Planes sociales: la jueza rechazó los planteos de la defensa y la causa avanza hacia el juicio
La fiscalía completó la primera parte de su acusación y pidió que 17 imputados vayan a juicio ante un tribunal de tres jueces, acusados de asociación ilícita, fraude y defraudación.
El equipo a cargo de la acusación en la causa Planes Sociales, en la audiencia de este martes. (Matías Subat)
Con argumentos distintos, tres abogados defensores de imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén intentaron este martes que se suspenda la audiencia de control de acusación, una instancia decisiva para poder fijarle fecha al juicio oral. La jueza Carina Álvarez rechazó casi todos los planteos y abrió paso -por fin- a la presentación de la acusación de la fiscalía de Delitos Económicos, tantas veces postergada.
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El fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narváez y la asistente letrada Agustina Jara se turnaron en la lectura de los cargos contra los 17 imputados (que podrían ser 19 en total). Hablaron de «la estructura piramidal» que «tejieron para quedarse con dinero» que les correspondía a beneficiarios de planes sociales.
«La fiscalía tiene un caso sólido, con información de calidad, bancaria, financiera, de cámaras, cheques cobrados por integrantes de esta asociación ilícita», afirmó Narváez.
La acusación es por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, 9.303 hechos (se contabiliza un hecho por cada extracción de cajero o por cada cheque cobrado).
La fiscalía pidió que el juicio se haga ante un tribunal colegiado porque la pena mínima que pedirá es superior a 3 años, es decir que solicitará -en teoría- que todos vayan a la cárcel en caso de ser declarados responsables.
La estructural piramidal
De acuerdo con la acusación, en la «estructura piramidal» que funcionó en el ministerio de Desarrollo Social los jefes impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de billetes utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios.
«Cada persona cumplía un rol determinado y, si bien algunas de ellas no se conocían con las otras, sí tenían el conocimiento de las conductas que estaban llevando a cabo y finalmente, la realizaban para cumplir con su rol. Todos actuaron de manera coordinada y sabiendo el rol que cumplían dentro de la organización», afirmaron los fiscales, con la adhesión de Ricardo Kohon de la fiscalía de Estado.
El período investigado abarca desde el 30 de septiembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2022, y el monto a valores históricos fue de 153.377.900 pesos. Actualizados a septiembre del año pasado superaban los mil millones de pesos.
Los cinco niveles
Casi todos los imputados, salvo tres autorizados especialmente, estuvieron en la sala.
Como jefes de la asociación ilícita, en el nivel 1, los acusadores ubicaron a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales (con domiciliaria, se conectó por zoom); Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas (ambos también con domiciliaria); Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración.
En el nivel 2, colaboradores de los jefes, están integrantes del área profesional del ministerio de Desarrollo Social: Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Julio Arteaga.
Los reclutadores, que ocupan el nivel 3, eran quienes captaban personas a quienes les asignaban el subsidio por desempleo como supuestos beneficiarios que percibían una ínfima parte y el resto se lo quedaba la banda, según la acusación. De ese grupo sólo queda imputada Isabel Montoya, pareja de Sánz; el resto aceptó un acuerdo y fue condenada a prisión en suspenso o la fiscalía retiró la acusación.
En el cuarto nivel figuran los que cobraban cheques de beneficiarios o retiraban el dinero de sus cuentas a través de los cajeros automáticos mediante extracciones ráfaga. Ellos son Aarón Escobar, Valeria Honorio (expareja de Sánz), Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras y Daniel Rodríguez Quezada.
Por último en el nivel 5 están los beneficiarios: Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.
Otros dos imputados pidieron -por tercera vez- juicio abreviado: Adrián Meza Lizama y Rodolfo López. Este miércoles se sabrá si es la vencida.
Mañana, la discusión por las pruebas
En la continuación de la audiencia, prevista para mañana y si es necesario el jueves, la fiscalía y las defensas de los imputados discutirán las pruebas que se utilizarán en el juicio. Como base, están ofrecidos 288 testigos y una enorme cantidad de documentos.
Los abogados que representan a los imputados son Pablo Gutiérrez, Alfredo Cury (está acusado y es codefensor de Soiza junto con Esteban Sampayo), Cecilia Fanessi, Hugo Hernández, Gonzalo Rodríguez, Fabián Flores, la dupla Elio García-Maximiliano Gómez, y un equipo de la defensa pública: Laura Giuliani, Andrea Cornejo, Solange Del Ponte y Pedro Santamaría.
Los pedidos de suspensión de la audiencia
Gutiérrez pidió que se suspenda la audiencia porque llevó su recusación contra la jueza Álvarez hasta el Tribunal Superior de Justicia y está dispuesto a llegar a la Corte Suprema. Afirma que la magistrada no es imparcial y no puede intervenir hasta tanto no se resuelvan sus planteos.
La jueza Álvarez es la que se negó a homologar el acuerdo de tres años de prisión en suspenso para uno de sus clientes, Rodolfo López, porque le parecía una pena muy baja. Dijo en esa oportunidad, entre otros conceptos: «La pena que no es justa puede enviar un mensaje a la sociedad neuquina que los delitos de corrupción donde se provoca tanto perjuicio al Estado y a personas muy vulnerables como en el caso los desocupados, no tengan graves consecuencias. Es un mensaje negativo, e incluso genera la percepción de impunidad».
Otro abogado, Alejandro Marco, pidió que se suspenda la audiencia porque su cliente Adrián Meza Lizama está esperando que le aprueben un acuerdo para evitar el juicio. Gutiérrez adhirió porque tiene un defendido en la misma situación.
Y Alfredo Cury argumentó que la jueza no es competente para intervenir. Solicitó que el caso pase a la justicia federal, porque el dinero de los planes sociales habría sido utilizado para una campaña electoral.
La jueza Álvarez rechazó dos de los tres pedidos. Sólo hizo lugar a suspender la audiencia para Meza Lizama y López, que están a la espera de la aprobación o no de su juicio abreviado.
Con argumentos distintos, tres abogados defensores de imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén intentaron este martes que se suspenda la audiencia de control de acusación, una instancia decisiva para poder fijarle fecha al juicio oral. La jueza Carina Álvarez rechazó casi todos los planteos y abrió paso -por fin- a la presentación de la acusación de la fiscalía de Delitos Económicos, tantas veces postergada.
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