Relato no exportable
Puede que “el relato” confeccionado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores, según el cual el gobierno que encabeza está luchando para liberar la Argentina del imperialismo intelectual ajeno, le haya reportado muchos beneficios políticos internos, pero en otras latitudes sólo ha producido problemas innecesarios, como acaba de recordarnos la reacción de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Nueva York frente a los argumentos esgrimidos por los representantes argentinos que procuraban convencerlos de que fue injusto el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó al país pagar todo el dinero que reclaman los llamados “fondos buitre”. Para desconcierto del vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que asistían a la audiencia, los jueces les informaron que están más interesados en la ley que en las prioridades políticas del kirchnerismo y que, de todos modos, no están dispuestos a tratar con benevolencia a quienes afirman, con prepotencia, que desconocerían cualquier fallo que no les gustara. Aunque la Corte neoyorquina ofreció al gobierno una salida al pedirle un plan de pago detallado, mientras que Cristina, en el discurso ante el Congreso, dijo estar dispuesta a permitir que los holdouts reciban lo mismo que “el otro 93%” de los acreedores, de suerte que tendremos que esperar varias semanas antes de que los jueces anuncien la decisión final, el choque entre el ya mundialmente famoso estilo K y el frío legalismo de los juristas norteamericanos tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros al difundirse la impresión de que los jueces apoyarían plenamente a su colega Griesa que, al sentirse exasperado por la retórica agresiva y sumamente politizada de Cristina y otros voceros oficiales, llegó a la conclusión de que sería intolerable permitir que el gobierno argentino siguiera mofándose de las reglas internacionales. Antes de iniciarse el capítulo más reciente de la según parece interminable saga de la deuda, los defensores más lúcidos de la postura del gobierno kirchnerista señalaron que le convendría limitarse a subrayar las eventuales consecuencias para la economía mundial de una sentencia adversa que, decían, haría más difíciles las negociaciones con los acreedores de países fuertemente endeudados como Grecia y plantearía una amenaza al prestigio de Nueva York como un centro financiero clave, absteniéndose de pronunciar declaraciones combativas para el consumo interno. Por desgracia, los kirchneristas optaron por asumir una actitud desafiante, cuestionando en efecto la autoridad del tribunal, por suponer que los jueces temerían provocar una nueva crisis, pero en opinión de muchos la estrategia así supuesta ha sido contraproducente, de ahí la paliza que sufrieron los papeles argentinos en los mercados y el aumento abrupto del índice país que se acerca al ostentado por Grecia. Los asustados por la posibilidad de que, por enésima vez, la Argentina caiga en default, si bien en esta oportunidad se trataría de una “técnica”, quisieran alejarse cuanto antes del país, lo que, de más está decirlo, incidirá profundamente en el ánimo de los inversores en potencia. Puesto que la Argentina ya se ha acostumbrado al aislamiento y, para más señas, el gobierno raramente presta atención a los fallos de tribunales externos, la eventual confirmación del fallo de Griesa no se haría sentir enseguida. Con todo, aun cuando los costos políticos para el gobierno sean mínimos, los económicos resultarían muy elevados. La Argentina ya ha pagado un precio enorme por el default de fines del 2001 que le ha impedido sacar provecho del torrente de inversiones que, como reacción ante el estancamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, ha inundado a los países “emergentes”. Es por este motivo que, a diferencia de tantos otros países así denominados, ha dejado de crecer y corre peligro de caer en una recesión prolongada acompañada por la tasa de inflación más alta del planeta. Pero, claro está, los millones que se han visto directamente perjudicados por las oportunidades perdidas no suelen darse cuenta de que les ha tocado pagar los costos de los errores cometidos por gobernantes habituados a atribuir las penurias de las víctimas de su insensatez a la hostilidad foránea o la mezquindad de sus adversarios locales.
Puede que “el relato” confeccionado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores, según el cual el gobierno que encabeza está luchando para liberar la Argentina del imperialismo intelectual ajeno, le haya reportado muchos beneficios políticos internos, pero en otras latitudes sólo ha producido problemas innecesarios, como acaba de recordarnos la reacción de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Nueva York frente a los argumentos esgrimidos por los representantes argentinos que procuraban convencerlos de que fue injusto el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó al país pagar todo el dinero que reclaman los llamados “fondos buitre”. Para desconcierto del vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que asistían a la audiencia, los jueces les informaron que están más interesados en la ley que en las prioridades políticas del kirchnerismo y que, de todos modos, no están dispuestos a tratar con benevolencia a quienes afirman, con prepotencia, que desconocerían cualquier fallo que no les gustara. Aunque la Corte neoyorquina ofreció al gobierno una salida al pedirle un plan de pago detallado, mientras que Cristina, en el discurso ante el Congreso, dijo estar dispuesta a permitir que los holdouts reciban lo mismo que “el otro 93%” de los acreedores, de suerte que tendremos que esperar varias semanas antes de que los jueces anuncien la decisión final, el choque entre el ya mundialmente famoso estilo K y el frío legalismo de los juristas norteamericanos tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros al difundirse la impresión de que los jueces apoyarían plenamente a su colega Griesa que, al sentirse exasperado por la retórica agresiva y sumamente politizada de Cristina y otros voceros oficiales, llegó a la conclusión de que sería intolerable permitir que el gobierno argentino siguiera mofándose de las reglas internacionales. Antes de iniciarse el capítulo más reciente de la según parece interminable saga de la deuda, los defensores más lúcidos de la postura del gobierno kirchnerista señalaron que le convendría limitarse a subrayar las eventuales consecuencias para la economía mundial de una sentencia adversa que, decían, haría más difíciles las negociaciones con los acreedores de países fuertemente endeudados como Grecia y plantearía una amenaza al prestigio de Nueva York como un centro financiero clave, absteniéndose de pronunciar declaraciones combativas para el consumo interno. Por desgracia, los kirchneristas optaron por asumir una actitud desafiante, cuestionando en efecto la autoridad del tribunal, por suponer que los jueces temerían provocar una nueva crisis, pero en opinión de muchos la estrategia así supuesta ha sido contraproducente, de ahí la paliza que sufrieron los papeles argentinos en los mercados y el aumento abrupto del índice país que se acerca al ostentado por Grecia. Los asustados por la posibilidad de que, por enésima vez, la Argentina caiga en default, si bien en esta oportunidad se trataría de una “técnica”, quisieran alejarse cuanto antes del país, lo que, de más está decirlo, incidirá profundamente en el ánimo de los inversores en potencia. Puesto que la Argentina ya se ha acostumbrado al aislamiento y, para más señas, el gobierno raramente presta atención a los fallos de tribunales externos, la eventual confirmación del fallo de Griesa no se haría sentir enseguida. Con todo, aun cuando los costos políticos para el gobierno sean mínimos, los económicos resultarían muy elevados. La Argentina ya ha pagado un precio enorme por el default de fines del 2001 que le ha impedido sacar provecho del torrente de inversiones que, como reacción ante el estancamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, ha inundado a los países “emergentes”. Es por este motivo que, a diferencia de tantos otros países así denominados, ha dejado de crecer y corre peligro de caer en una recesión prolongada acompañada por la tasa de inflación más alta del planeta. Pero, claro está, los millones que se han visto directamente perjudicados por las oportunidades perdidas no suelen darse cuenta de que les ha tocado pagar los costos de los errores cometidos por gobernantes habituados a atribuir las penurias de las víctimas de su insensatez a la hostilidad foránea o la mezquindad de sus adversarios locales.
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