Neuquén hará narcotest sorpresivos a políticos y jueces, en medio de la polémica por su constitucionalidad

Lejos de apaciguar las aguas, el debate por el proyecto que establece exámenes toxicológicos sorpresivos a políticos y jueces, para definir su permanencia en el puesto, continúa embravecido. Logró despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén, pero no se votará aún en el recinto.

La provincia fijará, a través de esta ley, la obligatoriedad de someterse a un «control antidoping» periódico a quienes «toman decisiones» en los tres poderes del Estado, ya sea por qué ocupan cargos electivos (fueron votados por la ciudadanía), designaciones políticas (una ministra) o judiciales por concurso (un fiscal jefe).

Esto alcanzará al gobernador, su vice, el gabinete, el fiscal de Estado, el asesor general de Gobierno, diputados y diputadas, el Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores, integrantes del Consejo de la Magistratura, directivos de organismos autárquicos, intendentes y concejales.

En principio se le hará un test rápido de orina o saliva (los valores oscilan entre los 15.000 y 20.000 pesos, cuyo costo debe pagar siempre el funcionario). Si se confirma deberá realizarse de inmediato un análisis toxicológico (acá el precio escala a 200 dólares, según comentó la diputada libertaria Brenda Buchiniz). Después hay una ventana de 48 horas para la contraprueba.

La persona no sabrá de antemano qué día le tocará testearse.

Lo que se busca es detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas: metabolitos de opioides, de cannabinoides y de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra que la autoridad de aplicación determine.

Este es uno de los puntos que el proyecto deja sumamente abierto: el Poder Ejecutivo será el que determine quién será la autoridad de aplicación, si el ministerio de Salud o como algunos desean, el de Seguridad.

El debido proceso

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La finalidad de la ley, como afirmó el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, es que las autoridades de la provincia no estén relacionadas «con los narcos».

No es prioridad acompañar a una persona en un tratamiento de salud, en caso de que la prueba y contraprueba den positivo, sino afinar los mecanismos para correrla de la función.

El oficialismo ha tenido problemas para acordar cómo se aplicarán las sanciones. Tanto con sus aliados-el PRO que reclama una expulsión automática– como la oposición -que pide que se respete el procedimiento constitucional de remoción en cada uno de los casos: juicio político, jurado de enjuiciamiento, sumario administrativo.

El legislador Federico Méndez (Comunidad), que no pertenece a las comisiones donde se discute el proyecto, reiteró esta mañana que el castigo no podía quedar en manos de la autoridad de aplicación. El diputado Darío Martínez (Unión por la Patria) también observó la redacción.

Sorpresivamente el radical César Gass planteó una suerte de mea culpa sobre su voto en la ley de reiterancia y dijo: «no le damos la profundidad suficiente a los aspectos constitucionales».

«No es el deber de esta Cámara hacer evaluaciones de constitucionalidad», respondió el oficialista Francisco Lepore (Avanzar), quien aseguró que esa era tarea del Poder Judicial. Rápidamente aclaró que no «pregonaba» incumplir con la ley, pero sus manifestaciones le valieron una renovada tanda de críticas.

«No puede decir que nosotros no tenemos que velar por la constitucionalidad de las leyes que sacamos», señaló Gass. Sostuvo que ficha limpia terminó teniendo «nombre y apellido».

Finalmente el texto que se aprobó dice que una vez que la prueba y la contraprueba den positivo, deberán remitirse las actuaciones al organismo donde la persona cumpla funciones para que se active el procedimiento vigente y en ese ámbito se determine si se aplica alguna sanción (suspensión o remoción).

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, mencionó que el despacho debía estar listo para tratarse hoy mismo, a las 14, en Hacienda. Así conseguiría el último aval que le faltaba. Esto no fue lo que ocurrió: la reunión se suspendió al mediodía y por el momento no habrá ley.