Preocupa a los usuarios la deuda de Edersa

Temen que les transfieran los pasivos que hoy tiene la empresa con Cammesa. Piden una investigación oficial.

a posibilidad de que Edersa transfiera a los usuarios del servicio la deuda que mantiene con la distribuidora mayorista de energía, Cammesa, es motivo de preocupación para instituciones de la localidad, que solicitaron la intervención del gobierno provincial, el Epre y el Poder Judicial, para evitar esas acciones.

Especialmente el pedido a la justicia fue dirigido hacia el Procurador General para que “instruya a los fiscales a su cargo sobre la inmediata investigación” y para la apertura de la auditoría que hace pocos meses se realizó a Edersa.

La preocupación fue expresada a través de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, que solicitó el acompañamiento de las entidades de base en el pedido de intervención de la justicia, el Epre y la Provincia para evitar la transferencia de la deuda a los usuarios del servicio eléctrico.

En el caso de Villa Regina, el documento lleva la firma del intendente municipal, Carlos Vazzana, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Franco Susca, y administrador de la Fundación Parque Industrial Villa Regina, José Marcolongo.

La preocupación fue expresada a través de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y la Federación de Productores.

“El pueblo rionegrino está a punto de ser víctima de un nuevo atropello por parte de la empresa distribuidora de la energía eléctrica en la provincia de Río Negro (Edersa), gravísima situación que solo se concretará si prospera su intento de trasladar a los usuarios la deuda por más de 3.000 millones de pesos que mantiene con Cammesa” apuntaron en la nota.

Agregaron que “ante ello la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro junto a la Federación de productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y demás entidades, no pueden menos que exigir la intervención del Ente Regulador de la Energía (Epre), del gobierno provincial y de la Justicia Rionegrina, para que ellos no ocurra, en resguardo de los intereses de la población”.

Las entidades participantes del pedido, sostuvieron que “para evitar ese avasallamiento se requiere la cancelación de las obligaciones contraídas por el inescrupuloso manejo del grupo inversor sin que sean incorporadas como costo en las tarifas que abonan todos los rionegrinos”.


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