Exámenes toxicológicos para funcionarios: la nueva ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Regina

El Concejo Deliberante de Regina aprobó este martes, por mayoría, una ordenanza que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos anuales para la detección de sustancias psicoactivas ilegales y alcanza a todos los funcionarios de jerarquía política y cargos electivos del municipio.

La iniciativa fue presentada por la concejal Nadia Ilundayn y contó con el acompañamiento de casi la totalidad del cuerpo legislativo. La votación registró una sola postura negativa, correspondiente a la concejal del ARI, María Eugenia Paillapi, mientras que el resto de los bloques avaló la propuesta.

El proyecto establece que deberán someterse al examen el intendente, secretarios, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, personal de planta política del Poder Ejecutivo y también los candidatos proclamados electos antes de asumir sus cargos. El test será anual y estará orientado a la detección de sustancias psicoactivas ilegales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la edil Ilundayn explicó que «este proyecto es para darle seguridad al vecino de que el narcotráfico no está entre sus representantes». Además, agregó que «también cuidamos a quien cayó en este flagelo, el proyecto no es punitivo, busca recuperar a ese funcionario y le da la posibilidad de rehabilitarse o irse del cargo, otorgándole total libertad de decisión».

Según los fundamentos de la ordenanza, la medida “no nace de la sospecha, sino de la necesidad de certeza”, y busca dar garantías a la ciudadanía sobre la idoneidad y la lucidez de quienes toman decisiones públicas.

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«El narcotráfico no está entre sus representantes»: qué dice el proyecto y cómo se aplicará

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La norma establece que el costo inicial del examen será afrontado por el municipio, aunque el Poder Ejecutivo deberá reglamentar un mecanismo de recupero en caso de que el resultado sea positivo, preservando en todo momento la confidencialidad médica del funcionario involucrado.

En caso de un resultado positivo o de la negativa a realizar el examen, el funcionario podrá optar por solicitar una licencia sin goce de haberes con tratamiento obligatorio, presentar su renuncia, o, si se trata de un candidato electo, no asumir el cargo hasta acreditar el inicio de un proceso de rehabilitación o el alta médica definitiva.

La ordenanza también fija un esquema de control parlamentario, mediante el cual el área responsable deberá informar semestralmente al Concejo la nómina de funcionarios que cumplieron con el examen, en sesión secreta. La ausencia injustificada será considerada, de pleno derecho, como resultado positivo.

Además, contempla sanciones ante la filtración de resultados y establece un plazo de 90 días para su reglamentación, con el objetivo de garantizar su aplicación efectiva dentro de la administración municipal.