Réquiem por la fruticultura

La actividad se desmorona a dramática velocidad. Productores están asfixiados y las firmas colapsan. Chacras y fruta son abandonadas. Miles arriesgan su patrimonio o el empleo. ¿Pueden los gobiernos estar impasibles frente a esta prioridad?



Maquinaria destartalada y yuyos por doquier. Postal del abandono que se repite en muchas chacras del Alto Valle.

Maquinaria destartalada y yuyos por doquier. Postal del abandono que se repite en muchas chacras del Alto Valle.

La reciente convocatoria de acreedores de una de las empresas líderes en la exportación frutícola, ha puesto nuevamente en escena el oscuro panorama que presenta la actividad y el riesgo de que se sumen nuevas deserciones en el ya abrumador listado de bajas perdidas en acción. Existen pocas dudas de que se está en un problema de magnitud hasta ahora desconocida, pero es posible que no se advierta la intensidad del deterioro producido.

Hay muchos elementos objetivos para percibir la dimensión del desastre. Una década atrás y durante casi un siglo de actividad, una hectárea de manzana o pera tenía un valor que duplicaba y hasta triplicaba el de una hectárea de trigo o maíz en la zona núcleo de la pampa húmeda. Hoy, el precio de una hectárea en el Alto Valle no alcanza a la mitad del valor de la misma superficie en la zona Pergamino.

En realidad, esta comparación no refleja en toda su intensidad el derrumbe de su precio.  En la actualidad el valor de una hectárea bajo riego sin plantación es superior a una hectárea plantada por manzanas o peras de la mayoría de las variedades que constituyen el grueso de la producción frutícola de la región. Se ha vuelto al pasado y propietarios empobrecidos han optado por retornar a cultivos pre frutícolas como la alfalfa o experiencias dudosas como el maíz, en desventajosa competencia con la zona pampeana. Solamente un reducido grupo de empresarios tiene capacidad financiera para poder renovar sus plantaciones y competir en el exterior.

El aparato productivo está desmoronándose a una velocidad desconcertante. La mayoría de las grandes empresas exportadoras ha colapsado. La más reciente, Ecofrut, se suma a la larga lista de las que han desaparecido por cierre o por absorción, encabezadas por la mayor compañía argentina, Expofrut, acompañada de nombres rutilantes como Moño Azul, Liguori, Salentein, Mc Donald y otras de menores pergaminos. No hay cifras disponibles de la cantidad de explotaciones abandonadas, pero son visibles en cantidad creciente y las estimaciones privadas calculan que no se va a detener hasta alcanzar a la mitad de las existentes, que son las estrictamente necesarias para abastecer el mercado interno y reducir la exportación a las que pudieron renovarse.

Aunque los problemas de modernización y competitividad empezaron con anterioridad, el derrumbe de la actividad se produjo durante el decenio kirchnerista. En ese período dos factores sacaron a la actividad de la pista en la exportación hacia los mercados tradicionales. El atraso cambiario, por un lado, y el alto costo de la mano de obra (medida en dólares) por el otro. En ese lapso, además, se produjeron cambios notables en el mundo en la productividad del cultivo y en las preferencias del consumidor, que convirtieron a distintas variedades de pera y de manzana en mercancía invendible. Aparecieron nuevos clones con variaciones notables y nuevos jugadores en la competencia: los países del este y centro europeo y, en especial, el gigante chino. Durante ese período Argentina desapareció de las góndolas alemanas y debió buscar abrigo en mercados secundarios como el ruso, menos exigente en calidad y menos confiable en precio y cumplimiento.

El actual gobierno pareció mejorar las perspectivas de la actividad con la eliminación del cepo cambiario y (a su pesar) con el devalúo de la moneda, pero anuló esas ventajas y aun llegó más lejos con el impuesto a la exportación y la eliminación de los reintegros. Apeló a estas medidas extremas, no por convencimiento sino por necesidad. Aunque un sector alineado ideológicamente con el peronismo lo critique acerbamente, las medidas adoptadas por el presidente Macri están apoyadas por el FMI, los gobernantes de los países latinoamericanos exceptuando Cuba y el eje bolivariano, los europeos, Estados Unidos, Canadá, la abrumadora mayoría de los economistas de todo el mundo y una cantidad sorprendente de argentinos que, a pesar del momento difícil, mantienen su adhesión.  Esas personas no recomiendan esta política porque sean despiadadamente crueles y disfruten con el sufrimiento argentino, sino porque no existe un método alternativo para combatir la inflación. En otras palabras, ésta solo cede cuando la economía cae en una recesión severa.

