Revés anticipado contra la Ordenanza Antifracking de Fernández Oro

Tras la conocida Ordenanza Antifracking, que fue sancionada por el Deliberante de Fernández Oro en mayo de este año, la empresa YPF y Ysur presentaron un pedido de inconstitucionalidad en contra de la comuna orense. Desde el Ejecutivo trasladaron la responsabilidad al concejal del Ari, Claudio Correa, ya que este fue quien impulsó la regulación. El hecho fue anticipado desde el año pasado, cuando trabajaban en una nueva ordenanza que ponga limites a la actividad hidrocarburifera.

Las firmas que iniciaron el reclamo legal están amparando su determinación en la Constitución Nacional, Provincial y sobre la base de la Ley Federal de Hidrocarburos. En esto, los municipios tienen escasa capacidad de acción, ya que este tipo de legislaciones han sido declaradas inconstitucionales en cada caso que ha sido sancionado.

Mediante un comunicado, el gobierno de Fernández Oro destacó que el Ejecutivo “siempre ha estado en desacuerdo con el avance de cualquier actividad sobre zonas productivas”, pero resaltaron que “este tipo de ordenanzas han sido declaradas inconstitucionales en todos los casos”, y puntualizaron que “nunca han aportado algún tipo de solución al medio ambiente, a los vecinos ni al tema de fondo, generando sólo importantes gastos en materia de costas judiciales”, las cuales terminan afrontando los contribuyentes.

Además, acusaron a los concejales Christian Artero y Claudio Correa, que defendieron el proyecto que buscaba prohibir el método extractivo de fracturación hidráulica en el ejido urbano, de utilizar esta temática para hacer “un gran despliegue político con este tema y en los medios de comunicación”. Es por ello que Martín Rebaliatti, asesor legal del municipio elevó una copia del reclamo legal al Deliberante, con el objetivo de que estos ediles “participen activa y protagónicamente en la contestación”, ya que consideró que “son ellos los que han generado este problema y son ellos los responsables de que hoy seamos demandados”, protestó.

“El Municipio va a contestar el pedido de inconstitucionalidad, y lo hará de acuerdo a la defensa que les hagan llegar los ediles por entender que han sido éstos los que, además de haber generado una falsa expectativa en la gente, han puesto a Fernández Oro en peligro de ser condenados en costas por un juicio que no tiene ninguna chance de favorecer al Municipio”, afirmó.