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El avión de Río Negro no vuela y aplicaron sanciones a exfuncionarios

El jet que la provincia compró por 4,2 millones de dólares está inactivo desde hace 50 días. No existen precisiones oficiales. Dos años después de la operación, se conoció un fallo con multas para quiénes actuaron. No hay conclusiones de la FIA y de la Justicia.

El avión oficial, que Río Negro compró en el inicio del 2022 por algo más de 4,2 millones de dólares, lleva 50 días parado en el hangar de Viedma. Simultáneamente, los traslados sanitarios se cumplen con servicios privados contratados.

¿El motivo? No se conoce oficialmente, salvo que trascendió que el actual gobierno rionegrino decidió una revisión técnica a la aeronave previa a su utilización regular y transmite dudas de su operatividad.
Mientras tanto, exfuncionarios de la administración anterior actuantes abonaron multas aplicadas por el Tribunal de Cuentas, que constató irregularidades administrativas en el proceso licitatorio de la compra. Pagaron -sin apelación mediante- un millón y medio de pesos como sanción pecuniaria.

Desde que se conoció, la operación acumuló críticas por su costo, incluyendo denuncias penales y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que -casi dos años después- todavía no arrojaron conclusiones.

Existe una auditoria técnica del Tribunal donde se concluye que “no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado”, que permitió la compra estatal por algo más de 4,2 millones de dólares.

El jet adquirido en abril del 2022 por la administración de Arabela Carreras es un Cessna Citation V Ultra, modelo 1994 aunque llegó a la Provincia en agosto, después de un complicado y demorado traslado que incluyó un incidente en la Salta con la rotura de un neumático al bloquearse el sistema de frenos. Esa situación determinó que la aeronave permaneciera 16 días en el aeropuerto norteño.

En forma paralela, la incorporación del avión al Estado provincial- que se lo destinó a servicios sanitarios aunque, también, supo trasladar a la mandataria- generó censuras públicas del senador y ya candidato Alberto Weretilneck. La situación derivó en reacciones de Carreras y, entre ellas, vinculó las críticas al “tamaño de los intereses que se tocaban”, sin otras precisiones.

En noviembre, el ya gobernador electo volvió hablar del avión y afirmó que se “utilizará exclusivamente con fines sanitarios” administrado por el Siarme e Ipross, incluyendo “a las emergencias que se necesiten del sector privado”.

Cuando asumió el nuevo gobierno, el jet llevaba una semana parado en el hangar viedmense. Su último vuelo se cumplió el 2 de diciembre, desde San Fernando a Viedma. Ya suma 50 días totalmente inactivo.

La Secretaría General, a cargo de Nelson Cides, lo tiene a cargo y, además, asumió parte de las tareas de lo que era el área de Aeronáutica. Obras Públicas se quedó exclusivamente con lo vinculado con las aeroestaciones mientras los bienes y el personal fueron al área de Cides, entre ellos, pilotos contratados.

José María Scheverín fue el director de Aeronáutica y, además, uno de los funcionarios partícipes de la operación. El Tribunal de Cuentas lo multó, como también, a José Apud y Gonzalo Regueira, que actuaron como Secretaría General y el titular de Administración. Los tres hoy son exfuncionarios aunque Scheverín mantendría un contrato como piloto.

En el gobierno de Weretilneck se detecta claramente que la situación no está resuelta y bien incomoda a sus funcionarios. Eso explica el mutismo adoptado cuando se solicitó hablar de la cuestión. “Por ahora, no habrá pronunciamiento”, fue la respuesta.

Con el avión ocioso y sin información gubernamental, las versiones del desenlace se multiplican, desde que existe un informe mecánico preliminar nada favorable hasta que se requiere de un mantenimiento programado y costoso. Además, no se habría cancelado totalmente la operación, que contemplaba cuatro cuotas semestrales de unos 121.000 dólares. Aparentemente, la empresa reclamaría dos cuotas -es decir, unos 242.000 dólares- y, por ahora, el gobierno provincial dudaría cumplir con esos pagos.

Cessna

U$S 4.200.000
Fue el monto pactado. La Provincia adeudaría cuotas, según trascendió. La aeronave es modelo 1994 y, en su análisis, el Tribunal resalta ese punto en la evaluación de la estimación de su costo.

El Tribunal de Cuentas fijó multas y enseguida fueron pagadas


El Tribunal de Cuentas de Río Negro sancionó con multas a tres partícipes del trámite de compra del avión, cuya sanciones pecuniarias -que sumaron un millón y medio de pesos- fueron cumplidas inmediatamente por los hoy exfuncionarios provinciales.

Esa resolución es la primera sanción de los órganos de control del Estado provincial en la operación, que originó distintas denuncias y críticas por el costo de la adquisición.

