Rechazaron pedido de desalojo de mapuches que ocupan un campo en El Foyel
El juez de Bariloche Ricardo Calcagno no admitió la solicitud de la fiscalía y la querella. Sin embargo, ordenó la captura de dos sospechosos de participar de la usurpación, porque no comparecieron a la audiencia judicial.
Dos miembros de la comunidad mapuche fueron citados por la justicia, pero no aparecieron en la audiencia de este viernes y, por eso, el juez ordenó su detención. (Foto Gentileza)
El juez de garantías Ricardo Calcagno desestimó este viernes el pedido de desalojo, que había solicitado el fiscal jefe, Martín Lozada, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien y el abogado por la querella, de las personas, que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Gallardo Calfu, que ocupan un campo privado en El Foyel.
En cambio, Calcagno admitió el pedido de los fiscales para que se declare en rebeldía a dos personas de la comunidad y, en consecuencia, dispuso su captura, porque no comparecieron a la audiencia de formulación de cargos que se hizo esta tarde de viernes a pesar de que habían sido debidamente notificados.
El defensor particular Manuel Mansilla había solicitado al juez rechazar los dos pedidos de la fiscalía y de la querella. Cuando el juez le pidió que informara porqué no habían comparecido las dos personas sospechadas del delito de usurpación del campo, Mansilla explicó que la Policía no dejaba entrar ni salir a las personas que estaban en el campo.
Además, alegó que en el lugar había problemas de conexión como para comunicarse, según le había comentado una pariente de los sospechosos.
La audiencia se había convocado en principio para las 15 de este viernes, pero se aplazó hasta las 18.30 justamente para darles tiempo a los sospechosos, identificados como Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo, para que se acercaran hasta el juzgado de Paz de El Bolsón y siguieran las alternativas de la audiencia por videoconferencia.
Sin embargo, a las 18.30 no aparecieron. Mansilla insistió ante el juez que las personas que asiste estaban “imposibilitadas de salir” del campo y, por ese motivo, no estaban presentes en la audiencia. Y responsabilizó a la Policía de Río Negro.
“Los señores imputados están notificados y pueden perfectamente venir acá. La Policía está notificada y advertida de la presencia de los imputados en la audiencias”, replicó Arrien. “Es falso, absolutamente falso; es una dilación insólita de la defensa. De ninguna manera es así”, se quejó, ofuscado, el fiscal de El Bolsón. Y reclamó que se los traslade con la Policía.
El juez explicó que, primero, había que solicitar que se los declare en rebeldía y ordenar su captura. Arrien lo requirió de inmediato. El querellante adhirió al pedido fiscal y solicitó además el desalojo.
Mansilla reclamó buena fe procesal y respeto. “No corresponde la declaración de rebeldía y no corresponde el desalojo”, sostuvo el abogado. Informó que la comunidad Lof Gallardo Calfu tenía trámites iniciados ante el Codeci y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside la rionegrina Magdalena Odarda.
Mansilla invocó la ley 26160 de comunidades indígenas que prohíbe el desalojo de comunidades, la Constitución nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Además, advirtió que ni siquiera se había abierto la etapa de la investigación y aseveró que para proceder a un desalojo tiene que haber una sentencia firme.
Después de insistir ante Calcagno, Lozada desarrolló los fundamentos por los que la fiscalía pedía el desalojo. “Es claro que no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”, advirtió Lozada. Sostuvo que permitir la continuidad de los ocupantes constituiría “un desatino procesal”.
Afirmó que la ocupación ilegítima “agravaría aún más la muy delicada situación” de las víctimas a quienes, además “se los perpetuaría en tal condición”.
“La presencia inicialmente subrepticia y actualmente amenazante de los imputados en el lugar, constituye el núcleo duro de la restricción de derechos sufridos por las victimas”, enfatizó.
“Una ocupación así no debe continuar en el tiempo pues atenta contra quien de por si ya es victima de un proceder ilícito y carente de todos sustento legal”, expresó el Fiscal Jefe.
Un grupo de personas identificadas como integrantes de la comunidad mapuche Lof Gallardo Calfu irrumpió esta semana en el campo de la familia Soriano de El Foyel y se instaló en el predio. Miembros de la familia Soriano permanecen en el interior de la vivienda y denunciaron en redes sociales y algunos medios que se sentían rehenes en su propiedad.
Mansilla planteó sus dudas respecto al título de propiedad sobre las tierras en conflicto que presentó la querella. Y pidió suspender la audiencia. “Esto que está sucediendo acá es nulo”, afirmó. Y anunció que impugnaría.
Calcagno le salió al cruce molesto. “Qué va a impugnar si no sabe lo que voy a resolver”, le advirtió el juez al abogado. “Quiero que se los escuche a ellos”, sostuvo Mansilla y planteó que se respete el derecho de defensa.
Al final, el juez resolvió declarar la rebeldía de los dos sospechosos y su captura, para garantizar que comparezcan a la audiencia judicial próxima. Explicó que los dos sospechosos habían sido legalmente notificados y desestimó “las excusas” planteadas por el defensor particular. Calcagno dispuso que se avise a la comisaría de El Bolsón de la resolución para que procedan a la detención.
Sin embargo, desestimó el pedido de desalojo. Observó que no se puede ordenar un desalojo cuando “las personas sospechadas no dieron su versión de los hechos”.
“Sin escuchar a los imputados no puedo resolver y menos un desalojo”, concluyó el juez. El fiscal y la querella impugnaron. También, la defensa. Por eso, todo lo resuelto por Calcagno será revisado en las próximas horas por otro juez.
“¿Cuándo habrá otra audiencia entonces?”, preguntó, con curiosidad, el abogado al juez. “Cuando sean capturados sus clientes”, respondió, Calcagno; y finalizó la audiencia.
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