El fiscal Stornelli pidió la indagatoria de los abogados del Ejército por las tierras cedidas a mapuches
Sospecha que hay un comportamiento deliberadamente delictual de parte de los abogados que apelaron el fallo fuera de los plazos procesales.
Carlos Stornelli pidió antecedentes de las causas por reivindicaciones mapuches en la Patagonia. Foto: Archivo
El fiscal federal de Buenos Aires Carlos Stornelli le pidió a un juez que indague a funcionarios del ministerio de Defensa por la apelación fuera de término que presentaron en el caso del reconocimiento de la propiedad de las tierras de una comunidad mapuche de Bariloche que el Ejército reivindica para sí. Sospecha que no fue un error de los abogados sino una práctica para “favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales” con lazos con el terrorismo internacional o la narcocriminalidad.
El dictamen del fiscal, dirigido al juez Daniel Rafecas, no fue difundido. De todos modos, hay párrafos que fueron publicados por diarios de Buenos Aires. Clarín dice que un testigo clave es el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma.
Las tierras en cuestión están sobre la ruta 82. Allí viven desde hace décadas la comunidad Millalonco-Ranquehue, que lograron un fallo favorable en su reclamo de reconocimiento de parte de la jueza federal de Zapala (subrogante en Bariloche) Silvina Domínguez. El Ejército apeló ante la Cámara Federal de Roca, pero ese recurso fue rechazado porque entró fuera de los plazos procesales.
Stornelli acusa de violación de deberes y prevaricato a Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; Nicolás Rodríguez Vaccarezza, Leonardo Havela y Agustín Gasparini (abogados de esa cartera) y a Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En un sistema interno del ministerio de Defensa, Stornelli halló varias comunicaciones. En una de ellas, Rodríguez Vaccarezza le dijo a Vázquez: “Ya me bajaron la orden de no apelar; cualquier cambio de rumbo le aviso”.
Otro mensaje de Rodríguez Vaccarezza a Vázquez: “Doctora, recién me llamó el director de asuntos jurídicos del ministerio. A pedido del Ejército quiere que apelemos la sentencia. Le pido que este atenta ya que en algún momento del día o inclusive en el fin de semana le voy a enviar la apelación”.
Las tierras donde viven los Millalonco-Ranquehue está fuera del predio de la Escuela Militar de Montaña. De todos modos, Stornelli lo describió como “el único y distintivo complejo educativo de nivel internacional que el Ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto disponen en la cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña”.
Stornelli sospecha que existe “una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas deliberadamente pergeñadas para favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener lazos con estructuras terroristas internacionales o ligadas a la narcocriminalidad».
El dictamen es un poco confuso, siempre según la información que trascendió. Por caso, Stornelli pidió al juez que autorice el pedido de “todos los antecedentes documentales que pudieran estar relacionados con el grupo u organización denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), con Facundo Jones Huala, con la CAM (Coordinadora Arauco Malleuco), como así con posibles denuncias administrativas y/o judiciales expedientes o actuaciones administrativas”. La comunidad en cuestión no tiene, hasta donde se sabe, ninguna relación con estos grupos radicalizados.
El fiscal también quiere saber de “la existencia de causas penales que pudieran tramitar o haber tramitado por hechos de violencia o usurpaciones de propiedades públicas o privadas en la Patagonia argentina con posible participación o intervención de los mencionados”.
Apoyo a la comunidad mapuche que disputa tierras con el Ejército en Bariloche
No lo dice pero por los párrafos que trascendieron del dictamen hay un intento por llevar las causas que se tramitan por ocupaciones o reinvindicaciones territoriales en la Patagonia a los tribunales federales de Buenos Aires, conocidos como Comodoro Py.
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