Saquen las manos del presupuesto

RICARDO GAMBA (*)

Ya desde 1215 en Inglaterra, un rey no pudo decir más “éste es mi plan de gobierno, están obligados a aprobarlo”. En el mismo año ningún timorato parlamentario, o cómplice, hubiera sido tan pusilánime como los nuestros de declinar el poder, de decidir sobre los recursos que le pertenecían. La democracia moderna tiene su origen justamente en el acto de poner límites al rey en el más importante asunto político a decidir en un Estado: la aprobación de los impuestos y su utilización. El parlamento nace, y durante mucho tiempo se mantiene, como el órgano que representa a quienes pagan y que decide las políticas del Estado por medio de asignarle o negarle recursos para efectuarlas. Este mismo elemental principio expresivo de la soberanía popular sería el grito de guerra de la revolución americana y de la fundación de la primera república moderna duradera: ningún impuesto sin representación. Casi 1.000 años de historia no alcanzan para que nuestros políticos entiendan esto: los impuestos los paga el pueblo, y por lo tanto es el pueblo el que decide cuánto y en qué se gasta. Y en una democracia representativa, el pueblo lo hace a través del congreso, cuyos miembros, bueno es recordar, no llevan el nombre de “representantes del pueblo” por una cortesía protocolar. Y en esto es totalmente falsa la distinción entre oficialistas y opositores. Todos están de acuerdo en traicionar la representación popular y asignar al Poder Ejecutivo el poder de decidir las políticas de “gobierno” con su presupuesto. Hoy por ti, mañana por mí: la oposición actual espera ser oficialismo alguna vez y que se le respete esta prerrogativa monárquica a su debido tiempo. Sólo así se explica la ridícula discusión acerca de detalles que no ponen en cuestión el asunto principal de a quién corresponde decidir sobre los gastos y recursos del Estado. Esta competencia del Congreso, y no del Ejecutivo no tiene nada de opinable: la constitución, ese pisoteado documento fundacional, le da al Poder Legislativo, de manera taxativa, exclusiva e independiente, la facultad de crear impuesto y asignar gastos. La pretensión del Ejecutivo de imponer su proyecto y sin cambio alguno es groseramente inconstitucional. Si fuera cierto ese sonsonete oficialista que se repite en cada pretensión legislativa, implícitamente aceptado por toda la casta política, habría que concluir que el constituyente era una especie de idiota que hizo todo al revés de lo que se proponía. Quería que el presupuesto fuera facultad discrecional del Ejecutivo, pero le dio la facultad de aprobarlo al Legislativo. Quería que “gobernara” el Ejecutivo, pero dividió el gobierno en tres poderes dándole competencias diferenciadas y exclusivas a cada uno de ellos. Quería que el poder más importante fuera el Ejecutivo, pero le dio la facultad de hacer las leyes y de decidir sobre la constitucionalidad de los actos a los otros dos. Quería una monarquía electiva, pero diseñó una república con poder limitado y dividido. Aunque se haya olvidado, ejecutivo viene de ejecutar y legislativo de legislar. El ejecutivo, poder contrademocrático, ejecuta una voluntad ajena, la del cuerpo que representa democráticamente al pueblo. Tan simple, sencillo y trasparente que sólo puede no ser visto así por quienes, con la suficiente dosis de mala fe o ignorancia, no quieren verlo. El Poder Ejecutivo, el gerente del Estado, sólo tiene la facultad de proponer. Incluso la de defender por todos los medios lícitos y públicos su propuesta. Pero una vez que la entrega, debe retirarse para que la decisión la tomen quienes deben tomarla. Luego reaparece para ejecutar leal y fielmente la orden presupuestaria dada por el representante del soberano. Zapatero a tus zapatos. Para explicar esta distorsión del modelo constitucional efectuada por la clase dirigente, no hace falta escribir un libro. Es puro y duro abuso del poder, sustentado en el acuerdo implícito de la oligarquía dirigente de gobernar por encima de la constitución. Códigos se llama a este acuerdo en la jerga cuasimafiosa de la política. Gobernar, en definitiva, sin judicializar la política, según el lenguaje corporativo acatado dócilmente por los jueces. (*) Abogado. Profesor de Derecho Político de la UNC