Río Negro: Tierras, Justicia y autonomía nacional

En los pasillos, varios ámbitos (no todos) de la Justicia (los que la imparten, foros de Derecho) suelen moverse según los vaivenes de la política hegemónica de turno. La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de reabrir la causa que investiga irregularidades en el proceso de venta de tierras linderas al lago Escondido al magnate extranjero Joseph Lewis corrige una decisión anterior. La Sala I, que había rechazado la denuncia y sobreseído a todos los implicados, incluyendo funcionarios del gobierno de Weretilneck, pone en evidencia la utilización falaz del discurso republicano por parte del oficialismo provincial y nacional y vemos cómo lo destruye toda garantía republicana de modo escandaloso.

El fiscal de Cámara Hernán Feliciano Trejo de la Sala I pudo haber incumplido con sus deberes de funcionario público tal como denuncié en la FIA a cargo de Marcelo Ponzone. Considero que Trejo, al dejar de lado toda investigación, estaría violando el debido proceso por omitir lo que exige la normativa vigente.

Santiago Eyherabide, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, rechazó la extinción y sobreseimiento dictados por la sala, ya que se incumple con la ley de defensa nacional 23544, el decreto ley 15385/44, la ley Q 279 y el decreto provincial 545/1970. Recordemos que el defensor del pueblo se pronunció en el mismo sentido sobre la compra de las 12.000 hectáreas por parte de la corporación Properties.

En el 2017, denuncié ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por incumplimiento de los deberes de funcionario público al gobernador Weretilneck por autorizar que Lewis utilizara agua del río Escondido para generar energía eléctrica. Propuse que el acceso al lago Escondido fuera declarado de interés público. Y, por otra parte, cuando fui legisladora provincial junto con César Miguel y Martín Doñate presentamos un proyecto de ley para que el aeropuerto que Lewis tiene en sus tierras fuera de uso público, civil y militar. Recordemos que ese aeropuerto tiene una envergadura que supera las necesidades de transporte “personal”: tiene dimensiones similares al de San Carlos de Bariloche, con una extensión de 2.000 metros de largo y 50 de ancho, lo que lo habilita para el uso de un Boeing 737.

Como ciudadanos/as y habitantes, y en mi caso como representante en el Congreso de Diputados de la Provincia de Río Negro y como parte del mayor partido político de oposición al Poder Ejecutivo provincial y nacional, pienso que queremos y debemos aclarar que todas estas irregularidades son posibles en el marco más amplio de una política nacional y provincial de pérdida de soberanía, venta de los recursos naturales y desprecio por los derechos de nuestra población de disfrutar de sus recursos naturales y turísticos. Hoy Lago Escondido es una piscina privada de un magnate y sus amigos.

La modificación de la ley de Tierras que realizó Mauricio Macri facilitando la compra de tierras a extranjeros va en consonancia con su política de liberalización y apertura que destruye a ritmos alarmantes la producción nacional y el tejido social de empleo y seguridad social. Es decir, la venta de tierras es una privatización de territorio, de nuestra soberanía, y el surgimiento de un enclave “pseudoestatal” dentro del Estado provincial y nacional por decisiones políticas emanadas de órganos ejecutivos, legislativos y la nueva e ilegal gobernabilidad judicializada. Por esto interpuse un amparo para frenar la extranjerización de las tierras, ya que el decreto 820/16 que firmó Macri para permitir la propiedad extranjera de nuestras tierras es inconstitucional y arbitrario: se modificó una ley nacional con un decreto reglamentario.

Como sostienen los sociólogos alemanes Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf en su trabajo “La globalización de la inseguridad”, en Argentina, y sin caer en hipótesis paranoicas, la mercantilización de tierras, recursos naturales y turísticos (recordemos el cerro Catedral) en manos privadas y extranjeras (Lewis, Benetton, Turner, Lay, Carrither, Hiriart, Swarovski, entre otros) son también un problema de seguridad nacional, desde el momento en que grupos armados de civiles y la propia Gendarmería nacional operan en tierras de acceso restringido y/o ubicaciones estratégicas.

¿Quién controla las fuerzas de seguridad pública que operaran allí? ¿Cómo podemos permitir que se amenace “defender” una ocupación de tierras ilegítima y de legalidad dudosa a fuerza de rifles Winchester?

La metáfora del barco que se ondula al ritmo de los tiempos que le toca con la que suele describirse al Poder Judicial da cuenta de una realidad insalvable: impartir justicia no es una acción aséptica de laboratorio, sino que deberá perseguir el bien común estableciendo acuerdos equitativos en disputa de intereses no siempre en manos con la misma fuerza.

Es por esto que vemos de manera esperanzada la confirmación de Casación que con su fallo anuló los sobreseimientos en esta causa.

La Sala III del máximo tribunal utilizó los argumentos de la procuraduría especializada que sostienen que la compra de tierras atenta contra la defensa nacional. Ahora exfuncionarios/as y las autoridades de las empresas extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y Charles Lewis deberán someterse a la Justicia como lo debemos hacer todos los habitantes de nuestro país.

Incumplir con las leyes, las prácticas jurídicas correctas y los derechos humanos a favor de corporaciones, que atentan contra el goce de recursos naturales y turísticos que son de nuestro país, constituye un acto inconstitucional y reñido con toda ética. La justa gobernanza no se declama, se practica. Como ciudadanos/as la debemos encauzar por las vías de la participación política, cultural y social y, principalmente, el voto.