Topes a las retenciones salariales: UPCN planteó la intervención judicial, y actuará la Cámara
El gremio cuestiona la fijación de límites en forma "intempestiva" y sin ninguna norma. Argumenta que afecta a los ingresos de la organización y las prestaciones a los afiliados. El Poder Judicial debatió la competencia durante dos meses.
La Cámara Laboral de Viedma deberá ocuparse finalmente del conflicto originado por la aplicación de topes a las retenciones en los salarios públicos a cuenta de UPCN por las prestaciones que ese sindicato realiza a sus afiliados.
El 1° de abril, esa organización estatal presentó una «medida autosatisfactiva» en el tribunal laboral con cuestionamientos a la Provincia porque había reducido «de hecho» porcentajes de retención en los haberes de los estatales para cancelar prestaciones y servicios que UPCN otorga a sus afiliados.
En un principio, la Cámara se declaró incompetente y envió el expediente al Juzgado Contencioso, que tampoco aceptó intervenir y, por eso, el STJ debió ocuparse en definir quién se ocupa.
UPCN cuestionó los topes a las retenciones
El pedido de UPCN se concentra en que el Consejo de la Función Pública restablezca el «sistema de descuentos por planilla de los haberes de los agentes públicos sin la aplicación de topes» porque los límites fueron dispuestos por «vía de hecho ilegítima que genera desfasajes, incumplimientos y un riesgo cierto de ruptura en los circuitos de provisión».
Se expresa además que esa modificación «altera un sistema consolidado durante más de veinte años en los que el Estado actuó como agente de retención de las sumas previamente autorizadas por sus afiliados».
En línea con el dictamen del Procurador General, el STJ concluye que el tratamiento corresponde a la Cámara del Trabajo de Viedma al entender que los hechos descriptos se encuadran en la ley de procedimiento laboral.
El gremio insistió en la falta de un acto formal
En los dos meses transcurridos, el gremio y la Función Pública pactaron un mecanismo y límites de retención que inicialmente habrían respondido a los reclamos sindicales, admitieron fuentes de las partes.
Además, las modificaciones gubernamentales se habrían centrado en las liquidaciones en favor de UPCN y responderían al conflicto existente entre el gobierno y esa organización.
En su escrito original, UPCN cuestiona que se establezcan «límites sobre los descuentos salariales sin dictar un acto administrativo formal» y recuerda que el decreto 1186/20 de los topes está suspendido.
El sindicato reafirma que el cambio fue «intempestivo», sin ninguna transición, y altera un sistema que funcionó durante más de veinte años. Advierte que esa decisión provocó una reducción de más de los 400 millones de pesos de un mes para el gremio y que eso impactaría en «la continuidad del sistema de prestaciones asistenciales» que se brindan a más de 11 mil afiliados.
Enumeró que esas atenciones «incluyen ayudas para alimentos, combustible, salud, servicios esenciales y asistencia económica«, y manifestó que «la disminución de las retenciones rompe la cadena de pagos con comercios y proveedores adheridos».
Al final, la presentación requiere que la Justicia ordene restablecer el sistema anterior de descuentos, ya que el gremio entendió que el daño ya es «inminente, concreto y de magnitud extraordinaria» y advirtió que una resolución tardía podría consolidar perjuicios económicos «irreversibles».
Durante el debate de competencia entre la Cámara y el Juzgado Contencioso, la Función Pública y el gremio habrían generado acuerdos por las retenciones y, posiblemente, la situación no requiera mayor definición judicial.
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