La suba a los estatales incrementa 32% el gasto salarial en Neuquén, dijo Pons

El ministro de Economía e Infraestructura reveló que el dinero del nuevo préstamo sólo alcanzará a cubrir una parte de lo que se requiere para pagar el aumento que se pactó con los estatales tras el conflicto con los autoconvocados de Salud.

El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Pons, defendió ayer frente a los diputados el proyecto para tomar 12.800 millones de pesos en deuda que hagan frente a los aumentos salariales negociados con los trabajadores estatales. Dijo que se trató de una salida “excepcional” que se debió tomar para salir del conflicto donde se trabajó “bajo presión”.

“Obviamente que, ante esa mayor erogación de recursos, no estábamos en condiciones de decir si iban a estar los fondos para adelante”, planteó ayer el funcionario, quien diferenció la negociación de febrero, que había equilibrado las expectativas de ambos lados para llegar a un acuerdo “cumplible”, de la que se abrió a fines de abril “en un proceso anárquico”.

Pons asistió a la comisión de Presupuesto de la Legislatura por vía remota junto a su equipo del ministerio de Economía. Detalló que los acuerdos salariales firmados este año implicaron un incremento de 30.300 millones de pesos, un 32% más de lo que se había presupuestado para el 2021.

En las proyecciones para el año que mostró a los diputados, detalló que la necesidad de endeudamiento se incrementó a 31.643 millones de pesos, compuesta por los 12.800 millones que se están solicitando en el nuevo proyecto de ley y los 18.843 millones que quedan vigentes del endeudamiento ya autorizado en el presupuesto. En lo que va del año, la provincia ya tomó más de 4.277 millones entre Letras del Tesoro y préstamos con el gobierno nacional, aclaró Pons.

El diputado Lucas Castelli (Juntos por el Cambio ) planteó “cuál es la urgencia de traer el proyecto hoy cuando todavía no se han tomado más de 18.800 millones”, entendiendo también “que no son las mejores condiciones para ir al mercado”. El funcionario respondió que “la oportunidad de financiamiento tiene que ver con que se comprometió un gasto” para el cual no hay recursos.

Detalló que, de aprobarse el proyecto, el endeudamiento se utilizará en el segundo semestre y, en cuanto al plazo, se planteó que no superaría los cuatro años.

Pons expuso durante dos horas y media y recibió agradecimientos por haber sido el único ministro en asistir a la Legislatura, pero también debió responder críticas por la situación económica de la provincia (no llevó el dato de recaudación de marzo y abril que reclamaba la oposición), el manejo del conflicto con los autoconvocados de salud y la situación sanitaria.

También hubo varios planteos respecto de la necesidad de buscar otra salida distinta del endeudamiento para pagar el aumento salarial. La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) sugirió varias partidas presupuestarias que podrían redireccionarse a la de personal y lo mismo hizo Patricia Jure (FIT) quien también preguntó cuánto dinero estaba volcando la provincia en derivar pacientes a las clínicas privadas.

Pons reiteró que lo que se comprometió con los aumentos salariales “son importes muy grandes” y que cualquier reasignación de partidas que se pueda hacer “es mínima”. Indicó que el año pasado hubo una reducción importante en los gastos de obra pública, pero que en 2021 se decidió reactivarla para recuperar la economía.

El proyecto de ley quedó en debate en la comisión y deberá volver a tratarse el martes que viene para someterlo a votación y tratar de obtener un despacho.

En números

32%
es el incremento que tendrá la masa salarial este año por los acuerdos firmados con los estatales.
10%
es la suba estimada en los ingresos corrientes respecto a lo que se había presupuestado para 2021.

Dudas sobre la constitucionalidad


Diputados de la oposición volvieron a plantear dudas sobre la constitucionalidad de la toma de crédito para afrontar gastos corrientes, pese a la explicación que dio ayer el ministro de Economía, Guillermo Pons, sobre el proyecto que se debate en la Legislatura.

Dijo que las operaciones que prevé la iniciativa excluyen la toma de un empréstito a mediano y largo plazo que es la prohibición que contiene la Constitución Provincial en su artículo 148 para el uso en gastos corrientes.

La diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) argumentó que ya la Carta Magna de 1957 incorporaba esa prohibición, sin distinción del tipo de operación financiera a realizar. “Sería una irresponsabilidad muy grande tomar deuda para un gasto corriente. El año pasado cuando vino a la Legislatura, textualmente dijo que para usted no sería la mejor receta”, sostuvo.

Parrilli dijo que ese punto era una “preocupación de varios diputados” y preguntó “si no hay otra forma de resolver este problema que no sea la deuda”.

Pons explicó que el debate “lo zanja” la ley de Administración Financiera 2141 que es la que enmarca el endeudamiento que está solicitando la provincia. “Esa ley fue aprobada por la Legislatura en su momento y entiendo ha tenido algún análisis constitucional al dividir los incisos y diferenciar cuándo es un empréstito del resto de las operaciones financieras”, aclaró.

Los funcionarios de Economía aclararon que los empréstitos son operaciones de mediano y largo plazo, de cinco a 12 años. En cambio, el proyecto apunta a deuda de corto plazo, de no más de cuatro.


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