Operativo en Mascardi: piden la renuncia de Aníbal Fernández «por la cacería de gente mapuche»

A cuatro días del operativo de desalojo en Villa Mascardi, el presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), Nehuen Loncoman, y el presidente de la Coordinadora del Pueblo Mapuche, Orlando Carriqueo, pidieron la renuncia del ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández.

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«Esta cacería de gente mapuche impulsada por el ministro Aníbal Fernández es violatoria de todos los derechos humanos, culturales, territoriales, de las infancias y de las mujeres que debieran ser respetados en un estado democrático y cuyo incumplimiento nos pone en un marco de Terrorismo de Estado», señalaron.

Argumentaron el «espectacular, innecesario y violento operativo del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con el Gobierno de Río Negro con el objetivo de llevar adelante un desalojo encubierto de la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu, ordenado por la Jueza Federal Silvina Domínguez».

Manifestaron que con ese procedimiento, se violó la ley 26160, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, pero además «se violaron leyes que protegen los derechos de las mujeres, niñas y niños».

Horas después del procedimiento, cuestionaron, hubo «más violaciones de Derechos Humanos con la detención de siete mujeres mapuche, siendo una de ellas, machi (autoridad espiritual del pueblo mapuche)».

Los dirigentes mapuches plantearon que las mujeres fueron incomunicadas por más de 48 horas y cuatro de ellas fueron trasladadas en un vuelo nocturno, «sin notificación a la defensa, a más de 1500 kilómetros de distancia».

«Los abogados defensores no pudieron asumir la defensa porque las detenidas estaban incomunicadas. Tampoco pudieron tener acceso al expediente y no fue comunicado el lugar de detención en Buenos Aires, ni los cargos de la acusación. Todos estos hechos se asemejan a los hechos vividos durante la dictadura militar que asoló la Argentina y dejó un saldo de 30.000 víctimas», advirtieron.

Calificaron el procedimiento de desalojo como «una cacería de gente mapuche». «Tenemos material fotográfico que prueba la presencia de tropas de elite con armas letales y perros que ingresaron al territorio comunitario para iniciar el operativo. Las imágenes que mostraron el ingreso de tropas desarmadas solo fue una muestra para engañar a la opinión pública», expresaron.

Según denunciaron en la carta, «se corta por unos minutos la ruta 40, suben las tropas de elite del Operativo Cacería de Mapuche montaña arriba y se reanuda el tránsito en la ruta 40. Eso sucede cotidianamente desde el día 4 de octubre». Además, compararon este procedimiento con el operativo de 2017 cuando el grupo Albatros ingresó al territorio y «mató por la espalda a Rafael Nahuel, crimen aun aberrantemente impune».

Por otro lado, pidieron la liberación inmediata de las siete mujeres mapuche a las que consideraron «presas políticas del Estado Argentino, que se encuentran detenidas ilegalmente por un proceso judicial viciado de nulidades» y solicitaron la devolución del territorio a la Lof Lafken Winkul Mapu.