Scioli en la mira
Según el peronista federal Francisco de Narváez, el gobernador bonaerense Daniel Scioli es sólo un “delegado del gobierno nacional”. Comparten su opinión otros dirigentes opositores de origen peronista o radical que concuerdan en que es un personaje débil, sometido a la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que apenas procura administrar la provincia. Según integrantes del entorno supuestamente progresista de la presidenta, en cambio, Scioli no es un débil sino un derechista peligroso que, entre otras cosas lamentables, está a favor de una política de mano dura contra el delito, que quiere ensañarse con menores bajando la edad de penalización, que ha permitido que los comisarios manden en la Policía de la provincia y que por lo tanto es responsable de los casos de gatillo fácil que siguen produciéndose. Para colmo, Scioli se niega a echar al ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Aunque sólo se trata de un episodio más de la interna gubernamental atribuible a los esfuerzos de sectarios setentistas por ocupar más espacios de poder, el que tanto la oposición formal como una facción oficialista hayan elegido aprovechar las presuntas deficiencias de la política de seguridad de la provincia más poblada del país para incomodar al gobernador es preocupante. Como el propio Scioli ha subrayado, no es un tema sencillo y “no hay soluciones mágicas”, razón por la que convendría abordarlo “desde lo lógico y la racionalidad, no desde lo ideológico”. El gobernador está en lo cierto. Si bien es comprensible que políticos de todos los pelajes, incluyendo a Scioli, hayan querido minimizar su propia responsabilidad por la sensación de inseguridad, cuando no de temor, que se ha propagado por el conurbano bonaerense y partes de la Capital Federal, la politización resultante ha hecho aún más difícil la tarea de los encargados de combatir el delito. Aunque a esta altura pocos negarían que es necesario reformar la Policía Bonaerense, depurándola de elementos proclives a operar al margen de la ley, a menos que las autoridades lo hagan con el máximo cuidado dejarían indefensos a los más de 15 millones de habitantes de la provincia que, claro está, dependen de una institución que desde hace décadas ha sido blanco de críticas furibundas. Puede que las sucesivas purgas hayan servido para evitar males mayores, pero la percepción generalizada, equivocada o no, es que poco ha cambiado. Con todo, como suele ocurrir cuando la mayoría cree que la delincuencia ha aumentado tanto que, según dijo el ex gobernador y actual diputado nacional Felipe Solá, “nunca hubo tanto miedo como ahora, de día y de noche”, la opinión pública bonaerense no sentiría demasiado entusiasmo por lo que tomaría por un avance del “garantismo” que están reclamando algunos integrantes influyentes del círculo áulico de la presidenta, al parecer convencidos de que por ser el delito un síntoma de la perversidad del orden social imperante, la mejor manera de reducirlo consistiría en hacer de la Argentina un país más equitativo. Es una teoría atractiva, pero pocos bonaerenses estarían dispuestos a esperar con paciencia hasta que por fin se concretara una transformación socioeconómica emprendida por ideólogos que se creen capaces de convertir a los delincuentes en ciudadanos respetuosos de la ley. De todos modos, no cabe duda de que las embestidas contra Scioli del ala izquierdista del kirchnerismo están contribuyendo a hacer aún más confuso el panorama político nacional. La estrategia de dividir para reinar favorecida por quienes están buscando sacar provecho de la muerte de Néstor Kirchner para dar al gobierno de su viuda un perfil a su entender más progresista está agravando una situación ya caracterizada por la existencia de un sinnúmero de facciones que pueden coincidir para oponerse a una política determinada pero que raramente son capaces de llegar a acuerdos positivos. Desde el punto de vista de Cristina y sus simpatizantes incondicionales, la atomización es deseable porque, de mantenerse, significaría que en las próximas elecciones presidenciales muchos votantes se resignarían a la continuidad por considerarla el mal menor, con el resultado, una vez más, de que el gobierno no debería su apoyo a sus propios méritos sino a la evidente incapacidad ajena.
