Abren causas a una decena dirigentes y hoy definen si retoman el acampe en Neuquén
Habrá una reunión a las 14 para definir cómo continúa el reclamo por pagos adeudados y la continuidad laboral de 740 personas. Los acusados deberán asistir con abogado defensor a la fiscalía.
El acampe en inmediaciones de Casa de Gobierno se extendió por cuatro días. Foto: Florencia Salto.
Las organizaciones sociales definirán hoy al mediodía cómo continúan su reclamo al gobierno provincial, tras la tregua que abrieron el viernes al levantar el acampe que se extendió por cuatro días. A las 14 habrá una asamblea en la que resolverán si vuelven las medidas de fuerza, pues consideran que el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, dio respuestas “a medidas” a las demandas por falta de pago y caída de contratos que iniciaron el conflicto.
La permanencia en inmediaciones de Casa de Gobierno había comenzado el martes, se levantó solo cuando se abrieron instancias de negociación con el Ejecutivo, pero finalmente se extendió hasta el viernes sin que exista una salida de fondo. La realizaron Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita, organizaciones que están nucleadas a través de la cooperativa Viento Sur Ltda., la que el gobierno acusó de haber malversado los fondos que se le habían otorgado por convenio el año pasado.
Castelli afirmó que, por ese acuerdo hecho en la gestión anterior, recibieron “1.177 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable destinado a generar capacitaciones y, hasta la fecha, no se tiene un conocimiento certero de qué se realizó y hay inconsistencias con las rendiciones”. Llegó a decir que en los recibos figuraba la compra de una camioneta, chorizos e indumentaria.
Las organizaciones calificaron esas expresiones de “falsas” y le reclamaron al ministro, vía carta documento, que se rectifique o que presente pruebas de los dichos.
Pese a la escalada de tensión, el diálogo continuó, con algunas respuestas “parciales” del funcionario, según plantearon desde el Polo Obrero.
Indicaron que el gobierno “no reconoció la deuda de diciembre” por ese convenio porque consideró que ya se ejecutaron 12 transferencias en el 2023, “presentándolas como el pago de los 12 meses del año”. “Lo que sucede en realidad es que siempre el pago es a mes vencido y enero de 2023 corresponde a diciembre de 2022”, reclamaron.
En relación con la continuidad de los 740 puestos laborales que demandan, el gobierno habría negado esa posibilidad y, en cambio, ofreció 150 puestos de trabajo para todas las organizaciones bajo el convenio de Uocra que el gobernador Rolando Figueroa firmó el viernes en El Huecú con el referente Juan Carlos Levi.
“El gobierno señala que rechaza a los intermediarios pero pretende que los puestos de trabajo se arreglen con la Uocra e incorpora como funcionarios a dirigentes de otras organizaciones sociales (señalaron a un dirigente de Somos Barrios de Pie). Cómo se verá, hay intermediarios de primera y de segunda”, cuestionaron desde Territorio Evita, otra de las organizaciones que participan del reclamo.
Abrieron causas a una decena de dirigentes
La fiscalía de actuación genérica a cargo de Paula González inició causas contra una decena de dirigentes de las organizaciones sociales que participan del reclamo y los notificó para que se presenten hoy en sede judicial con abogado defensor, constituyan domicilio e informen teléfono de contacto.
Los involucró en una causa por entorpecimiento de la vía pública, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal. El mencionado texto indica que quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
En la causa quedaron involucrados los dirigentes Agustín Muñoz, Luis Alberto Ramírez, Ana María Montoya, Lilian Velázquez Larroza, María Colitripay, Romina Rosales, César Parra, Diego Mauro, Soledad Urrutia y Sabino López, aunque desde las organizaciones aseguraron ayer que seguían recibiendo notificaciones.
“Este hecho de persecución se suma al aspecto de difamación promovido por el gobierno”, aseguraron desde el Polo Obrero.
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