Un informe de inteligencia vincula a dirigentes de Neuquén con pagos «sospechosos» de Repsol
El líder petrolero Guillermo Pereyra, el referente mapuche Rolando Gabriel Cherqui y el exministro de Energía, Guillermo Coco aparecen mencionados en un documento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte de un grupo que realizaba sus actividades a instancias de actos de "corrupción empresarial".
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) involucró a exfuncionarios del gobierno provincial de Neuquén, dirigentes sindicales y mapuches y empresas de servicios petroleros en pagos «sospechosos» y facturaciones «apócrifas» que habría hecho Repsol cuando estaba en control de YPF. El documento data del 2018, pero salió a la luz ahora en el contexto del fallo que obligará al Estado Nacional a pagar una indemnización a las sociedades del Grupo Petersen, a través de las cuales la familia Eskenazi adquirió el 25% de la petrolera argentina entre 2008 y 2011.
El informe fue publicado hoy por el diario La Nación y plantea la vinculación de las empresas y funcionarios neuquinos cuando evalúa la necesidad de corroborar si las maniobras del Grupo Petersen para el supuesto «vaciamiento» de la empresa pudieron haber sido utilizadas para cancelar parte su endeudamiento. Enumera allí «fondos extraídos del pago de dividendos, honorarios excesivos, utilización de facturación apócrifa y distintas maniobras fraudulentas».
En lo que refiere a esto último, el documento de la UIF señala que la actividad de Repsol YPF se vio «ensombrecida por denuncias de actos de corrupción empresarial». Allí menciona, entre otras, que «la prórroga de explotación cedida por la Provincia de Neuquén a cargo del gobernador Jorge Sobisch habría resultado sospechada como un acto de corrupción y tomó estado público en los medios periodísticos a través de declaraciones de los mismos senadores involucrados».
Pero el dato clave es lo que presenta sobre el final de ese apartado. «Según información de inteligencia que debe corroborarse judicialmente, se ha tomado conocimiento de la posible existencia de un grupo de personas físicas y jurídicas, presuntamente vinculadas a las Autoridades Provinciales y Nacionales, al Sindicato actuante en el mercado petrolero (Sindicato de Petróleo y Gas Privado) y a los accionistas de REPSOL YPF SA, que habrían desarrollado su actividad a instancias de la práctica de actos de “CORRUPCIÓN EMPRESARIAL”, que afectaría a REPSOL YPF SA y al Estado Nacional».
Pereyra, Coco y Cherqui, los involucrados
Menciona que esas personas «habrían creado y administrado empresas de servicios petroleros y de actividades relacionadas al sector energético, las que habrían sido beneficiadas con contratos de obras y servicios en Repsol YPF y en sus empresas subsidiarias».
«Además, habrían sido beneficiarias de incentivos fiscales relativos al mercado energético como consecuencia de su lugar o rol dentro del mercado energético y/o como proveedor de Repsol YPF», añade.
«Dichas empresas habrían facturado obras y servicios que no habrían sido prestadas o entregados, o habrían sido prestados o entregados de forma parcial, emitiendo facturación apócrifa o aumentando el monto facturado con sobreprecios», sostiene el informe de inteligencia.
«Entre las personas involucradas podemos mencionar, entre otros, a: TSB SA, Claudio URCERA, Lidia Justina PAZOS; REAL WORK SRL; SAND FRA SRL; RENESA SA; FUNDACION ALEJANDRIA; Guillermo COCO; SOUITE SRL, VDN SA; Guillermo PEREYRA; y Rolando Gabriel CHERQUI» es la textual del documento.
La investigación de RÍO NEGRO
RÍO NEGRO ya había publicado en el 2017 los nombres de Pereyra, Urcera y algunas de las firmas mencionadas, como Real Work y VDN, para generar negocios millonarios para la actividad hidrocarburífera.
En este caso, se trató de una investigación que se ocupó de la creación de empresas a medida para proveer las mantas oleofílicas que se impusieron en la industria, así como el abastecimiento de arenas para la hidrofractura.
Pereyra contestó esa y otras investigaciones vinculando al periodista Ítalo Pisani con una red de «espionaje» y a un equipo extorsivo que, en ese entonces, relacionó con el gobierno de Mauricio Macri.
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