Primero las buenas noticias

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Las fotos del último fin de semana exhibieron un paisaje político bien distinto al de los últimos doce años, en formas y contenidos que restan espacios al monólogo, la crispación o la obediencia debida. En sus primeras 85 horas como presidente, Mauricio Macri se encargó de marcar fuertes diferencias con la administración kirchnerista y justificar el nombre de la alianza Cambiemos. Sus reuniones con los 24 gobernadores provinciales que mostraron asistencia perfecta en la Residencia de Olivos y con sus principales rivales en la elección presidencial revelaron además su intención de acrecentar el capital político con que llegó a la Casa Rosada y escasea en el Congreso, donde el flamante oficialismo es minoritario en ambas cámaras. En la misma línea se ubica el llamado a la unidad y al diálogo de su discurso inaugural, que incluyó objetivos a mediano y largo plazo con los que nadie sensatamente podría estar en desacuerdo, aunque todavía no estén a la vista los instrumentos para alcanzarlos. A esta altura ya está claro que Macri optó por no detallar la topografía del “campo minado” en la economía que le deja la gestión de Cristina Kirchner, como muchos presuponían. En el debate abierto en su equipo, parece haberse inclinado a favor de quienes desaconsejaban un crudo sinceramiento para no dañar las expectativas iniciales y en contra de quienes le proponían blanquear el inventario para no cargar con el costo político de ir levantando las hipotecas de la herencia recibida. Esta postura gradualista supone que, a medida en que se vayan atacando los problemas, sus funcionarios buscarán crear conciencia sobre sus verdaderas causas, camufladas durante años para buena parte de la opinión pública. Por ahora todo indica que el nuevo presidente dará prioridad inicialmente a las buenas noticias para atender las urgencias de la coyuntura económica. Ya antes de asumir anunció que no estará alcanzado por el impuesto a las Ganancias el medio aguinaldo de diciembre para los sueldos brutos inferiores a 30.000 pesos, corrigiendo así su primer paso en falso tras ganar el balotaje. Y esta semana oficializará la eliminación de retenciones a todas las economías regionales, carnes, trigo y maíz, salvo las del complejo sojero que tendrán una rebaja gradual de 5 puntos porcentuales por año. Esta medida es clave para destrabar la liquidación de exportaciones, avanzar en la unificación –con devaluación– del tipo de cambio oficial y en el levantamiento parcial del cepo cambiario que, por falta de reservas, tampoco pudo concretarse de inmediato. Ahora la nueva política cambiaria está supeditada a que el Banco Central consiga en los próximos días una “masa crítica” de reservas (entre 10.000 y 20.000 millones de dólares) para regular el arranque del mercado único oficial, mediante anticipos de divisas de grandes exportadores de cereales y un préstamo puente de bancos extranjeros. Además, los gobernadores se llevaron de Olivos la promesa oficial de recibir asistencia para pagar en tiempo y forma los sueldos y aguinaldos de diciembre. De hecho, era un secreto a voces que esa ayuda iba a incluirse en los 60.000 millones de pesos que el BCRA emitirá antes de fin de año para atender las obligaciones de todo el sector público, cuyo déficit se ubicará por encima de 7% del PBI. La contrapartida es que será derogado el polémico decreto de necesidad y urgencia dictado a último momento por CFK quien, después de doce años de ignorar el federalismo fiscal, extendió a todas las provincias el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a reintegrarles la porción de IVA y Ganancias destinada al sistema previsional nacional. Ese DNU, que acaba de quedar en suspenso por una medida cautelar, seguramente será anulado por otro, aprovechando que el Congreso no sesionará hasta marzo. Uno de los primeros proyectos que ingresará entonces será la reforma y actualización del mínimo no imponible y las escalas de Ganancias, que a su vez será una de las herramientas para negociar el acuerdo de precios y salarios que el macrismo prevé para el verano. Aunque también figuró en la agenda de Olivos la reforma pendiente del régimen de coparticipación federal de impuestos (prevista en la Constitución nacional de 1994), avanzar en esa tarea requerirá de tiempo y acuerdos políticos. Mientras tanto, una carta de la Casa Rosada será restarle discrecionalidad a la distribución de fondos a través de transferencias automáticas, desvirtuadas durante la era K por sus presupuestos de fantasía. Otra, poner en marcha en las provincias del norte un ambicioso programa de obras de infraestructura (el Plan Belgrano) y, en las del sur, acuerdos para mantener los precios diferenciales del petróleo, mucho más altos que los internacionales. Aun así este esquema de buenas noticias inaugurales no evitará transitar el “campo minado” que deja la gestión kirchnerista, aunque no se lo mencione como tal hasta que pasen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por lo pronto, el nuevo titular del Indec, Jorge Todesca, anunciará hoy mismo la reestructuración del organismo para despolitizar y profesionalizar las estadísticas socioeconómicas después de casi nueve años de desquicio técnico. Y el ministro de Energía prevé declarar en estos días la “emergencia eléctrica” a fin de sincerar la crítica situación del sector, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde cada verano crecen los cortes de suministro, como paso previo a una política de racionalización del consumo, las tarifas y los subsidios estatales. También el flamante presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, deberá ocuparse de desactivar la bomba de tiempo armada con las ventas de dólares futuros (unos 24.000 millones) concretadas irresponsablemente en los últimos meses por su antecesor (Alejandro Vanoli) a un precio irrisorio (10,50 pesos) para el mercado local. El cumplimiento de esos contratos, que ahora Sturzenegger prevé revisar, implicaría en el primer tramo del 2016 –como ya se anticipó en esta columna– una emisión extra de 60.000 a 70.000 millones de pesos. Pero esto ya provocó el primer cortocircuito con los bancos locales y extranjeros. Un incumplimiento de contratos del BCRA sería un mal arranque para el nuevo gobierno, que enarboló la bandera de la seguridad jurídica. Pero dejar todo como está complicaría la futura política monetaria y cambiaria. Aquí una clave sería la causa judicial abierta contra Vanoli para identificar los contratos, evaluar su legitimidad y evitar juicios contra el BCRA. Incluso, otro extitular del organismo, Martín Redrado, acaba de proponer un diferimiento voluntario de los que vencen en diciembre y enero, combinado con una política de esterilización monetaria. “Cuando no se tiene plata, se debe trabajar con la variable tiempo”, escribió en el diario “La Nación”, tras recordar que la economía necesita el ingreso de dólares para poder despegar. Una realidad que tampoco ignora el nuevo gobierno.

Néstor O. Scibona nestorscibona@gmail.com