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Reducen controles en las empresas públicas de Río Negro, con llamativo alineamiento al DNU de Milei
El gobierno rionegrino derogó un decreto que facultaba a la Secretaría General para fiscalizar a las empresas públicas.
En Altec hay reclamos salariales y retención de servicios. Archivo
En Río Negro se eliminó la facultad de la Secretaria General para supervisar a las sociedades del Estado rionegrino, entendiendo que existe un “duplicidad del sistema de controles”, lo cual, genera una “merma en la agilidad y pérdida de eficiencia” en el funcionamiento de esas empresas.
Esta modificación abandona la pretendida y adicional tarea de fiscalización gubernamental sobre esas estructuras estatales, repetida durante dos décadas, aunque realmente con pobres resultados.
Los desbordes de los gastos de las sociedades públicas y, también, sus obligados aportes estatales siempre generaron preocupaciones en las distintas administraciones, quienes ensayaron múltiples mecanismos de control, desde la creación de una Secretaria con vínculo directo con la Gobernación hasta áreas específicas en Economía o de la Secretaría General, incluyendo la renovación de síndicos.
Río Negro tiene actualmente 14 empresas, de las cuales, 10 son sociedades anónimas, con mayoría accionaria provincial. Aún así, el decreto rionegrino se referencia en el DNU del presidente Javier Milei y se alinea con su propósito de “la transformación en 180 días de las empresas públicas en SA”.
En lo provincial, el gobernador Alberto Weretilneck reconoció públicamente la posible “incorporación de capital privado” en Altec, en Horizonte y en ARSA.
El mismo 10 de diciembre del 2019, Arabela Carreras firmó el decreto N° 256 que otorgó a la Secretaría General -que, en principio, encabezó Juan José Deco- facultades de supervisión, coordinación y planificación en las distintas sociedades de Río Negro, con excepción de Invap.
Ahora, con el decreto N° 39/2024, Weretilneck deroga esa norma. Se fundamentó que esas empresas constituyen “una modalidad de organización administrativa moderna, en las cuales el Estado transfiere la ejecución de cometidos que son de su interés a figuras empresariales o societarias, eximiéndolas de las reglas típicas de la Administración y sujetándolas al derecho privado”.Valora que esa modalidad permite “mayor flexibilidad y agilidad en su funcionamiento” y, de esa forma, una “mayor eficiencia, constituyendo una condición necesaria para que el Estado pueda actuar como agente económico, industrial o comercial”.
Se alude que la norma derogada atribuía una intervención directa de la Secretaría General en la gestión de las Empresas y Sociedades del Estado y se excedía en las funciones otorgadas por la ley de ministerios. Además, cuestionó que se someta a esas organizaciones de “un doble control” y así se “evidencia” que esa “duplicación ha desnaturalizado la razón de ser de su forma jurídica” de esas sociedades, con una “merma en la agilidad y pérdida de eficiencia del funcionamiento”.
No hay mención en el articulado del decreto rionegrino al DNU pero, en los fundamentos, la norma se alinea con el espíritu de incorporación de capital privado en las sociedades públicas de Nación.
Se aclara que “más allá de los reparos que genera”, “es ineludible -remarca el texto- contemplar que el DNU N° 70/23, cuya vigencia operó el 30 de diciembre del 2023, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se deberán transformar en sociedades anónimas”.
Se trata de un único párrafo y, en realidad, la mayoría de las empresas de Río Negro ya están constituidas en SA. Solo cuatro siguen como SE y son Altec, ARSE, el laboratorio Profarse y Radio y TV Río Negro.
El llamativo alineamiento al DNU de Milei
Los fundamentos el decreto provincial alude en un párrafo que “más allá de los reparos que genera”, “es ineludible contemplar que el DNU N° 70/23” del presidente Milei, “establece que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se deberán transformar en sociedades anónimas, estableciendo un plazo” para esa transformación de 180 días.#Esa norma presidencial tiene un capítulo centrado en la “Transformación de empresas del Estado en SA” y se compone de cinco artículos.
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En Río Negro, de 14 empresas, solo cuatro están constituidas actualmente como sociedades del Estado.
El primero del DNU habilita que las “empresas con participación del Estado”, en todas sus variantes, que se transformen en SA.#También se prevé que las empresas donde el Estado sea accionista “no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.
Además, el DNU plantea que el sistema nacional de “control del sector público solo será aplicable” si el Estado mantiene mayoría” de las acciones en la empresa.
Catorce empresas, con 10 sociedades anónimas
Sin Invap, los presupuestos de las empresas publicas rionegrinas rondan 93.000 millones y la Provincia inyecta recursos en gran parte de ellas.
Las sociedades del Estado son Alta Tecnología (ALTEC S.E.),, Radio y Televisión Río Negro, ARSE y PROFARSE.
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La nómina de las sociedades anónimas, con mayoría estatal, se integra con ARSA, Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima (Emforsa), Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero (Edhipsa), Hierro Patagónico Rionegrino (Hiparsa, en liquidación), Horizonte , Río Negro Fiduciaria, Tren Patagónico, Transportadora de Energía del Comahue Sociedad Anónima (Transcomahue), INVAP, Empresa Minera (Emirsa) y Eólica Rionegrina (ERSA).
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