Nación comenzó a reparar la Ruta 151 pese a la apelación: «Punto de inflexión», dijo el Gobierno de Río Negro

El Gobierno de Río Negro anunció que Vialidad Nacional inició la reparación de la Ruta 151, en medio del conflicto judicial con Nación. Pese a que se mantiene la instancia de apelación al fallo, el Ejecutivo provincial catalogó como «punto de inflexión» la medida de empezar a reparar la calzada cerca de Catriel.

Según precisó el gobierno de Alberto Weretilneck, el organismo nacional comenzó a trabajar a unos 25 kilómetros de la localidad petrolera, en uno de los sectores «más deteriorados y peligrosos» del corredor.

«Este movimiento marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después de que la Justicia reconociera el abandono y ordenara medidas urgentes», indicó el gobierno rionegrino.

Esto surge debido al fallo por la Ruta 40, que obligó a Vialidad Nacional a ejecutar obras entre Bariloche y El Bolsón.

Esto marcó un precedente -según provincia- luego de la sentencia de primera instancia por la Ruta 151, la cual surgió a través de un amparo colectivo dado al impacto que generaba el deterioro de la calzada sobre «la educación, la salud, la seguridad vial y la actividad económica» del norte provincial.

Sin embargo, este fallo fue apelado por el gobierno de Javier Milei y aún el avance formal de la causa se mantiene frenado.

Por este motivo, desde provincia resaltaron que la intervención sobre la Ruta 151 significa que Vialidad Nacional tomó nota de la gravedad de la situación: «Es una señal de que las decisiones judiciales comenzaron a ordenar las prioridades del organismo nacional«.

«El Gobierno de Río Negro ratificó que seguirá cada instancia judicial y monitoreará el cumplimiento estricto de lo resuelto en ambas rutas», indicaron.

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De qué se trata el amparo colectivo por la Ruta 151 que apeló el gobierno de Javier Milei

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El amparo colectivo fue firmado por el gobernador y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.

Según informó el Gobierno en aquel momento, «la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional».

El abogado Enrique Palmieri (como apoderado del Estado Nacional-Ministerio de Economía-Secretaría de Transporte) en un escrito presentado el 25 de agosto pasado, apuntó a la «falta de legitimación activa» respecto a las cámaras empresariales que participaron y de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, en el recurso de amparo liderado por Weretilneck. De esta forma la defensa buscó que no prospere la demanda porque considera que no son las personas que la Justicia reconoce como con derechos para iniciar el proceso el proceso judicial.

Por otra parte, el abogado buscó sacar el foco del Estado nacional y por en ende a la Secretaría de Transporte, y centrarlo en Vialidad Nacional, un organismo que Palmieri describió como un ente «descentralizado con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, que por ende posee aptitud legal para administrarse a sí mismo en pos del cumplimiento de sus fines específicos».

En tal sentido, se indica que la ejecución de las obras objeto de la demanda excede el ámbito de competencia funcional de esta Secretaría y corresponde, en los términos normativos vigentes, a la Dirección Nacional de Vialidad.

Palmieri enmarcó esta situación en una «falta de legitimación pasiva», que ocurre cuando la persona demandada en un proceso judicial no es la persona que legalmente está habilitada para responder. La estrategia en este punto también apunta a que no prospere el proceso judicial.

Luego, el abogado Palmieri pasó en su escrito de 37 páginas rechazó a lo largo de 30 puntos los aspectos de la demanda y más tarde describió lo que Vialidad Nacional afirmó que realizó, lleva adelante y proyecta hacer, pese a que está judicializado su futuro, por la disolución que dispuso el Gobierno nacional del ente vial.

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El fallo de la Justicia a favor del amparo colectivo por la Ruta 151

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El Juzgado Federal de Roca hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Provincia de Río Negro, varios municipios del Alto Valle y cámaras empresariales contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al considerar probado el «grave deterioro» de la Ruta Nacional 151 y la omisión de mantenimiento por parte del organismo.

En la resolución, el juez Hugo Greca ordenó en primer lugar a la Vialidad Nacional a “la confección en el término de diez días de un plan de relevamiento de los puntos más críticos de deterioro de la calzada” y un plan de acción en orden a remediarlos en los 90 días subsiguientes. En un segundo paso, “un plan de mantenimiento y/o reconstrucción de la calzada en su totalidad”, que deberá estar operativo “al terminar los primeros seis meses desde la fecha de la presente”.

La acción fue impulsada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, los municipios de Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Contralmirante Cordero y Campo Grande, junto a cámaras empresariales y de servicios. En la demanda, los actores denunciaron “la omisión de mantenimiento y reparación de la ruta nacional 151 entre los km 0 y 150, límite con la provincia de La Pampa”.

Argumentaron que ese corredor atraviesa localidades claves del Alto Valle y que “resulta ser una vía de integración y desarrollo regional, utilizada por la industria hidrocarburífera, frutícola, minera, y una de las principales vías de acceso a la provincia”.