Que paguen otros

No es exactamente un secreto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea contraria a los ajustes, ya que a menudo nos ha dicho que nunca se le ocurriría hacer sufrir a los argentinos y argentinas tomando medidas que a su juicio son aberrantes y típicamente neoliberales. Pero sólo se trata de una fobia personal. Al darse cuenta de que tal y como están las cosas el gobierno nacional no tiene más alternativa que reducir el gasto público, Cristina ha ordenado, a través de sus voceros, a los gobernadores provinciales e intendentes municipales hacerse cargo de los cortes, con la presunta esperanza de que los perjudicados entiendan que, si bien ella permanece fiel a sus principios, otros políticos son tan insensibles que no vacilarían un solo minuto en obligar a la gente a pagar más por los servicios públicos básicos. Así, pues, al agotarse el dinero que se necesitaría para que la Nación siguiera subsidiando al transporte, el gobierno kirchnerista insiste en que es deber de las autoridades locales elegir entre permitir que suban las tarifas o, si no quieren hacerlo, continuar subsidiando a los usuarios con recursos propios. Puesto que las provincias dependen de la Nación para una parte sustancial de sus ingresos, pocas podrán negarse a ajustar tanto en este ámbito como en otros aunque al hacerlo tengan que enfrentar un sinfín de conflictos sociales, además de las críticas vehementes que formularían personajes vinculados con La Cámpora interesados en aprovechar las dificultades para apropiarse de más “espacios” políticos. No bien se confirmó el triunfo de la presidenta en las elecciones de octubre pasado, el gobierno decidió que había llegado la hora de la “sintonía fina”, es decir, de controlar el gasto público antes de que el déficit alcanzara dimensiones inmanejables. Pero, al enterarse de que a la gente no le gustaba para nada el aumento abrupto de ciertas tarifas y muy pocos estaban dispuestos a pagar más voluntariamente, la presidenta optó por dejar las cosas como estaban, de tal modo asegurando que los problemas fiscales se agravaran mucho más y que el eventual ajuste tuviera que ser aún menos “fino” de lo que hubiera sido el caso de haberlo iniciado antes. Las consecuencias de la demora están a la vista. En los últimos meses, los déficits no sólo de las provincias sino también de la Nación han crecido tanto que ya son insostenibles. Por lo demás, parecen destinados a aumentar mucho más en los próximos meses y, con ellos, los “costos políticos” que acarrearán las medidas necesarias para restaurar un mínimo de orden en las cada vez más confusas cuentas nacionales. El gobierno apuesta por que la mayoría culpe a los gobernadores provinciales e intendentes municipales como el porteño Mauricio Macri de la caída previsible del poder adquisitivo de casi todos, como si el Poder Ejecutivo nacional no tuviera nada que ver con la inflación, pero es poco probable que logre salirse con la suya. Es que hay una contradicción manifiesta entre la voluntad de Cristina de subrayar su propia autoridad, tratando a los mandatarios locales como meros subordinados, y su deseo de responsabilizarlos de los problemas ocasionados por la desaceleración de la economía que, a juzgar por las estadísticas disponibles, ya se encuentra en una fase recesiva. Si Cristina fuera tan poderosa como dan a entender sus partidarios incondicionales estaría en condiciones de defender el bolsillo de quienes hasta ahora se han visto beneficiados por el esquema de subsidios que desde el 2002 rige en el país y que apenas fue modificado cuando la economía crecía año tras año “a tasas chinas”; si no puede asumir la responsabilidad del ajuste que está en marcha, es mucho menos poderosa de lo que los kirchneristas más entusiastas quisieran hacernos creer. Por lo demás, a esta altura pocos ignoran que Guillermo Moreno, Axel Kicillof y otros que manejan distintas áreas de la economía no hacen nada sin contar antes con el aval de la presidenta que, lo mismo que su marido, parece convencida de que, para que la Argentina no reedite los desastres del pasado, le convendría prescindir de un ministro de Economía auténtico, repartiendo las tareas que desempeñaría entre funcionarios elegidos en base a su presunta “lealtad” hacia su persona.