“Por la impunidad y en defensa del espionaje”

Tal parece ser el camino que ha tomado la mayoría legislativa de la provincia del Neuquén por su rechazo al proyecto de ley que propicia la investigación, esclarecimiento e información sobre la organización y los alcances del conocido Proyecto X, presentado y tratado recientemente en la Casa de las Leyes neuquina. Ha quedado debidamente comprobada la participación de Gendarmería nacional en este tipo de espionaje a todas luces ilícito y fuera de todo contexto racional, habida cuenta de las disposiciones vigentes que prohíben esta forma de “control ciudadano”, que pone en riesgo la libertad de expresión ciudadana. Cuesta creer que en tiempos de democracia se permita que desde instituciones de la Nación (o realmente de donde fuera) se realicen este tipo de “tareas” persecutorias propias de tiempos que creíamos ya superados, y al mejor estilo de entonces. “Tareas” que vulneran todos los derechos ciudadanos y atentan contra las libertades de organizarse y participar libremente en todo tipo de actividades lícitas del conjunto de la sociedad. Y cuesta también creer que hay aún quienes inexplicablemente pretenden defender este retorno a tiempos terribles vividos por todo el país, con argumentos tan insostenibles como pretender que las denuncias son solamente producto de expresiones “de medios enfrentados al gobierno” (nacional) porque éste “ha dado muestras claras en sus políticas de derechos humanos” (diputado Luis Sapag, nota “Río Negro” 22/3/13, pág. 15). De hecho no es ésta la realidad, pues han sido presentados documentos que corroboran la existencia de este tipo de organización clandestina y que, por su contenido, son una clara demostración de que realiza sus “tareas” al mejor estilo de los tiempos del terrorismo de Estado sufrido a partir del 24 de marzo de 1976. Es de esperar que se retome la discusión del tema y que se tome una determinación acorde con los tiempos en que vivimos para salvaguardar las libertades públicas y poder gozar de la plena vigencia de los derechos humanos, si es que realmente, como lo expresa en sus dichos el diputado Luis Sapag y lo acompaña la diputada Amalia Jara, el gobierno nacional quiere dar muestras claras de su política sobre derechos humanos. Antonio Oscar Ragni, LE 7.385.689 Neuquén

Antonio Oscar Ragni, LE 7.385.689 Neuquén


Tal parece ser el camino que ha tomado la mayoría legislativa de la provincia del Neuquén por su rechazo al proyecto de ley que propicia la investigación, esclarecimiento e información sobre la organización y los alcances del conocido Proyecto X, presentado y tratado recientemente en la Casa de las Leyes neuquina. Ha quedado debidamente comprobada la participación de Gendarmería nacional en este tipo de espionaje a todas luces ilícito y fuera de todo contexto racional, habida cuenta de las disposiciones vigentes que prohíben esta forma de “control ciudadano”, que pone en riesgo la libertad de expresión ciudadana. Cuesta creer que en tiempos de democracia se permita que desde instituciones de la Nación (o realmente de donde fuera) se realicen este tipo de “tareas” persecutorias propias de tiempos que creíamos ya superados, y al mejor estilo de entonces. “Tareas” que vulneran todos los derechos ciudadanos y atentan contra las libertades de organizarse y participar libremente en todo tipo de actividades lícitas del conjunto de la sociedad. Y cuesta también creer que hay aún quienes inexplicablemente pretenden defender este retorno a tiempos terribles vividos por todo el país, con argumentos tan insostenibles como pretender que las denuncias son solamente producto de expresiones “de medios enfrentados al gobierno” (nacional) porque éste “ha dado muestras claras en sus políticas de derechos humanos” (diputado Luis Sapag, nota “Río Negro” 22/3/13, pág. 15). De hecho no es ésta la realidad, pues han sido presentados documentos que corroboran la existencia de este tipo de organización clandestina y que, por su contenido, son una clara demostración de que realiza sus “tareas” al mejor estilo de los tiempos del terrorismo de Estado sufrido a partir del 24 de marzo de 1976. Es de esperar que se retome la discusión del tema y que se tome una determinación acorde con los tiempos en que vivimos para salvaguardar las libertades públicas y poder gozar de la plena vigencia de los derechos humanos, si es que realmente, como lo expresa en sus dichos el diputado Luis Sapag y lo acompaña la diputada Amalia Jara, el gobierno nacional quiere dar muestras claras de su política sobre derechos humanos. Antonio Oscar Ragni, LE 7.385.689 Neuquén

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