Prisión para funcionarios y empresario por SUM de Cona Niyeu
La Justicia dictó penas de entre 4 y 3 años de prisión por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Además deberán pagar una multa de 50 mil pesos por un edificio reclamado por la comunidad, que el Estado pagó y que no se construyó en tiempo y forma.
RÍO NEGRO
Dos funcionarios y un empresario fueron condenados a penas de entre 3 y 4 años de prisión por fraude en perjuicio de la administración pública por la construcción del Salón de usos Múltiples de Cona Niyeu (localidad rionegrina ubicada a unos 170 kilómetros de Sierra Grande), que el Estado pagó sin que hubiera sido construido.
La Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma condenó al ex director de Comisiones de Fomento, Carlos Ernesto Gonzalez, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión y a la ex comisionada de Fomento de la Cona Niyeu, Lidia Elizabet Brione, a 3 años y 6 meses de prisión por considerarlos coautores del delito. Ambos quedaron inhabilitados para el manejo de fondos públicos y privados.
Por otra parte el empresario Juan Adan Huentemil, de la empresa constructota Vectores SRL fue condenado a 4 años de prisión. A la vez que impuso a todos los ahora condenados, una multa de $50.000.
Los jueces Jorge Bustamante, Gustavo Azpeitía y María Luján Ignazi, consideraron que en esta “osada” maniobra se ha “jugado con la necesidad de la población de Cona Niyeu de contar con un SUM para las actividades comunitarias”.
Los jueces merituaron el daño provocado a la comunidad de Cona Niyeu que hacía años reclamaba la construcción de un Salón de Usos Múltiples que cuando finalmente se logró no se levantó tal como había sido dispuesto en la respectiva licitación.
Lejos de ser cumplida esa adjudicación, en 2008 el Estado pagó más de 90.000 pesos por un edificio que no existía. Recién cuando esta situación fue difundida por los medios la empresa Vectores fue al lugar para levantar rápidamente paredes y techo sin aberturas, piso y detalles en el interior.
El edificio, a medio terminar que ni siquiera puede ser utilizado, quedó allí como un símbolo a lo que hoy considera la Justicia un fraude a la administración pública.
Por otra parte tomaron en cuenta que González era un funcionario público que “debía resguardar el patrimonio provincial”, que Brione como comisionada tenía “la obligación de defender los intereses y bregar por las necesidades de la población” y el empresario Huentemil “lucró con la maniobra defraudatoria.”
En el fallo consta que finalmente la obra se realizó -aunque con deficiencias- luego de la intervención activa del organismo de control y de que la situación tomó estado público más de nueve meses después que la misma se pagó (a saber dic/08 y mar/07) y que previo a la ejecución se firmó el acta de final de obra (mar/08).
“Esto último demuestra que hubo voluntad de cometer fraude contra la Administración Pública, a partir de una Administración infiel, con la finalidad de obtener un beneficio o un lucro”, señaló la sentencia.
Durante los alegatos (ver nota), el fiscal de la causa había resumido: “Por esta obra no hecha se pagaron 94.700 pesos en marzo del 2007; en noviembre del 2008 fue certificado que no fue levantada y en marzo del año siguiente se constató una construcción de un salón con un avance de obra estimado en un 40%- techo y paredes- de lo que se señaló el pliego”.
El SUM fue construido dos años después de pagado y a un año de aprobado el gasto “según el acta que falsamente señaló que el 10 de marzo de 2008 había terminado la obra”.
rionegro.com.ar y Agencia Viedma
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