Punto por punto, el acuerdo de Carreras y Fortescue por el hidrógeno verde

La gobernadora de Río Negro firmó un convenio marco en agosto, junto al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. ¿Qué dice esta carta de intención?





El interés de la empresa australiana Fortecue Future Industries por producir hidrógeno verde en Río Negro se viene macerando desde hace meses y el 24 de agosto la gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, firmaron un “acuerdo marco” con la empresa en el que ponen por escrito los lineamientos básicos de esta sociedad.

RÍO NEGRO accedió al acuerdo firmado por la mandataria, Kulfas y el presidente de Argentina Fortescue, el exrugbier Agustín Pichot, que consta de 15 puntos básicos en los que la frase “hacer sus mejores esfuerzos” predomina en cada premisa, sin definirlas como exigencias u obligaciones por parte de la provincia o del gobierno nacional.

El acuerdo fue firmado en Buenos Aires dos meses antes de la confirmación de la inversión de 8.400 millones de dólares que se realizó desde la cumbre climática de Glasgow. Entonces, participaron por videoconferencia referentes políticos, científicos y autoridades australianas de la compañía. El anuncio final quedó en manos de la comitiva que encabezó el presidente Alberto Fernández en Escocia.

El documento, que se menciona como una “carta de intención”, engloba entre las iniciativas de Forescue el desarrollo de “forma sustentable” de nitrógeno verde, hidrógeno verde, amoníaco verde, metales verdes y todos sus subproductos a los que en el acuerdo se denominan “proyectos verdes”.

El acuerdo marco está escrito en español e inglés y fue firmado por Kulfas, Carreras y Pichot.

No se precisan inversiones, locaciones, planes de trabajo, ni detalles de normativas como la creación de la zona franca en Sierra Grande que ya anunció el gobierno provincial.

Como primera medida se establece un compromiso a buscar los posibles emplazamientos y desarrollar una “plataforma de producción de conocimiento, investigación y desarrollo que optimice las capacidades existentes”.

Hay un compromiso de “hacer los mejores esfuerzos” para que la empresa lleve adelante estudios de factibilidad y posteriormente desarrolle la industria. Además de “viabilizar la obtención de permisos, la revisión y análisis de marcos regulatorios, autorizaciones y/o habilitaciones que sean necesarias a tal fin”.

En caso de que no desarrolle luego la producción, la provincia deberá reembolsar las sumas invertidas que realizó la compañía en estudios previos.

Carreras y Kulfas junto a referentes de Fortescue en la firma del acuerdo marco. Gentileza

El acta determina además que provincia y nación “colaborarán” para que la empresa “obtenga accesos terrestres y /o fluviales y/o el uso de tierras y/o lo que resulte necesario para que Fortescue Future Industries puede realizar estudios en el emplazamiento de cada proyecto verde”. Y aclara que se buscará “adaptar y desarrollar marcos regulatorios para incentivar la realización de proyectos verdes”.

La provincia también se compromete a “facilitar las negociaciones” entre Fortescue y los propietarios de locales para que la empresa pueda “ingresar a sus tierras para llevar a cabo estudios” en cada emplazamiento del proyecto.

Tal como reiteró Carreras en la última semana, el acuerdo marco contempla un plan de capacitación profesional y de empleo para los proyectos verdes con el objetivo de “brindar igualdad de oportunidades laborales” y aclara que se priorizará a los recursos humanos que provengan de la provincia.

Otro punto remarca el compromiso de Fortescue de no emplear de ninguna manera mano de obra infantil ni trabajo en condiciones de servidumbre, trabajo forzado ni otras formas de esclavitud.

Además se crea un “grupo de trabajo” para coordinar las gestiones y comunicaciones, con la representación de 2 integrantes por cada una de las partes (nación, provincia y la empresa), quienes se deberán reunir periódicamente para avanzar en los proyectos.

Las disposiciones anticorrupción, que también resaltó la gobernadora en la última semana, se refieren a que en ningún caso se puede realizar un pago o transferir objetos de valor a un funcionario público, ni tampoco deberán “aceptar ni consentir extorsiones, sobornos nin ningún otro medio ilícito o indebido de obtener clientes o aprobaciones”.


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