“Recordando a Marx”
La semana pasada diputados/as del FpV presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de ley “Convivencia en manifestaciones públicas”. Fue una respuesta textual –otra más, y van…– al pedido de la presidenta de sancionar una “norma de respeto y convivencia urbana”, ya que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar” (palabras de la primera mandataria en ocasión de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo pasado). Los diputados del FpV Juan Manuel Pedrini (Chaco), Carlos Kunkel (Buenos Aires) y Diana Conti (Buenos Aires), entre otros, presentaron un proyecto para regular la protesta social titulado: “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”. El proyecto en líneas generales establece la distinción entre manifestaciones legítimas e ilegítimas (si, leyeron bien, una manifestación o protesta social puede ser declarada ilegítima), obliga a la notificación formal y con anticipación a autoridades policiales del lugar, tiempo, objeto y representante de la manifestación –se debe realizar un informe expeditivo sobre la naturaleza del reclamo– y estarán sujetas a una mediación civil del Ministerio de Seguridad para garantizar la circulación. Como si ello fuera poco, también reglamenta el uso de la fuerza policial en base a los principios de legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso y habilita la dispersión de la manifestación ilegitima a través del uso de la fuerza policial. Por último, garantiza una “adecuada” difusión en medios de comunicación públicos en caso de ser legítima y castiga a las manifestaciones ilegítimas dejando a criterio del mediador si son aptas para ser difundidas por los mismos medios. Este proyecto acompaña y profundiza el proceso de criminalización de la protesta social que se viene desarrollando en el país y que nosotros repudiamos, como lo manifestaron legisladores y legisladoras socialistas en el Congreso de la Nación al fundamentar su rechazo a la Ley Antiterrorista promovida por el gobierno nacional. Según relevamientos realizados por organismos de derechos humanos, existen hoy en el país más de 5.000 imputados/as que padecen esta persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos. Este proyecto de ley, que misteriosamente no se ha publicado aún en la web oficial del Congreso, afecta severamente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La respuesta del Estado no puede ser criminalizar o reprimir: desde el socialismo estamos convencidos que los conflictos se resuelven con escucha y diálogo, con la apertura de canales institucionales para que las partes se encuentren. Reconocemos que existen derechos en pugna: está el de expresión, de circulación, pero fundamentalmente están en tensión los derechos sociales de los ciudadanos/as que reclaman por su derecho a trabajar, a educación, salud, a un medio ambiente saludable y una jubilación digna. Tenemos que superar esta falsa dicotomía de derechos de circulación versus derechos de expresión y plantear en el debate todos los derechos involucrados. El derecho a la expresión y el derecho a la libre circulación tienen rango constitucional, pero no tienen la misma jerarquía. En democracia es fundamental que la ciudadanía ejerza su derecho a manifestarse, pero no existe un derecho fundamental a “no llegar tarde” o “no poder transitar por una calle”. Nos preocupa que la lectura sobre las manifestaciones políticas se restrinja a si hubo un piquete o a cuánto duró el corte de calle. Seamos solidarios, que el árbol no tape el bosque. Como socialistas promovemos la participación activa de la ciudadanía en defensa de sus derechos: las manifestaciones y protestas no son un mal necesario, sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos. No hay transformación sin participación. No imagino a Eva Perón llenando un formulario para organizar una manifestación para cambiar la historia. Groucho Marx estaría sorprendido de verificar los alcances de su arte. Desde el gobierno nacional han hecho corriente la práctica de hablar por izquierda y actuar por derecha. “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”, dijo Marx alguna vez. Leroy Ruiz Sartor, DNI 36.192.275 – Roca Juventud del Partido Socialista de Río Negro
Leroy Ruiz Sartor, DNI 36.192.275 – Roca Juventud del Partido Socialista de Río Negro
La semana pasada diputados/as del FpV presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de ley “Convivencia en manifestaciones públicas”. Fue una respuesta textual –otra más, y van…– al pedido de la presidenta de sancionar una “norma de respeto y convivencia urbana”, ya que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar” (palabras de la primera mandataria en ocasión de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo pasado). Los diputados del FpV Juan Manuel Pedrini (Chaco), Carlos Kunkel (Buenos Aires) y Diana Conti (Buenos Aires), entre otros, presentaron un proyecto para regular la protesta social titulado: “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”. El proyecto en líneas generales establece la distinción entre manifestaciones legítimas e ilegítimas (si, leyeron bien, una manifestación o protesta social puede ser declarada ilegítima), obliga a la notificación formal y con anticipación a autoridades policiales del lugar, tiempo, objeto y representante de la manifestación –se debe realizar un informe expeditivo sobre la naturaleza del reclamo– y estarán sujetas a una mediación civil del Ministerio de Seguridad para garantizar la circulación. Como si ello fuera poco, también reglamenta el uso de la fuerza policial en base a los principios de legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso y habilita la dispersión de la manifestación ilegitima a través del uso de la fuerza policial. Por último, garantiza una “adecuada” difusión en medios de comunicación públicos en caso de ser legítima y castiga a las manifestaciones ilegítimas dejando a criterio del mediador si son aptas para ser difundidas por los mismos medios. Este proyecto acompaña y profundiza el proceso de criminalización de la protesta social que se viene desarrollando en el país y que nosotros repudiamos, como lo manifestaron legisladores y legisladoras socialistas en el Congreso de la Nación al fundamentar su rechazo a la Ley Antiterrorista promovida por el gobierno nacional. Según relevamientos realizados por organismos de derechos humanos, existen hoy en el país más de 5.000 imputados/as que padecen esta persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos. Este proyecto de ley, que misteriosamente no se ha publicado aún en la web oficial del Congreso, afecta severamente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La respuesta del Estado no puede ser criminalizar o reprimir: desde el socialismo estamos convencidos que los conflictos se resuelven con escucha y diálogo, con la apertura de canales institucionales para que las partes se encuentren. Reconocemos que existen derechos en pugna: está el de expresión, de circulación, pero fundamentalmente están en tensión los derechos sociales de los ciudadanos/as que reclaman por su derecho a trabajar, a educación, salud, a un medio ambiente saludable y una jubilación digna. Tenemos que superar esta falsa dicotomía de derechos de circulación versus derechos de expresión y plantear en el debate todos los derechos involucrados. El derecho a la expresión y el derecho a la libre circulación tienen rango constitucional, pero no tienen la misma jerarquía. En democracia es fundamental que la ciudadanía ejerza su derecho a manifestarse, pero no existe un derecho fundamental a “no llegar tarde” o “no poder transitar por una calle”. Nos preocupa que la lectura sobre las manifestaciones políticas se restrinja a si hubo un piquete o a cuánto duró el corte de calle. Seamos solidarios, que el árbol no tape el bosque. Como socialistas promovemos la participación activa de la ciudadanía en defensa de sus derechos: las manifestaciones y protestas no son un mal necesario, sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos. No hay transformación sin participación. No imagino a Eva Perón llenando un formulario para organizar una manifestación para cambiar la historia. Groucho Marx estaría sorprendido de verificar los alcances de su arte. Desde el gobierno nacional han hecho corriente la práctica de hablar por izquierda y actuar por derecha. “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”, dijo Marx alguna vez. Leroy Ruiz Sartor, DNI 36.192.275 - Roca Juventud del Partido Socialista de Río Negro
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