Ley de territorios indígenas: opiniones cruzadas en Río Negro sobre la derogación

La derogación de la ley que establecía en todo el país la emergencia territorial y suspensión de desalojo de comunidades indígenas contribuye a poner fin a “una situación de enorme discrecionalidad”, aseguró hoy el diputado nacional rionegrino por el PRO, Sergio Capozzi, quien celebró la decisión tomada por el presidente Javier Milei.

Lee También

Mapuches de Vaca Muerta contra el decreto de Javier Milei: «Nos deja librados a una batalla sin control»

El decreto derogó otro del gobierno anterior que había establecido una nueva prórroga de la ley 26.160, dictada hace 18 años, y en los hechos interrumpe el proceso de relevamiento de tierras comunitarias, que está inconcluso, y habilita a los juzgados intervinientes a dictar desalojos en casos de ocupación.

En contraste con la postura de Capozzi, el werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que el presidente Milei tomó la decisión “en complicidad con gobernadores”, y la calificó como “una práctica genocida, que se aleja de la democracia y es pasible de ser considerada delito de lesa humanidad”.

La abogada Andrea Reile, asesora letrada de comunidades mapuches en diversos litigios, como el de Cuesta del Ternero, consideró que la decisión del gobierno “es una avanzada más en contra de las comunidades”. Subrayó que además de “un arrebato de derechos”, el decreto de Milei “es una falta de respeto a la Constitución Nacional”.

Recordó que la ley 26.160 no es más que una puesta en práctica del artículo constitucional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la entrega de “tierras aptas y suficientes” para su desarrollo.

Recordó que en Río Negro hay muchas comunidades a la espera de sus relevamientos territoriales, que están paralizados desde hace diez años. Reile consideró que la desactivación de ese proceso no ocurrirá sin “resistencia”, como ya pasó hace un par de años cuando avanzaron las posturas políticas contrarias a la renovación de la ley.

La reacción de las comunidades

Para Carriqueo, lo decidido “pone en tensión la paz social en la Argentina y es una violación de los derechos humanos”. Sostuvo que es una muestra además “el cinismo y la crueldad de este gobierno, que es por sobre todo antidemocrático”.

El werken afirmó que “si las comunidades van a ser corridas, despojadas del territorio, que propone el gobierno es un desconocimiento y falta de proyección de las comunidades como un derecho, sus pautas culturales y sus modos de vida, que están reconocidas en convenios internacionales y en la Constitución”.

Dijo que el decreto firmado por Milei “es pasible de una condena como delito de lesa humanidad, porque pone en riesgo las vidas y la seguridad de las comunidades”. Según el werken, “no es posible que en un territorio haya seguridad jurídica para las multinacionales si no hay respeto al derecho indígena”.

“Abusos y hechos violentos”

Capozzi, como referente de un partido que acompañó durante todo el año las decisiones de Milei, opinó que “los derechos de las comunidades deben armonizarse con los del resto de la sociedad y resulta necesario terminar con algunos episodios que atentan contra el derecho de propiedad, los bienes del Estado y, en general, contra la convivencia de toda la sociedad”.

El diputado barilochense recordó que la última renovación de la ley se formalizó por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el expresidente Alberto Fernández.

“La emergencia territorial se había transformado en algo crónico que permitió una serie de abusos y hechos violentos –argumentó-. Con los años esta situación derivó en la creación de una burocracia que no solo no resolvió el problema de las comunidades indígenas, sino que en los últimos años del kirchnerismo se suscitó en una situación de enorme discrecionalidad, con una mirada sesgada”.

La abogada Reile insistió en que el relevamiento “no se venía cumpliendo” y no fue por responsabilidad de las comunidades. A su entender, “y sin darle dramatismo a la cuestión”, la decisión del gobierno “busca utilizar al Poder Judicial como un instrumento para despojar a las comunidades indígenas de sus territorios y así continuar con la entrega de recursos naturales, privatizar y vender todo”.

Dijo que “seguramente va a generar resistencia”, porque agrava la situación de numerosas comunidades, “que son más de 180 en Río Negro, que vienen de padecer otros incumplimientos del Estado y ya estaban en situación de indefensión”.