Lo que implica la fuerte apuesta de Rolando Figueroa en materia de seguridad en Neuquén

El gobierno invirtió en patrulleros y armamento, también incidió a fondo en la agenda legislativa. ¿Signo de época? Río Negro buscó la opinión a especialistas.

Primero llegaron los patrulleros. Después, los chalecos, las armas y el despliegue en las calles para perseguir el narcomenudeo. La apuesta inicial del gobierno fue clara: mostrar presencia, marcar territorio, invertir en «fierros». Pero no se quedó ahí. Mientras los refuerzos llegaban al asfalto, en la Legislatura empezaban a circular carpetas con proyectos de ley destinados a blindar desde lo legal una política de seguridad que busca ser contundente y visible. Algunas de esas iniciativas ya pasaron el filtro legislativo; otras esperan su turno. Todas forman parte de la misma estrategia: endurecer el mensaje y el marco legal en nombre de una mayor protección ciudadana. En Neuquén la consigna no fue «el que las hace las paga», pero ante las críticas de algunos sectores el gobernador Rolando Figueroa advirtió: “Se enoje quien se enoje, estamos trabajando para que el ciudadano esté protegido”.

Según la información oficial, en 2024 el gobierno invirtió 15.000 millones de pesos en adquirir, entre otros elementos, 600 armas de diverso calibre, 253.900 municiones, 5.000 chalecos antibalas, 750 bastones, 500 protecciones antidisturbios y 240 vehículos policiales. Los fierros.

Los legisladores aprobaron la ley de narcomenudeo, la autorización para utilizar armas menos letales, la emergencia penitenciaria y la ficha limpia, y se vienen muchas más: allanamientos nocturnos, agente revelador, informante pago, prisión preventiva por reiterancia, detención por 48 horas sin orden judicial, nueva ley orgánica de la policía, Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana… Se cruzó en el camino la cabo Constanza Parra con sus graves denuncias, rápidamente neutralizada.

“En la Legislatura estamos tratando leyes fundamentales y que seguramente han proyectado las distintas necesidades que tiene la ciudadanía para que logremos mayor seguridad”, expresó Figueroa. Agregó: “para nosotros es muy importante cortar con los que siempre cometen los delitos, cortar con que entren por una puerta y que salgan por la otra”.

¿Clima de época?


¿Es el clima de época? Diario RÍO NEGRO consultó al abogado de organismos de derechos humanos Marcelo Medrano y a la jueza de Garantías de Zapala, Leticia Lorenzo.

Lorenzo opinó que «estas iniciativas no responden tanto a una convicción como a una conveniencia: son apuestas discursivas con alto rendimiento mediático y bajo costo de implementación real. Es más fácil repetir recetas que funcionaron como eslóganes que comprometerse con reformas profundas, lentas y sostenidas».

A su turno Medrano señaló que «es central discutir una ley de seguridad ciudadana integral. En términos democráticos ese proyecto involucra un paradigma, una forma de ver los conflictos y su gestión, la fuerza policial y sus protecciones, sus derechos, sus maneras de vincularse, etcétera. Si yo discuto solo la posibilidad de usar pistolas Taser, o la ley orgánica de la Policía, o los consejos de seguridad de manera aislada, jamás tendré una visión sino retazos, fragmentos».

Las políticas eficaces


Leticia Lorenzo, jueza de Garantías de Zapala. (Archivo/Matías Subat)

La jueza Lorenzo indicó que «la pregunta no es sólo si hay un giro punitivista en marcha —la respuesta parece evidente—, sino qué sentido político y simbólico tienen estas medidas y qué nos dicen sobre la orientación del gobierno actual. Los discursos de ‘mano dura’ no son ninguna novedad: aparecen en todos los niveles de gobierno cuando se quiere producir una ilusión de respuesta rápida frente a la inseguridad, evitando el análisis serio de sus causas y la búsqueda genuina de soluciones».

Añadió: «Es fácil apelar a consignas como “el que las hace, las paga” o “entran por una puerta y salen por la otra”. Lo difícil es explicar cómo se va a obtener una pericia digital sin esperar meses por falta de recursos, o cómo se va a garantizar una investigación ágil sin personal capacitado y sin coordinación efectiva entre organismos. Lo difícil es rendir cuentas sobre la inversión pública en materia de seguridad, priorizar con criterios claros, transparentes, y evaluar el impacto real de las políticas implementadas. Lo difícil —y lo importante— es asumir que gobernar no es sostener una narrativa dura, sino diseñar y sostener políticas eficaces».

Escenario binario


Alertó que «hay también un peligro institucional y simbólico profundo. Se construye un escenario binario entre ‘los buenos’ y ‘los malos’, que legitima el señalamiento, la hostilidad y la violencia simbólica —y a veces no tan simbólica— hacia personas en conflicto con la ley, pero también hacia quienes ejercen funciones públicas con criterio técnico y jurídico. Lo hemos visto en ataques recientes a jueces por sus decisiones, que fueron presentadas como escándalos simplemente porque no respondían al clamor punitivo del momento».

El abogado Medrano por su parte, indicó que «hay racionalidades políticas, sociales, económicas y caminos a sociedades éticas y democráticas. O no. Hay políticas públicas, diseños institucionales y visiones que conforman socialmente. O no. Ese me parece el enorme secreto invisibilizado. Porque nada es neutral ni aséptico, las decisiones favorecen o impulsan visiones de la ciudad, la provincia, el mundo».

Acciones toscas, acciones sofisticadas


Marcelo Medrano, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad. (Archivo/Cecilia Maletti)

«Puedo leer narcomenudeo, reiterancia, armas no letales, emergencias penitenciarias y otras tantas como proyectos y leyes autónomos, o intentar ver una racionalidad, una estructura detrás», señaló. «Existe toda una batería de instrumentos para acciones toscas, ¿y las acciones sofisticadas?: financieras, económicas, ambientales, que impactan directamente en el corazón de un pueblo. Son parte de las decisiones económicas, así las denominan y legitiman. Algunos posiblemente no lo vean, otros son cómplices cómodos».

Puso el acento en que «las leyes también son aspiracionales, conducen a sociedades decentes y democráticas o sociedades más autoritarias y violentas. Las denuncias anónimas, los informantes, arrepentidos, agentes encubiertos y todo el abanico de ‘mediadores de denuncia, investigación y prueba’ también modelizan sociedades. Al menos vale la pena pensar en términos de sociedades de delación y desconfianza».

«La distribución de la riqueza, la mirada económica, el diseño institucional, las políticas públicas, las designaciones, la gestión de la conflictividad, y las leyes representativas deben ser un camino hacia sociedades más justas, inclusivas y democráticas», opinó. «Es exactamente lo contrario a solo un paradigma de orden, excluyente, encubridor y violento. Y esto es vital porque siempre debe pensarse en la generación que nos sigue».