No ha pasado lo peor, como afirma Macri, sino que estamos en el momento más difícil y todavía van a pasar varios meses antes de que la inflación retroceda. Pero eso no significa que no haya errores que pueden causar daños irreparables y que deban ser corregidos. Uno de los más urgidos es el de la producción en áreas bajo riego.

Los precios internacionales colocaron a los cultivos tradicionales en una etapa de esplendor en el gobierno de Kirchner y fueron letales para la actividad frutícola. Ahora nuevamente el impacto del impuesto en la fruticultura es muy diferente al que produce en los cultivos anuales. La actividad frutícola es una actividad industrial de alto valor agregado. Las diferencias con la soja, el maíz o el trigo son abismales. Por cada dólar que se exporta en esos commodities, más del 80% del ingreso corresponde al valor del producto agrícola. En cambio en la exportación frutícola la ecuación se invierte y la menor parte corresponde a la materia prima. En la explotación agrícola pampeana, el salario insume menos del 5% del valor de exportación. En la fruticultura la mano de obra representa el 50% del costo de producción en el predio y el 40% en el empaque. Cuando se exporta una caja de manzanas el componente principal de la exportación no es la manzana sino la mano de obra. El resto, fertilizantes y agroquímicos, frío, envases y fletes completan el valor agregado de origen industrial.

En consecuencia el impacto del impuesto en uno u otro sector es muy diferente. Explicado en la forma más sencilla posible, cuando se exporta soja, el impuesto del 10% del valor FOB, se lleva el 12 o el 13% del valor que percibe el agricultor. Cuando se trata de una caja de pera o manzana, el impuesto se lleva desde la mitad hasta la totalidad del monto que debía ir al productor. Buena parte de las exportaciones frutícolas se encuentra en esa situación. Hay multitud de operaciones con precios distintos y los costos no son iguales, de manera que es casi imposible establecer parámetros confiables. Pero no hay duda de que en la mayoría de los casos, el impuesto se torna confiscatorio.  

La porción del territorio rionegrino ubicada al norte del río, contiene dos tercios de la población total de la provincia y su principal actividad es la agroindustria. Su decadencia debería ser el principal problema del gobierno y de los ciudadanos votantes. Sin embargo, apenas fue un tema menor en las últimas elecciones y los candidatos forzados a responder sobre el particular contestaron con banalidades o recurrieron a propuestas fuera de escala.  Un ingrediente más del  extraño escenario, es que, tal vez confundida con la recesión nacional, no hay registro específico de la repercusión de la crisis frutícola sobre el resto de la actividad económica, Es posible que el descalabro no haya arrastrado todavía al resto de la economía, es decir al  comercio o a los servicios, porque la desocupación ha sido compensada en parte con el fenomenal crecimiento del empleo público,  que se ha expandido con los mayores recursos que proceden de los impuestos nacionales coparticipables y regalías petrolíferas y porque Vaca Muerta está convirtiéndose en un imán de empleo bien remunerado, que desborda los límites de Neuquén y repercute en la zona del Alto Valle. De esta manera se da el curioso caso de que un gobierno, que se supone representa el capitalismo moderno, privilegie al sector público de una provincia y deje que se arruine una actividad privada que en su momento fue un modelo rutilante de prosperidad en la economía nacional.

Si el gobierno nacional mantiene las retenciones, se desembocaría en una pesadilla inimaginable. Sin razón aparente que lo justifique, un gobierno partidario de la libre empresa condenaría a este sector económico a la extinción y miles de personas perderían su patrimonio o su empleo.  Es cierto que aún cuando se anulara el impuesto, esto no sería suficiente por sí para hacer rentable la producción. Reparar el daño producido en la última década y reinsertarse en la competencia por los mercados exteriores exigirá un esfuerzo gigantesco y dejará el tendal de heridos en el camino. Con el impuesto vigente no hay destino posible para nadie.

Es posible que factores exteriores tal vez inevitables, además de las políticas destructivas de los gobiernos pasados, estén en la raíz de algunos de los problemas estructurales del sector. Pero no cabe dudas de que el gobierno nacional con su impuesto y la falta de vigor en el reclamo del gobierno provincial, están contribuyendo eficazmente a acelerar el proceso de descomposición y  cierran todo resquicio por donde se pueda filtrar  alguna expectativa de esperanza en el futuro.


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