, pero se ve que hay un acuerdo a nivel nacional con las políticas de Milei en base a ajustar y perseguir a compañeros que luchan», planteó el dirigente del FOL, quien criticó a los funcionarios del gobierno porque «no recorrieron ningún comedor, no saben ni dónde están».
El reclamo en la Ciudad Judicial
La referente de CTEP, Soledad Urrutia, indicó ayer que el miércoles darán una conferencia de prensa en la Ciudad Judicial para reclamarle a Gerez que «anule las acusaciones contra los dirigentes». «Están criminalizando una protesta que no es por más que pan y trabajo», afirmó.
Insistió con que el gobierno debe abrir una mesa de diálogo «seria» con las organizaciones porque «los comedores y merenderos están vacíos». «A los nuestros les está faltando comida en la olla, la pobreza en Neuquén está escalando cada vez más», sostuvo.
Entre los reclamos está el envío de comida para estos espacios, pero también la continuidad de 740 puestos de trabajo. En el caso de CTEP, dijo Urrutia que eran personas que hacían trabajos de albañilería, soldaduras, gasistas, pintores. «Levantamos más de ocho casas e hicimos refacciones con el plan Mi Pieza para madres solteras», aseguró.
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