¿Qué significa “vamos por todo”?

PABLO GUIDO (*)

El pasado 27 de febrero se realizó un acto en la ciudad de Rosario, conmemorando el bicentenario de la creación de la Bandera argentina. En dicho acto no sólo habló la presidenta sino también la intendenta de la ciudad, Mónica Fein. Cuando la Sra. Fein estaba haciendo uso de la palabra, simultáneamente, la presidenta les gritaba a los manifestantes: “Vamos por todo, por todo”. Dichas imágenes se pueden observar en YouTube (buscar por: “Cristina vamos por todo”) para el que quiera chequear la escena. ¿Qué significa que la primera mandataria de un país diga “vamos por todo”? La frase podría ser una expresión de alguien que, en el calor de un acto masivo, manifiesta al pasar unas palabras subidas de tono para congraciarse con los cánticos de los manifestantes y nada más que eso. Pero conociendo las ideas que parecen nutrir las medidas tomadas en los últimos ocho años por el gobierno, a muchos les puede comenzar a correr frío por la espalda cuando escuchan estas palabras proviniendo de las más altas esferas de poder. ¿Por qué? Porque no es ninguna sorpresa que la persona que actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y sus principales asistentes están a favor de una mayor participación del Estado en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, creen que el motor del progreso reside en un mayor gasto público; creen que el crecimiento económico radica fundamentalmente en la industrialización vía un mayor proteccionismo del mercado local; creen que es más eficiente que sea el Estado el que administre los fondos de pensión antes que lo hagan los privados; creen que desde una secretaría de un ministerio una persona puede decidir qué productos se pueden importar y cuáles deben ser fabricados localmente (si se puede); creen que un sistema de precios libre es un mal necesario que debe ser regulado y controlado lo más que se pueda; creen que la emisión monetaria equivale a la generación de ahorro para otorgar créditos; creen que mediante los controles de precios se solucionan los problemas de escasez de los productos; creen que la inversión privada aumentará si se los obliga a los empresarios. Todas aquellas medidas tomadas en los últimos ocho años de gobierno no son exclusividad de los Kirchner, sino que se repiten a lo largo de la historia argentina en las últimas siete u ocho décadas. Y todas manifiestan una constante: la violación, directa o indirecta, de los derechos de propiedad. La propiedad privada se deshilacha y desvanece cuando las personas no pueden comprar los bienes o insumos que estiman más satisfactorios para cubrir sus necesidades, cuando tienen restricciones para comprar divisas, cuando no pueden pagar compromisos o girar dividendos al exterior, cuando no pueden ahorrar donde les venga en gana los recursos que en la vejez utilizarán para financiar sus gastos, cuando la inflación carcome diariamente el poder adquisitivo del salario y el ahorro o cuando se impone una carga tributaria para financiar un gasto público que se lleva el 50% del PIB. Por eso, el “vamos por todo” enunciado por un gobierno que no ha cesado de pisotear las libertades y los derechos de propiedad no puede ser otra cosa que más de lo mismo. Richard Pipes, en su libro “Propiedad y libertad”, menciona que la causa del desplome de la Unión Soviética fue el debilitamiento de la economía y que el factor decisivo de aquello fue la ausencia de la propiedad privada. La falta de este derecho, según Pipes, generó, por un lado, que nadie tuviera incentivos para producir más allá del mínimo indispensable para sobrevivir y, por el otro, provocó una atrofia en la personalidad de las personas, “principal motor del progreso”. Por eso, quizás el objetivo de “ir por todo” termine generando una “torta” para confiscar y redistribuir cada vez menor, afectando así los ingresos de la mayoría de los que habitan el país. No nos sorprendamos en un tiempo no muy largo, cuando la creciente escasez de bienes y servicios sea un problema generalizado y diario. Porque ello será la consecuencia del “vamos por todo”, leit motiv del actual gobierno nacional. (*) Doctor en Economía. Director Académico Fundación Progreso y Libertad