Mapuches de Vaca Muerta contra el decreto de Javier Milei: «Nos deja librados a una batalla sin control»
Además, intimaron al gobierno de Rolando Figueroa que suspenda permisos a petroleras donde no hubo consulta previa.
Mapuches de Neuquén contra el decreto de Javier Milei. Foto: Florencia Salto.
Representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén se manifestaron este martes en Casa de Gobierno al cumplirse un año de la gestión de Rolando Figueroa. Entregó un escrito donde comunidades de Vaca Muerta intimaron a «suspender la entrega de permisos o concesiones petroleras en territorios comunitarios, donde sostuvieron se incumplió la consulta previa”. Además criticaron la decisión del gobierno de Javier Milei que derogó el decreto de emergencia en tierras indígenas, una acción que se oficializó en el Boletín Oficial. «Nos deja librado a una batalla sin control», advirtieron.
«Hay tres derechos que están violados. La no entrega de las personerías jurídicas, la no regularización territorial y la no aplicación de la consulta. Esto está normado. Solo hace falta que el gobernador se decida a no seguir incumpliendo la ley y la aplique. Con eso resuelve los conflictos», sostuvo el vocero de la zonal Xawvnko, Jorge Nahuel.
Enfatizó que la ley 3401 aprobada el año pasado «le exige al Estado evitar la ilegalidad de no aplicar la consulta a todo plan que pueda afectar la vida y cultura del Pueblo Mapuche«.
Jorge Nahuel marcó que hubo hoy una decisión de comunidades de Vaca Muerta de intimar al gobierno por vías administrativas «a que no autorice más ingresos a las petroleras, licitaciones y nuevas concesiones, si antes no cumple con la ley de consulta previa, que tiene vigencia desde fines del año pasado y hasta ahora no tiene un solo caso de aplicación».
Aseguró que «Rolando Figueroa lo está incumpliendo» porque la consulta «no la hacen las petroleras, sino el Gobierno».
Javier Milei derogó la emergencia en tierras indígenas
En el artículo 1° de la Ley N° 26.160, que fue sancionada y promulgada en noviembre de 2006, se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, «con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en el organismo provincial competente o aquellas preexistentes».
«Eso estaba dirigido a que la Justicia deje de reprimir, deje de encarcelar, de desalojar. Era una ley de emergencia. Pero no puede durar 18 años. Si dura eso es porque hay inoperancia del Gobierno provincial porque no ha querido aplicar la ley de relevamiento. Entonces apela a que los jueces nos repriman», sostuvo Jorge Nahuel.
Marcó que la derogación «nos deja librado a una batalla sin control» y puede generar «enfrentamientos que lleven a situaciones que todo el mundo va a lamentar después».
«Si la Justicia no implica actitudes atinadas puede empezar a creer que tiene la mano libre para reprimir. Si la Justicia le exige al gobernador que cumpla con la ley, que regularice las tierras, que entregue las personerías jurídicas y que se haga la consulta, todo se normaliza», manifestó Nahuel en diálogo con Radio CALF.
Dijo que «como la derogación fue del Gobierno nacional, ahora la responsabilidad recae toda sobre Figueroa, tiene que tomar el toro por las astas, regularizar las tierras y cumplir con la constitución y las leyes».
El Gobierno de Milei indicó en la norma que se publicó hoy en el Boletín Oficial que «resulta pertinente derogar el Decreto Nº 805/21″, que es el que estableció las prórrogas. Además declarar la finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras «que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160 y de la suspensión establecida en el artículo 2° de dicha norma».
El articulo 2 de la Ley 26.160, derogado este martes, marcaba la suspensión «por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.
«A pesar de su carácter temporal, el plazo de la emergencia ha sido objeto de sucesivas prórrogas mediante las Leyes Nros. 26.554, 26.894 y 27.400 y, por última vez, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21 que extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2025, lo que ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores», señala los considerandos de la norma.
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