Río Negro otorgará escrituras gratis en 5.000 viviendas del IPPV

El beneficio se orienta a las unidades en “conjuntos habitacionales”. Alcanzará a adjudicatorios con planes cancelados o con deudas. Esta situación irregular origina un costo adicional a IPPV que debe pagar las reparaciones judicializadas.




El gobierno provincial implementará un plan de “escrituración gratuita de las viviendas” en “ complejos horizontales o colectivos”, financiadas y construidas por el IPPV.

Esas unidades se realizaron hace tres décadas y suman unas 10.000, distribuidas en las seis ciudades principales. La mitad están escrituradas mientras que las otras 5.000 siguen perteneciendo al instituto, a pesar que unas 2.500 cancelaron sus planes y el resto mantiene cuotas adeudadas.

El programa de regularización está orientado exclusivamente a esos adjudicatorios para darle un “cierre definitivo”, explicó ayer la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos en el Plenario de la Legislatura al defender el proyecto que instaura ese sistema. No existieron mayores reparos y todo indica que se transformará en ley en la sesión del próximo martes 5.

Un argumento oficial es “otorgarle seguridad jurídica a los adjudicatorios”, pero también existe una derivación costosa para el IPPV. Los fundamentos plantean que “en muchos casos” frente a la “irregularidad en la titularidad” recae en el instituto cargo de reparaciones judicializadas de las unidades habitacionales, “causando un perjuicio económico para el erario público”.

Unidades con deudas

2.500
adjudicatarios tienen cuotas impagas en sus viviendas de complejos, construidos hace más de tres décadas.

También se agrega que esta situación “redunda en un desincentivo para la población beneficiaria de planes habitacionales -en muchos casos entregados desde hace más de veinte años- a perseguir su escrituración” y, además, “inhibe el sentimiento de propiedad de las viviendas y de los espacios comunes, en orden al mantenimiento regular de las mismas”.

Frente al Plenario, Raventos resaltó que el propuesto mecanismo de gratuidad alcanza a la totalidad de las adjudicatarios que aún no tienen escrituras, precisando que los deudores lo harán con hipotecas y que la reglamentación definirá el esquema de cumplimiento de las cuotas pendientes.

Foto: Marcelo Ochoa

El “régimen” sólo comprende a viviendas de “conjuntos habitacionales o se encuentren sometidas al régimen de propiedad horizontal”. Requiere que “el adjudicatario o su grupo familiar conviviente deben destinar al inmueble como vivienda y no deben poseer otro en su patrimonio, ambas cuestiones acreditadas por declaración jurada”. No deben “haber sido beneficiarios de ningún otro plan oficial de viviendas”. El titular que “no esté ocupando la unidad por haberse mudado transitoriamente a otra ciudad” puede solicitar la escrituración gratuita, siempre que cumpla con aquellos requisitos: no tener otra vivienda y no haber accedido anteriormente a un plan habitacional estatal.

En su exposición, Raventos recordó que las viviendas colectivas, horizontales o escaleras de Río Negro “tienen de 35 a 40 años, con las últimas construidas en el 1992”. Incluso, expresó su oposición a esa edificación porque derivó en “mayor hacinamiento” y “deterioro” de las condiciones de vida.


El proyecto tuvo ayer dictamen del Plenario de Comisiones y estará en el temario de la sesión legislativa del martes 5, descartándose su aprobación.


Otro obstáculo -que se intenta resolver con el proyecto gubernamental- es simplificar la presentación de los planos frente a los requerimientos y regularizaciones solicitadas por los municipios ya que muchas viviendas realizaron ampliaciones. La iniciativa precisa que en los “planos de obra a utilizar se deben volcar solamente las construcciones realizadas o financiadas por el IPPV”.

Aclara que “las mejoras y ampliaciones se consignen en las notas” y los adjudicatorios deberán tramitar su “regularización ante el municipio, una vez que se transfiera el dominio a su nombre”.

Posteriormente, el artículo 10 ratifica que el “Estado Provincial asegura la gratuidad de la escrituración” de las viviendas comprendidas, a “través de la Escribanía General de Gobierno”.

En la fundamentación, el gobierno reconoce que la ley N° 4.842 estableció la “amortización en las viviendas -que actualiza los precios según las publicaciones de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación” y “provoca un incremento imposible de afrontar por sus habitantes, la mayoría provenientes de sectores vulnerables”. Agrega que en los casos de permutas, el IPPV debe cumplir con “una re-adjudicación” y la misma “debe ser hecha por un precio ajustado al programa de esos nuevos valores, lo que deviene excesivamente oneroso”.


Un millar de escrituras en año y medio


La gobernadora Arabela Carreras encabezó ayer un acto en Viedma de entrega de 36 escrituras, resaltando que el IPPV totalizó un millar de trámites definitivos.

El gobierno señala que en el último año y medio existieron 2.300 cancelaciones de deuda, con casi 1.000 escrituras.
En el encuentro, realizado en el club Villa Congreso, la mandataria manifestó que estas entregas “hace a un política pública que equipara y completa derechos”.

Recordó que durante “décadas no se pudieron el título de su vivienda” y que viene a “completar derechos”, porque “no alcanza solo con la entrega de la casa, el título garantiza la permanencia de esta familia en la vivienda, la herencia a los hijos y la posibilidad de ingreso al mercado inmobiliario”.


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