Proponen que víctimas de trata tengan trabajado asegurado en Neuquén
La iniciativa propone que el sector público reserve por lo menos el 1% de puestos de trabajo para personas víctimas de trata. Para empresas privadas establecería beneficios impositivos.
La diputada Lorena Parrilli presentó el proyecto. Foto: Florencia Salto.
La diputada por el bloque del Frente de Todos, Lorena Parrilli presentó un proyecto de ley para que se efectivice la inclusión laboral a personas víctimas de trata en Neuquén. Propuso que al menos el 1% del cupo laboral en el sector público esté destinado a contratarlas y que el sector privado obtenga beneficios impositivos. El objetivo es que «puedan ser reinsertadas en el mercado laboral de forma totalmente libre de violencia y/o clandestinidad«, señaló.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la nación, las estadísticas de la Línea 145 para asistencia y denuncias por trata de personas, señalaron que desde el 2015 al 2021 se recibió un total 11815 denuncias. De estas, 255 son a la provincia de Neuquén. Por lo que en el proyecto se detalló que es importante que el Estado no solo «rescate a las víctimas», sino que «hay que dotarlo de herramientas para acompañarlas, para que puedan salir de la situación de sumisión, sometimiento y dependencia».
Por esta razón, buscarán estimular la contratación a los distintos sectores. En el ámbito privado, las empresas podrán obtener un Crédito Fiscal cuando se haga efectivo el empleo, que podrá destinar al al pago de impuestos provinciales. Este será equivalente al 100% de los aportes patronales que se hagan en el marco de este proyecto. La dirección provincial de rentas de la provincia «reglamentará las formas, requisitos, plazos, para la obtención y aplicación del Crédito Fiscal», reflejó el proyecto.
Por otra parte, en el ámbito público propusieron reservar por lo menos el 1% de los puestos de trabajo para las personas que cumplan con los requisitos necesarios. Esta proporción deberá calcularse sobre el total del personal en planta permanente, transitoria y contratada, cualquiera sea la modalidad.
En el proyecto se planteó que el Estado deberá garantizar los espacios de educación formal de nivel primario y secundario y «un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y/o profesional» para quienes no reúnen las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos. «Las víctimas de trata y explotación de personas que acceden a estas becas de capacitación deben ser efectiva e inmediatamente ocupadas una vez finalizada la formación exigida para el puesto reservado», señaló.
Para este proyecto, se creará un registro provincial confidencial en el que figurarán datos personales, antecedentes educativos y laborales, aptitudes y preferencias laborales de los aspirantes a los puestos laborales. «La inscripción en este Registro no se considerará requisito, en ningún caso, para el ingreso de personas víctimas de trata y explotación de personas a un empleo en el Sector Público provincial», aseguraron en el escrito.
«Si las personas entraron a un circuito de explotación es porque no tuvieron contención, educación, red, apoyo, estima y autosuficiencia para seguir otro camino» por lo que «si el Estado no brinda herramientas luego de los rescates, no hace nada para reparar estas vidas«, cerró Parrilli.
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