La Justicia restituyó un predio usurpado por mapuches en Bariloche: debate por un camino interno
El operativo incluyó un amplio despliegue policial y fue avalado por el municipio, a pesar de que las tierras estarían fuera de su jurisdicción. La defensa habló de "exceso" en la ejecución.
La fiscal Betiana Cendón invocó hoy una certificación del municipio de Bariloche para justificar la remoción de una tranquera que había instalado la comunidad mapuche Buenuleo en su territorio y garantizar así el acceso de Emilio Friedrich al lote de 92 hectáreas que le fue restituido al pie del cerro Ventana.
Luego de que cinco de sus miembros fueran condenados por usurpación, la comunidad ya se había retirado del lugar en forma voluntaria la semana pasada, para evitar “episodios de violencia”. Pero hoy advirtió que el municipio no tiene injerencia en ese territorio porque está fuera de su ejido y corresponde a Parques Nacionales.
El lonko Ramiro Buenuleo dijo que iniciarán una nueva demanda penal por el operativo, al que consideran ilegal porque “avasalló territorio comunitario y fue violatorio de convenios internacionales”. Anticipó también que denunciarán a Cendón ante el Consejo de la Magistratura.

Los defensores oficiales hablaron de un «exceso»
Los defensores públicos Marcos Cicciarello y Natalia Araya, quienes asistieron a los Buenuleo durante todo el proceso penal, también se presentaron en el lugar cerca del mediodía e impugnaron el procedimiento. Cicciarello pidió ante el tribunal actuante una “audiencia urgente” para exponer lo que consideró un “exceso en la ejecución de la orden de desalojo”.
Friedrich pudo tomar posesión efectiva del lote de 92 hectáreas en compañía de su abogado y de otros allegados, custodiado por un vasto operativo policial del que tomaron parte unos 50 efectivos en varias camionetas, motos, incluido el grupo COER con equipamiento antidisturbios.

Cendón encabezó la movilización policial, que incluyó una camioneta de Protección Civil y un camión con grúa del municipio, empleado para eliminar la tranquera. La fiscal confirmó la detención de Newen Maliqueo, de 22 años e inan lonko de la comunidad, acusado de “tirarle la moto encima” a un policía.
A pesar de la tensión generada por el retén policial que impidió el acceso al lugar durante toda la mañana, no se registraron otros incidentes.
El desenlace de un largo proceso en el litigio de la lof Buenuleo
Los hechos de hoy fueron el resultado del litigio que se inició en septiembre de 2019, cuando la lof Buenuleo ocupó los terrenos donde Friedrich había levantado una vivienda, en condición de poseedor “con boleto de compraventa”. Al cabo del juicio oral realizado el año pasado cinco miembros de la comunidad fueron condenados por usurpación en un fallo ratificado en febrero pasado por el Tribunal de Impugnación.
Al salir del predio Friedrich dijo que había encontrado grandes daños en lo que era su vivienda y en la “rueda hidráulica” que montó para abastacerse de energía. “Todo está lleno de mugre y las alambradas no existen más”, afirmó.
Ramiro Buenuleo dijo que entre los acompañantes de Friedrich había personas que están “encausadas” por agresiones y tienen “prohibición de acercamiento a la comunidad”. Subrayó que la senda por la que ingresaron “no es una servidumbre pública” sino que está dentro del territorio de la comunidad. También refirió que esa parte del lote pastoril 127 está fuera del ejido municipal y pertenece a Parques Nacionales. “Hablan de un camino vecinal que en realidad no existe, es camino de la comunidad”, afirmó el lonko.

La fiscal Cendón dijo que contaba con un documento habilitante del municipio, desmintió que Parques Nacionales tenga alguna injerencia y señaló que esa potestad municipal “no fue cuestionada” durante el juicio. Confirmó que habían retirado la tranquera para “proceder a la entrega de la propiedad” a Friedrich. “Nos manejamos con la institucionalidad”, argumentó.
Cicciarello: “Vulneraron la integridad territorial de la comunidad”
El defensor público Marcos Cicciarello presentó un escrito al tribunal actuante para denunciar que la orden de desalojo derivada de la sentencia por usurpación se efectuó “sobre un sector distinto a las hectáreas reclamadas”, con empleo de “un camino vecinal inexistente” que atraviesa tierras de la comunidad Buenuleo.
Cicciarello recordó que ya en el juicio habían sostenido que la comunidad no iba a permitir el acceso a las 92 hectáreas restituidas a Friedrich por caminos “remanentes del lote 127”, que comprenden unas 300 hectáreas. Dijo que si el poseedor reconocido pretende ingresar a través del territorio de los Buenuleo “deberá recurrir a la justicia civil para solicitar una servidumbre de paso, o bien encontrar otra vía de acceso que no suponga la violación de la integridad territorial”.

El defensor oficial criticó a la fiscal Cendón por excederse de sus atribuciones y dijo que su actuación podría implicar “la comisión de ilícitos”, al forzar la apertura de la tranquera con auxilio de la policía y del municipio, “creando derechos” en favor de Friedrich “sin que nada de eso surja de la orden judicial de desalojo que se dictara, ni de ningún otro lado”.
En su presentación Cicciarello adjuntó documentación “que demuestra que el lugar es jurisdicción de Parques Nacionales y propiedad privada”.
Cendón exhibió después el documento municipal de apenas cinco líneas, con la firma del director de Obras Particulares Juan Rodríguez, según el cual el camino desde El Pilar II «hasta la parcela P80-04» pertenece al ejido municipal y no se autorizó allí la colocación de ninguna tranquera.

El municipio de Bariloche, envuelto en la controversia
El ingreso al predio en litigio con habilitación municipal desató un conflicto de final incierto. La comunidad Buenuleo alega que toda esa zona, donde se encuentran las nacientes del arroyo Ñireco, es jurisdicción de parques nacionales. Ramiro Buenuleo aseguró que un guardaparques realiza recorridos periódicos por el lugar “para comprobar que no haya extracción de leña” y otros daños. El último fue “hace un mes”.
Pero la municipalidad, según la fiscal Cendón, le confirmó que el ejido abarca esas tierras y que el camino abierto hoy es de carácter público y “vecinal”.
La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) presentó un pedido de informes para que el intendente Walter Cortés “indique el motivo por el cual camiones municipales participaron del operativo judicial” realizado hoy, por qué los vehículos se sustrajeron de sus tareas habituales, quién dio la orden y cuál fue la partida presupuestaria afectada, “concretamente quién pagó el gasoil”.

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