Río Negro Online / opinión

La educación no ha sido prioridad para los sucesivos gobiernos radicales de la provincia. Cobijados en un discurso seudo- progresista que adoptó legislación superior, estableciendo los derechos sociales e individuales en forma clara (Constitución provincial y ley 2.444), no generaron acciones concretas para garantizarlos y, es más, desarrollaron políticas en sentido inverso. La educación ha sido, inclusive, variable de ajuste: las rebajas salariales establecidas por el decreto 5/97 (10%) y la ley 2.983 (hasta el 19,8%), así como el congelamiento del rubro antigüedad, los cargos eliminados en áreas vitales como el ex Servicio de Apoyo Técnico, la eliminación de la reforma del Nivel Medio, los aguinaldos no pagados, la persistente demora en el pago de los salarios, etc., etc., etc. Los resultados de esta desorganización, improvisación y negligencia en el manejo de la cosa pública los tenemos los rionegrinos a la vista: en el 2002 las clases comenzaron en junio, persiste el problema serio y endémico de la falta de mantenimiento de edificios escolares sin canales claros de resolución, valores de desgranamiento escolar que alcanzan al 27% en el nivel primario y al 60% en el nivel medio, índices de repitencia del 8,4% y 16,2% respectivamente y sobreedad que alcanza al 29,4% de los alumnos. Nos preguntamos cuando llegamos a estos extremos si pueden hablar de gestión, si pueden hablar de calidad en educación cuando los rionegrinos estamos tratando de alcanzar esos niveles que hace unos años atrás estaban presentes como algo básico. Creemos que la calidad educativa es derecho social. En función de este concepto, una gestión eficiente podrá revertir esta situación porque entonces «calidad» significa: inversión educativa, recuperación de contenidos socialmente valiosos, construcción de lazos humanos democráticos. Se trata de un proceso dinámico, inseparable del contexto en el cual se constituye y se desarrolla el acto educativo, en el cual entran en juego las condiciones del trabajo docente, los recursos e insumos disponibles, las expectativas del docente, del alumno y su familia, las estrategias didácticas, la formación docente. Adherimos a un proyecto educativo, como define Silvia Barco en su trabajo «La Transformación Educativa de la Década del «90», fundado en: – «la principalidad del Estado en materia educativa»; – «la conceptualización de la educación como un derecho social y un bien común»; – «la definición de los alcances del derecho a la educación, instituyendo el reconocimiento jurídico y la garantía material de sus tramos constitutivos: acceso, permanencia, egreso y recurrencia»; – «un sistema educativo definido en aras de su contribución a la inclusión y democratización social, en contraposición a los falaces argumentos de diversidad u homogeneidad instalados sobre el ocultamiento de las desigualdades sociales»; – «la organización de un sistema educativo de excelencia ligado a una política de investigación educativa que sustente las decisiones y comprometido con una formación que permita defender y ampliar derechos civiles, sociales y políticos, preparando para el trabajo y para la vida política y social»; – «escuelas en las cuales el conocimiento sea la herramienta fundamental, con maestros que tienen autonomía y responsabilidad colectiva para decidir sobre la intervención pedagógica, con condiciones materiales y laborales dignas para desarrollar su tarea»; – «una política de formación docente que contribuya a lo anteriormente señalado y que reconozca la dimensión social y política de la tarea docente»; – «una clara política de financiamiento que contemple genuinas fuentes de recursos y democráticos mecanismos de distribución de los mismos»; – «una política de infraestructura educativa que haga realidad el derecho a la educación para todos». – «la organización de un gobierno y una administración del sistema educativo basado en la participación real y colegiada de maestros y padres»; Creemos en que el sostenimiento de un sistema educativo se basa en los consensos alcanzados; pero esto no significa deliberación constante. Pensamos en una gestión dinámica que implique una atención permanente a las dificultades que presente el sistema educativo y que impulse y ejecute las decisiones alejadas de cualquier gatopardismo. Necesitamos cambiar la situación actual. Creemos en una gestión con decisiones responsables, coherentes, despartidizadas y que la fortaleza de la misma se sostiene en una idea muy firme de lo que se pretende hacer. En este marco presentamos diez medidas que son garantía de gobierno en materia educativa: 1. Impulsaremos como política educativa el recorte de gastos políticos en todas las áreas del Estado y la revisión del funcionamiento de las empresas públicas. El producido lo volcaremos en la emergencia a educación, salud y seguridad. 2. Instrumentaremos una red solidaria conformada por agentes públicos y organizaciones no gubernamentales para detectar niños y jóvenes fuera del sistema, y arbitraremos los medios para incorporarlos. 3. La administración del sistema en su primera etapa la reduciremos a su mínima expresión, eliminando toda estructura superflua y burocrática, orientando todos los esfuerzos a lograr 180 días de clases, con establecimientos en condiciones y a bajar los índices de repitencia y ausentismo. 4. Elaboraremos un digesto de normativas que atañen al sistema educativo con el objeto de eliminar normas contradictorias que afectan al normal desenvolvimiento del mismo. Aceptaremos como válidas y someteremos a actualizaciones y/o modificaciones que correspondan a las leyes sancionadas en Río Negro producto del consenso; ej.: 2.444 Ley Orgánica de Educación. 5. Incorporaremos en forma urgente un representante de los padres en la estructura de gobierno del Consejo Provincial de Educación. 6. Impulsaremos la elaboración del presupuesto educativo en forma participativa con pautas que serán fijadas por el Poder Ejecutivo según criterios propios de cómo debe funcionar la administración. Garantizaremos el financiamiento con recursos genuinos. 7. Modificaremos la currícula para crear una asignatura que contemple técnicas de estudio y comprensión de textos. Con los criterios pedagógicos adecuados, seguramente bajarán sensiblemente los índices de repitencia. 8. En educación no formal instrumentaremos cursos rápidos de capacitación en las áreas agrícola e industrial para posibilitar el ingreso a fuentes laborales. Brindaremos apoyo tecnológico y administrativo a microemprendedores y pymes. 9. Dispondremos que la capacitación será continua, permanente y sistemática y estará a cargo de la Universidad Nacional del Comahue y los institutos de formación docente. 10. Llamaremos a un congreso a fin de evaluar diseños curriculares, métodos de evaluación y cualquier otro punto que conlleve a la elevación de la calidad educativa. La participación será abierta y las conclusiones formarán parte de las resoluciones que deberá emitir el Consejo Provincial de Educación. (*) Ingeniero. Ex legislador provincial. Equipos Técnicos – Encuentro de los Rionegrinos