Repudios al protocolo anti-piquetes de Bullrich: «Ataca el derecho a la protesta», advirtió el CELS
la medida anunciada por la ministra de Seguridad, tuvo el rechazo de organizaciones, y dirigentes políticos y sindicales. Alertaron que se "criminaliza a quienes se manifiestan".
Bullrich anunció este jueves un protocolo anti-piquetes. y habló de los bloqueos en Cipolletti-Neuquén. Foto. Archivo Florencia Salto.
Este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que se aplicará un protocolo anti-piquetes. La medida recibió reproches del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de dirigentes políticos y sindicales. Desde el CELS sostuvieron que lo anunciado por la funcionaria del gobierno de Milei busca «impedir con represión la protesta social» y alertó que se «criminaliza a quienes se manifiestan».
«Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes», destacó el CELS, y consideró que las medidas «atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política».
Además, «pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales», añadió la organización.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó «alarmantes y preocupantes» los anuncios porque se «plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito».
Remarcó que «el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones».
Asimismo, explicó que en el criterio oficial «hay una grave ponderación que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio publico para manifestarse».
Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró «gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política» en referencia a lo que Bullrich anunció como un «registro de organizaciones».
También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes mediante controles en estaciones de trenes, porque «sería simplemente una persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría flagrancia».
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que «las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes».
El CELS alertó en un comunicado que «es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales».
«Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles», recordó. Y advirtió que «ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes».
Repudio al protocolo anti-piquetes de Bullrich
Tras los anuncios, referentes políticos y del sindicalismo, repudiaron la medida de Bullrich. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, dijo en Radio La Red, comparó la medida de la ministra con “un Estado de sitio”. “Entonces Bullrich tiene que ir al Parlamento y proponer una especie de Estado de sitio, porque no tiene instrumentos legales”, advirtió.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que “los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fueron algunos de los dirigentes políticos que se expresaron en contra de la medida anunciada por la ministra de Seguridad,
_Con información de Agencia Télam y Página 12
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