Vale aclarar que el fallo del Tribunal, integrado por Natalia Falugi, Maximiliano Suárez y Dolores Cardell, se limita al análisis del cumplimiento de los pasos administrativos.

Dato

16 días
Quedó en el aeropuerto de Salta la aeronave provincial cuando en esa escala de su traslado a Viedma existió un incidente con los frenos y se rompió un neumático.

Las multas recayeron en el ahora exsecretario General, José María Apud; el secretario de Administración de esa cartera, Gonzalo Regueira y el director de Aeronáutica, José María Scheverín, dependiente de Obras Públicas.

Además, el Tribunal pidió cumplir un “juicio de responsabilidad” para precisar el daño ocasionado a la Provincia por “conducta dolosas, culposas o negligentes” de parte de funcionarios, con las posibles condenas de la reparación económica al Estado provincial.

El fiscal de Investigaciones, Fabian Gatti debería promover ese juzgamiento y, eventualmente, una denuncia penal aunque, por ahora, nada formalizó.

En forma paralela, el Tribunal realizó una evaluación -exclusivamente- del cumplimiento de los procedimientos y reglamentos del Estado, que puede -como en este caso- concluir con una “sanción administrativa -pena pecuniaria-” para “prevenir, corregir y reprimir la violación de disposiciones legales”.

Ese estudio recurrió a las conclusiones de la auditoría realizada por una comisión técnica del Tribunal del expediente ,-014568-DAP-de la compra del avión, “iniciado por la Secretaria General, a instancia de la gobernadora de la Provincia”.

José María Apud fue uno de los exfuncionarios que pagó la multa sin objeciones. Archivo

La resolución, de 28 páginas, se concentra en distintas irregularidades informadas por los auditores, esencialmente en relación al costo del jet y el trámite realizado.

Se alude, inicialmente, que Aeronáutica debía realizar el informe para estimar el valor y, según el trámite, “no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado”. Se entiende que existió un “concienzudo análisis” por parte de los auditores y las observaciones no fueron explicadas por los hoy exfuncionarios, concluyendo el Tribunal de la existencia de una “actuación culposa y negligente” y la resolución de las sanciones pecuniarias. Estas multas no fueron apeladas y, en cambio, fueron inmediatamente abonadas por los involucrados.

El mayor cuestionamiento es la “falta de evaluación fundada y razonada” de “los valores de mercado del bien adquirido” y se consigna que Scheverín aludió al “aporte de un profesional en la materia” aunque “dijo desconocer los criterios utilizados”. El referente indicó que el valor de una “aeronave reactor usada” como la requerida “no podrá ser menor al 1.500.000 dólares” y la suma crecerá según el “equipamiento necesario”. No estableció un monto tope. Al estimar, Scheverín -indica la resolución- lo fija en “4.500.000 dólares”, explicando que era el “tope que la provincia dispuso y presupuestó para tal inversión”, que eran 500.351.284 pesos.

José María Scheverin, exdirector de Aeronáutica de Río Negro. Foto archivo/ Marcelo Ochoa

El órgano de control considera que los otros funcionarios -Apud y Regueira- debieron advertir estas falencias y no avanzar en la contratación. Se detalla que el análisis de Scheverín no diferencia -”deliberadamente o, tal vez, inocentemente”- “un avión de 1990 de uno 30 años más moderna”, es decir, “equivaldría a decir que ambos podrías tener el mismo valor de 4.500.000 dólares”.

Entre otras falencias, el Tribunal remarca que se compró y se realizó la primera transferencia de casi 1,7 millones de dólares al vendedor, pero el mismo no había presentado el registro de titular de propiedad de la aeronave.


Las eternas investigaciones en la FIA y en la fiscalía penal


El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Fabian Gatti, evalúa la compra del avión desde que se conoció y, en ese momento, él informó su actuación frente a una presentación del legislador Juan Martín (PRO).

Casi dos años después, la FIA no tiene ninguna conclusión, a pesar incluso de que el Tribunal de Cuentas le remitió en junio pasado una auditoría para su intervención donde se informa de las irregularidades.

Simultáneamente, en la Fiscalía Penal existe una denuncia formalizada por el hoy exlegislador Pablo Barreno para que analice “la razonabilidad y la conveniencia del precio” y, también, cuestionó que “la operación se realizó a través de un intermediario: se contrató a una empresa poco conocida en el universo aeronáutico”. Esa investigación penal está conducida por el fiscal Juan Pedro Peralta.

Pasado año y medio de la presentación de Barreno, en el Ministerio Público se enumeran múltiples diligencias pero, sobre finales del año, trascendió que la causa había sido archivada. Eso fue negado por el organismo judicial.

Según trascendió, copias del expediente 2496/2022, fue derivado a la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) para su análisis contable, evidentemente del valor abonado por la aeronave.


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