Ipross pagará la deuda con los hospitales rionegrinos

Cancelará 120 millones de pesos. El compromiso se plasmó la semana pasada en un acuerdo firmado entre el gobierno provincial y ATE.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) cancelará una deuda superior a los 120 millones de pesos con los hospitales rionegrinos a razón de 10 millones mensuales en el marco de un cronograma que se pondrá en marcha entre los días 20 y 25 de cada mes, según acordó el gobierno con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Este sindicato designará un referente para fiscalizar el acuerdo y garantizar que los pagos se realicen en tiempo y forma, de acuerdo a lo que pudo saber “Río Negro” de los términos de la reunión de la semana pasada en la que el gobernador Alberto Weretilneck y parte de su gabinete se reunieron con el secretario de ese gremio, Rodolfo Aguiar.

“Hemos dado un paso muy importante. Finalmente se pudo conocer el monto final de la deuda y que se fije un cronograma de pagos. Vamos a realizar un seguimiento para que las cuotas se cancelen según lo convenido”, señaló Aguiar al término del encuentro realizado días atrás.

A su entender, “este logro es un avance de magnitud, ya que permitirá mejorar el financiamiento de los hospitales, engrosar los ingresos de los trabajadores y fortalecer al sistema sanitario público como una opción ante las insaciables corporaciones médicas privadas de la provincia”.

El gremio consideró que se trata de un importante avance que permitirá el ingreso inmediato de recursos a los 37 hospitales rionegrinos, garantizando de esta manera el funcionamiento de todos los servicios y el aumento de los sueldos de los trabajadores de la salud, ya que casi la mitad de ese monto deberá distribuirse entre el personal. Son unos 5.000 agentes los que perciben un adicional -demorado hasta el momento- dentro del sistema denominado Fondo de Obras Sociales (FOS).

El informe brindado por el presidente del Ipross, Claudio Di Tella muestra que ya se encuentran operativos y en la Tesorería General 40 millones de pesos, restando que se avance con los trámites del resto de los expedientes.

El gremio estima que lograr destrabar está deuda millonaria beneficia a los 155.000 afiliados que tiene la obra social provincial, ya que a su criterio “muchas veces estos son rehenes o víctimas de los intereses económicos voraces de las corporaciones médicas privadas y de esta manera se está fortaleciendo el sistema sanitario público para que pueda ser una opción o verdadera competencia a la hora de brindar la cobertura médica y social que se requiere”. Al abordarse este punto, Di Tella se comprometió ante los representantes gremiales a solucionar el conflicto que mantiene con los prestadores de la Zona Atlántica tomando en cuenta que llevan 20 días sin contar con servicios.

La otra gran pulseada por recomponer las acreencias de los 37 nosocomios públicos es cobrarle más de 80 millones de pesos al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (PAMI) que es el otro organismo que también tiene obligaciones incumplidas.

La actual gestión decidió que finalmente la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) asuma el cobro a las obras sociales por la atención de sus afiliados en los hospitales rionegrinos.

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Sin respuestas a los afiliados de Viedma

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Son las cuotas mensuales y consecutivas de 10 millones de pesos cada una, que acordaron para cancelar a deuda.
Una situación de indefensión total viven los afiliados al Ipross en esta capital pese a que la Justicia intervino para frenar la rescisión del convenio con las clínicas que dejó a miles de pacientes sin cobertura médica.
El juez civil Leandro Oyola, declaró admisible un amparo presentado por los gremios judicial, legislativo, de docentes, Soyem y la CTA. Pidieron la “inmediata normalización” de la obra social provincial.
Los afiliados se quedaron sin atención en consultorios y la realización de todas las prácticas médicas en los centros privados de Viedma y San Antonio Oeste tras la rescisión del vínculo contractual por parte de la Cámara de Prestadores de la Salud de la zona Atlántica.
El juez corrió traslado al Ipross y a la Fiscalía de Estado para que realicen su descargo por este tema. También se le dio intervención a la Defensora de Menores.
A raíz de este conflicto, la secretaria general de la seccional Viedma de la Unter, Clara Busso, admitió no entender la actitud de las clínicas de Viedma porque “están peleando por un aumento de 600.000 pesos pero con la baja del convenio están perdiendo de ganar ocho millones de pesos, en los 15 días que llevamos de corte”.

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