Pesatti valoró el efecto del pacto fiscal, pero para Mango es “antipopular”

Emiliana Cantera

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, aseguró hoy que “el pacto fiscal permitió una solución política del planteo bonaerense sobre el Fondo del Conurbano”, y que su provincia “podía haber perdido el equivalente a una masa salarial mensual y medio aguinaldo”, si el reclamo bonaerense tenía que ser resuelto por la Corte Suprema.

Así lo expresó el vicegobernador en declaraciones radiales luego que el viernes la legislatura de Río Negro avalara en una sesión extraordinaria el consenso fiscal firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el resto de los gobernadores con el gobierno nacional.

“Río Negro y otras provincias lograron no perder coparticipación por la recuperación del Fondo del Conurbano”, dijo Pesatti respecto a este acuerdo que incluye a los municipios, al invitarlos a adherir.

Con el acuerdo “la provincia se compromete a implementar políticas tributarias” que reduzcan impuestos distorsivos para promover la inversión, el empleo privado y el desarrollo económico.

El legislador del Frente para la Victoria (FpV), Marcelo Mango, se mostró crítico y consideró que el acuerdo “es antipopular” y “beneficia a la provincia de Buenos Aires compensando al resto de las provincias mediante un status quo de distribución de los ingresos”.

“Es antipopular porque va en contra de los rionegrinos, va en contra del país, para cualquier acuerdo político hace falta clima social, y acá ni siquiera se consultó a los municipios, merecíamos un debate mayor”, remarcó.

En una sesión que duró más de 10 horas el último viernes, el pacto fiscal obtuvo en la legislatura de Río Negro 25 votos a favor y 12 en contra.

El acuerdo fiscal se enmarca en el programa de reducción de la carga tributaria impulsado por el Estado Nacional para lograr una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).

Mediante el compromiso rubricado el 16 de noviembre pasado por los gobernadores y el Ejecutivo Nacional, las partes firmantes se comprometieron también a “acordar una solución integral y realista a los conflictos judiciales suscitados entre ellas y emprender el diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal”.