Sánchez se desligó del juicio millonario que perdió el municipio de Allen

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Continúa la polémica por el juicio de 14 millones de pesos que tiene que cancelar el municipio de Allen a unos 200 empleados, por el pago de sumas “no remunerativas” y ahora habló el exintendente Carlos Sánchez, en cuyo gobierno ocurrieron los hechos. 

El exmandatario aseguró que “esas sumas no fueron mal liquidadas”, como informó el contador del Ejecutivo local Ignacio Villa, sino que hubo un acuerdo con los gremios porque el municipio afrontaba una “emergencia financiera”.

Además apuntó contra el exintendente Homero Ulises Gentile que fue revocado en 1999 y del que “heredó una deuda de siete millones de dólares por otros juicios con sentencia firme y el atraso de pago de siete meses de sueldo a los empleados».
Gentile por su parte aclaró que la deuda que dejó su gestión no estuvo “ni cerca» de ese monto y que solo se debía el sueldo a unos pocos trabajadores que estaban contratados”.

El juicio caratulado “Poblete y otros” lo perdió el Municipio en 2016. Villa señaló que se pagaron más de seis millones de pesos el año pasado y en este semestre se abonará casi nueve millones más para cancelar la demanda.
Sanchez fue intendente durante dos periodos, desde 1999 hasta 2007 y en el segundo mandato se pagaron las sumas no remunerativas.

“Hicimos un acuerdo con los gremios que fue homologado por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, estaba en el marco de la emergencia que vivía el país”, aseguró Sánchez.
El exintendente señaló que todos los organismos públicos nacionales y provinciales pagaron aportes no retributivos, “era una forma de meterle más plata al bolsillo de la gente y que el municipio tuviera menos costos”.

En ese tiempo la comuna tenía unos 200 empleados y el convenio “se realizó con los gremios Soyem y UPCN”. 
“Cuando ya no era intendente la Corte Suprema de Justicia de Nación sacó una resolución que establecía que estos aportes no fueron constitucionales, después viene el despelote, pero el único municipio que pierde el juicio es el de Allen”, manifestó.

Sánchez dijo que no comprende porque las gestiones posteriores no hicieron un acuerdo con los trabajadores para evitar el litigio. “Si el problema eran los aportes jubilatorios se podría haber hecho un acuerdo para pagarlos con una moratoria en la Anses”.
El exmandatario contó que cuando realizaron las audiencias la abogada de municipio que era la intendenta electa Liliana Martín, lo llamó a declarar como testigo.

Acusaciones cruzadas

Sánchez mencionó que asumió la intendencia después de la revocatoria del mandatario Homero Ulises Gentile y heredó una “deuda de siete millones de dólares por juicios con sentencia firme”, además del atraso de “siete meses en los sueldos a los trabajadores”.

“No teníamos teléfono porque teníamos un juicio con Entel, otro de una empresa por viviendas, el juicio de Solmi y también teníamos que pagar la demanda a una chica que se accidentó en un parque de diversiones en la ciudad”, recordó.

Por su parte Gentile desmintió las declaraciones de Sánchez y aseguró que los únicos juicios que dejó fueron el de Solmi y otro con el gremio Soyem por unos aportes. Señaló que el litigio que perdió el municipio contra la joven que se accidentó se pagó en su gobierno. 

“Para ir a los números habría que revisar los balances pero siete millones de dólares de deuda ni cerca”, manifestó.
Gentile dijo que durante su gestión la Provincia “me debía ocho coparticipaciones, si me hubiera pagado no le hubiera adeudado el sueldo a los empleados”.

El exintendente aclaró que no le debía siete meses de sueldos a todos los empleados solo a los contratados. “La planta permanente tenía los sueldos al día”, aseguró.