Río Negro: la Legislatura revisará la ley de discapacidad

Se acordó una comisión para su analizar la “pertinencia, vigencia y eficacia” de las actuales acciones de protecciones de derechos contemplados. El plazo de evaluación será seis meses.

Se creará una comisión especial para analizar y reformar el régimen de promoción integral de las personas con discapacidad. La Legislatura aprobó su conformación con representantes de los otros Poderes y otorgó un plazo de seis meses para proponer modificaciones.

Esa norma, N° 2055, fue sancionada hace 35 años y, desde entonces, se dieron modificaciones pero la realidad ya impone un análisis global de la mencionada ley.

Esta iniciativa, sancionada en la última sesión, fue impulsada por los legisladores del Frente de Todos, María Eugenia Martini, Daniel Belloso y Alejandro Marinao.

En la segunda vuelta se realizaron cambios, puntualmente en la integración de la Comisión y quedó con 13 miembros: tres representantes del gobierno (de Salud, de Educación y del Consejo para las Personas con Discapacidad), seis legisladores (tres por la mayoría y tres por las minorías), un partícipe del Ipross, otro de la Defensoría del Pueblo, uno de “las ONGs que tengan por objeto la protección de los derechos de las personas con discapacidad” y un miembro por “los Consejos Locales para Personas con Discapacidad”.

Además, se plantea que las designaciones se darán dentro de los 30 días de la vigencia de la ley. La comisión tendrá 180 días para expedirse en el objeto de “revisar la pertinencia, vigencia y eficacia de las acciones de protección de derechos contemplados” en la ley 2055, de “acuerdo a la realidad
actual y asegurar el cumplimiento de los mismos, acorde con las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Esa norma sancionada en 1985 -con su reglamentación dos años después- respondía a la necesidad de dar visibilidad a las personas con discapacidad.

Se sucedieron, con los años, reformas aunque, en la actualidad, “los planteos indican que esa ley merece modificaciones a partir de la presencia de una mayor complejidad en los problemas que, en general, afectan a las personas con discapacidad y a sus familias”. Se “permite advertir una serie de nuevos temas a incorporar”, “como enfermedades propias del envejecimiento que provocan con el tiempo discapacidad”. También “persisten marcadas realidades de exclusión y discriminación respecto de amplios sectores de la población que presentan una discapacidad”.


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