Promesas olvidadas

Antes de triunfar en las elecciones del año pasado, la Alianza juraba estar resuelta a defender lo que todavía quedaba del sistema de reparto previsional e incluso a «permitir que los afiliados a las AFJP puedan optar por el régimen público estatal». De este modo, dio a entender que a pesar de todas las dificultades resultaría capaz de asegurar que en adelante los jubilados disfrutaran de haberes menos exiguos que los disponibles durante la gestión «neoliberal» del presidente Carlos Menem. No es necesario decir que desde entonces ha cambiado de opinión. Lejos de estar en favor de jubilaciones garantizadas por el Estado, el gobierno aliancista quiere eliminarlas cuanto antes y, no obstante la oposición del ala política oficial, es de prever que las «reformas» ya anunciadas por el presidente Fernando de la Rúa terminen concretándose, lo cual significa que el grueso de los futuros jubilados percibirá decididamente menos de lo que había anticipado.

Para muchos, la eliminación de la Prestación Básica Universal, aquellos 200 pesos mensuales que aporta el Estado y que equivalen a la tercera parte de las jubilaciones cobradas por una franja muy ancha de los pasivos, debería considerarse un «guiño al mercado» o una concesión destinada a complacer al Fondo Monetario Internacional, es decir, más evidencia de la incapacidad de las autoridades para defender a los jubilados argentinos contra los empresarios locales y los supuestamente insaciables financistas extranjeros, pero sólo se trata de otro intento de confundir a la ciudadanía. Por motivos comprensibles, los consustanciados con las tradiciones políticas del país están esforzándose por difundir esta interpretación del viraje gubernamental, pero la verdad es que tal como está constituido, el sistema previsional no es viable a causa de la evasión endémica, la existencia de un sinfín de anomalías confeccionadas por motivos políticos y el desempeño decepcionante de la economía en su conjunto. Al fin y al cabo, en última instancia, el monto de las jubilaciones es determinado por los ingresos de los organismos encargados de distribuirlas menos los gastos operativos, los cuales, como es notorio, suelen ser muy grandes. Puesto que la sociedad no tiene interés alguno en aumentar los ingresos del sistema jubilatorio, era de prever que un día el gobierno se vería constreñido a anunciar una «reforma».

Así, pues, para los jubilados actuales y futuros -de los cuales aproximadamente la mitad está en la parte «negra» de la economía y por lo tanto sólo recibirá una jubilación mínima magra- el panorama se ha hecho aún más sombrío que antes. Sin embargo, los culpables de lo que en el caso de los muchos que siempre han hecho los aportes correspondientes puede calificarse de una estafa vergonzosa no son el «mercado», el FMI o los economistas y técnicos que idearon las reformas más recientes, sino todos aquellos «dirigentes» y funcionarios politizados que a través de los años han manejado los aportes previsionales de la población de forma irresponsable. Como los propagandistas del oficialismo actual antes de las elecciones, estos personajes nunca han dejado de rendir tributos conmovedores a su propia sensibilidad, solidaridad y compromiso con el bienestar de «los abuelos», pero se han resistido a reconocer que a los presuntamente beneficiados por sus sentimientos nobles les hubiera convenido muchísimo más el realismo y la eficacia administrativa, cualidades éstas que la clase política local siempre ha despreciado.

Por haber resultado tan crueles los costos de la irresponsabilidad crónica de los populistas que a pesar de todo lo ocurrido siguen dominando la política nacional, lo lógico sería que la ciudadanía aprovechara la próxima oportunidad electoral para castigarlos tal como merecen, pero pocos creen que lo haga. Por cierto, el que los más ya se hayan dejado convencer de que la nueva reforma -¿será la última?- ha sido impulsada por motivos inconfesables por una serie de abstracciones siniestras y entidades internacionales, hace pensar que una vez más «los políticos» se las arreglarán para escurrir el bulto. De ser así, las perspectivas frente al país en su conjunto continuarán pareciéndose a aquellas de los jubilados, al desvirtuarse todas las promesas de mejoras por venir.