Río Negro también evalúa si congela la tarifa eléctrica

La decisión del gobierno nacional de congelar las tarifas de servicios públicos por seis meses tiene un impacto desigual en la región. En el caso del gas, todo el país está alcanzado por la medida pues se trata de un ámbito de regulación federal, pero en materia eléctrica, el presidente Alberto Fernández sólo tiene facultades sobre la generación y el transporte. De todos modos, la secretaría de Energía de Río Negro comenzó a evaluar la aplicación de un freno similar en las boletas de Edersa y las cooperativas de Bariloche (CEB) y Río Colorado (Cearc).

Andrea Confini, que es la secretaria de Energía del gobierno de Arabela Carreras, le explicó a Río Negro que el 60% del precio final de la electricidad corresponde al costo de abastecimiento (generación y transporte). La regulación provincial alcanza entonces sobre lo que se llama “valor agregado de distribución” (VAD).

“Los incrementos salariales siempre los incorporamos”, advirtió Confini. Efectivamente se trata de un mecanismo más o menos automático de incorporación de costos en el precio final: los acuerdos homologados por la autoridad laboral se reconocen en la tarifa.

Es una decisión que adopta el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

“Lo que estamos evaluando es el costo no salarial”, añadió la funcionaria. Confini advirtió que cualquier decisión en este sentido debe tener en cuenta la calidad del servicio y la necesidad de inversiones.

“Nosotros tenemos que cuidar que las mejoras que se hicieron no se deterioren porque si no vamos a volver al punto de partida”, fueron las palabras de la funcionaria, que hasta el 9 de diciembre fue la subsecretaria de Energía Eléctrica.

Según los registros oficiales, los índices de calidad del servicio han mejorado en los últimos años.

En reglas generales, el EPRE le ha ido concediendo a las dos cooperativas eléctricas que funcionan en la provincia reconocimientos de sus costos, pero con Edersa hay una controversia mayúscula. La empresa aduce que la tarifa está atrasada y que no tuvo otra alternativa que dejar de pagar parte de la energía que le compra al sistema nacional, administrado por Cammesa, para poder financiar su funcionamiento.

Un estudio encargado por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri concluyó que los más de 3.000 millones de pesos que Edersa debía por la energía que no pagaba equivalían al monto del atraso tarifario.

El gobierno de Alberto Weretilneck consideraba que, mientras la empresa debiera dinero, no podrían reconocerle una tarifa mayor. La política de Carreras (y de Confini) en esta materia es aún una incógnita.