Salió la ley que castiga a quienes promuevan el trabajo infantil

Establece penas de uno a cuatro años de cárcel, pero exceptúa a padres o tutores.

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El 6,5% de los niños trabaja en actividades equivalentes a la labor de adultos.

El Senado nacional aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que sanciona a los empresarios responsables de la explotación de trabajo infantil hasta los 16 años con penas que van de uno a cuatro años de prisión, pero exceptúa a los padres, tutores o encargados de los menores. En Argentina, el 6,5% de los niños de entre cinco y 13 años trabaja en actividades equivalentes al trabajo adulto, el 4,1% produce bienes primarios y el 11,4% hace tareas domésticas, según los últimos datos oficiales que datan de 2004. La gran mayoría de esos menores trabaja en el campo o realiza trabajos domésticos en zonas urbanas. La norma se aprobó tras obtener el respaldo unánime de 63 legisladores, sin oposición de la totalidad de los bloques que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La iniciativa fue defendida por el kirchnerista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, quien argumentó que la norma está “destinada a los empresarios que explotan a los niños para sacar provecho económico” y que “no puede intentar ayudar a un sector social vulnerable persiguiendo a los padres, metiéndolos presos”. El radical Gerardo Morales objetó que el proyecto planteara excepciones a la prohibición de trabajo a los menores de 16 años, en contra de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sostuvo en este sentido que la norma abre la puerta para que se habilite el trabajo en empresas familiares y reclamó que el proyecto volviera a comisión. El pedido fue rechazado por el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, con el argumento que la iniciativa “se debatió con amplitud y consiguió el apoyo unánimes de todos los bloque en la Cámara de Diputados”. El radical Luis Naidenoff negó que signifique “un avance”, porque “el 67 por ciento de las explotaciones de los niños se realiza con el aval de los padres” y si queremos “combatir el trabajo infantil tenemos que ir al hueso para que el padre, la madre, el tutor o el guardador asuma su responsabilidad”, por lo que propuso que el tema volviera a comisión para reanalizar el texto. Luis Juez, del Frente Amplio Progresista (FAP), anunció el respaldo del bloque tras considerar que la iniciativa era “un avance” porque “incorpora una nueva figura de delito al Código Penal”, aunque la norma podría ser mejorada. (DyN y AFP)


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