No más propaganda política en edificios públicos ni «adoctrinamiento en escuelas»: el decreto de Javier Milei
Además, estableció un plazo de 10 años desde el fallecimiento de la persona a homenajear para que un edificio pueda llevar su nombre.
Tras cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCC) a Palacio Libertad, el Gobierno de Javier Milei oficializó un decreto que prohíbe colocar nombres de personas a a los edificios públicos o cualquier otro símbolo que sea considerado propaganda política. En paralelo modificó la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los puntos que se relacionan con el adoctrinamiento político en la educación.
A través del decreto 1084/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la prohibición de «exhibición, colocación y difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal» que puedan ser interpretados como una forma de «propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional”.
Además, se estableció que, para que alguno de estos bienes nacionales, puedan llevar el nombre de personalidades públicas deberán «haber transcurrido 10 años del fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar«.
En ese sentido, aclararon que «tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático”.
El decreto de Javier Milei que busca evitar el «adoctrinamiento político en las escuelas»
El Gobierno publicó también el decreto 1086/2024 que modifica la reglamentación de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incorporando consideraciones a sus artículos.
“La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”, establecieron.
Esta decisión se da luego de la polémica que se despertó por el contenido utilizado en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires para abordar la Educación Sexual Integral (ESI).
En este sentido, el Gobierno Nacional aclara que “dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento”.
“La libertad de pensamiento representa un factor esencial en nuestra sociedad y debe ser respetada en todos los ámbitos y por todas las personas”, mencionaron.
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