Problemas nada menores
El pasado día 2 de julio el Congreso brasileño votó en favor de reducir la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años. El texto aún debe ser votado en nuevo turno por la Cámara, contar con las tres quintas partes de sus miembros a favor y ser ratificado luego en el Senado. Ello no impidió, sin embargo, que el diputado que redactó la propuesta de enmienda constitucional para reducir la edad de punibilidad se postule como un verdadero faro de la política criminal en ese país. Prueba de ello resulta lo manifestado por Laerte Bessa al prestigioso diario británico “The Guardian”, en relación a la expectativa que alberga: “Dentro de 20 años reduciremos la edad a 14 y después a 12 (…) un día, llegaremos a un nivel en el que será posible determinar si un bebé, aún en el útero, tiene tendencias a la criminalidad y, en caso afirmativo, la madre no tendrá derecho a dar a luz”. Esa iniciativa legislativa coincidió con la confirmación, por parte de la Unicef Brasil, respecto de que el homicidio de jóvenes y adolescentes se ha duplicado en los últimos 25 años y alcanza hoy a 10.500 casos por año, lo que supone 28 al día. Se trata de un porcentaje muy elevado en un país donde en el 2012 murieron unas 64.000 personas víctimas de la violencia, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A punto tal que el 13% de los homicidios cometidos en el mundo tienen lugar en el país más grande y poblado de Sudamérica. La socióloga Julita Lembruger, responsable del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes, quien también dirigió el sistema penitenciario del Estado de Río de Janeiro entre 1991 y 1994, se opone a la iniciativa parlamentaria. Destaca, al respecto, que enviar a millares de jóvenes a un sistema penitenciario superpoblado, violento, degradado, degradante y dominado por facciones criminales es la salida menos inteligente para responder a la violencia social imperante. Hace 25 años fue firmado en Brasil el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Según Estela Scheinvar, investigadora de la Universidad Do Estado de Río de Janeiro, el ECA surgió en un contexto político de lucha contra la dictadura y el autoritarismo. El Estatuto generó muchas expectativas al proponer nuevas formas de organización y participación de la sociedad civil en el debate y la ejecución de políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Su texto extinguió la figura jurídica del “menor” y postuló la existencia de nuevos sujetos de derechos: los/as niños/as y adolescentes. También dispuso los mecanismos para que estos derechos fuesen garantizados. Sin embargo, la investigadora destaca que contrariamente a las expectativas, una vez sancionado el Estatuto la movilización de la sociedad civil paulatinamente se fue reduciendo y, finalmente, el tratamiento de la cuestión se burocratizó. La experta argentina Mary Beloff afirma que es en el tópico concerniente a las personas menores de dieciocho años que cometen delitos donde se plantea con mayor intensidad una puja entre la continuidad del modelo tutelar clásico y aquel basado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En los nuevos marcos legales, sostiene, las cuestiones relativas a la responsabilidad del niño o joven infractor de la ley penal y a la reacción coactiva estatal frente a sus conductas delictivas pueden, y deben, ser comprendidas dentro de la discusión actual acerca del sentido y los límites de la pena estatal. Se trata de una discusión que suele sufrir las tensiones producidas por diversos paradigmas, los que van desde el abolicionismo hasta la industria del control del delito y desde el derecho penal del enemigo a la sociedad del riesgo, incluyendo sistemas de derecho penal de máxima intervención. Beloff entiende que el marco del derecho penal mínimo o garantismo penal surge como la única alternativa posible para justificar en nuestras sociedades la administración de los conflictos violentos mediante reacciones estatales coactivas. Máxime, cuando de lo que se trata es del reconocimiento de las garantías sustantivas y formales que deben gozar los niños y jóvenes frente al aparato coactivo del Estado. (*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
martín lozada (*)
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