Según el peronista federal Francisco de Narváez, el gobernador bonaerense Daniel Scioli es sólo un “delegado del gobierno nacional”. Comparten su opinión otros dirigentes opositores de origen peronista o radical que concuerdan en que es un personaje débil, sometido a la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que apenas procura administrar la provincia. Según integrantes del entorno supuestamente progresista de la presidenta, en cambio, Scioli no es un débil sino un derechista peligroso que, entre otras cosas lamentables, está a favor de una política de mano dura contra el delito, que quiere ensañarse con menores bajando la edad de penalización, que ha permitido que los comisarios manden en la Policía de la provincia y que por lo tanto es responsable de los casos de gatillo fácil que siguen produciéndose. Para colmo, Scioli se niega a echar al ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Aunque sólo se trata de un episodio más de la interna gubernamental atribuible a los esfuerzos de sectarios setentistas por ocupar más espacios de poder, el que tanto la oposición formal como una facción oficialista hayan elegido aprovechar las presuntas deficiencias de la política de seguridad de la provincia más poblada del país para incomodar al gobernador es preocupante. Como el propio Scioli ha subrayado, no es un tema sencillo y “no hay soluciones mágicas”, razón por la que convendría abordarlo “desde lo lógico y la racionalidad, no desde lo ideológico”. El gobernador está en lo cierto. Si bien es comprensible que políticos de todos los pelajes, incluyendo a Scioli, hayan querido minimizar su propia responsabilidad por la sensación de inseguridad, cuando no de temor, que se ha propagado por el conurbano bonaerense y partes de la Capital Federal, la politización resultante ha hecho aún más difícil la tarea de los encargados de combatir el delito. Aunque a esta altura pocos negarían que es necesario reformar la Policía Bonaerense, depurándola de elementos proclives a operar al margen de la ley, a menos que las autoridades lo hagan con el máximo cuidado dejarían indefensos a los más de 15 millones de habitantes de la provincia que, claro está, dependen de una institución que desde hace décadas ha sido blanco de críticas furibundas. Puede que las sucesivas purgas hayan servido para evitar males mayores, pero la percepción generalizada, equivocada o no, es que poco ha cambiado. Con todo, como suele ocurrir cuando la mayoría cree que la delincuencia ha aumentado tanto que, según dijo el ex gobernador y actual diputado nacional Felipe Solá, “nunca hubo tanto miedo como ahora, de día y de noche”, la opinión pública bonaerense no sentiría demasiado entusiasmo por lo que tomaría por un avance del “garantismo” que están reclamando algunos integrantes influyentes del círculo áulico de la presidenta, al parecer convencidos de que por ser el delito un síntoma de la perversidad del orden social imperante, la mejor manera de reducirlo consistiría en hacer de la Argentina un país más equitativo. Es una teoría atractiva, pero pocos bonaerenses estarían dispuestos a esperar con paciencia hasta que por fin se concretara una transformación socioeconómica emprendida por ideólogos que se creen capaces de convertir a los delincuentes en ciudadanos respetuosos de la ley. De todos modos, no cabe duda de que las embestidas contra Scioli del ala izquierdista del kirchnerismo están contribuyendo a hacer aún más confuso el panorama político nacional. La estrategia de dividir para reinar favorecida por quienes están buscando sacar provecho de la muerte de Néstor Kirchner para dar al gobierno de su viuda un perfil a su entender más progresista está agravando una situación ya caracterizada por la existencia de un sinnúmero de facciones que pueden coincidir para oponerse a una política determinada pero que raramente son capaces de llegar a acuerdos positivos. Desde el punto de vista de Cristina y sus simpatizantes incondicionales, la atomización es deseable porque, de mantenerse, significaría que en las próximas elecciones presidenciales muchos votantes se resignarían a la continuidad por considerarla el mal menor, con el resultado, una vez más, de que el gobierno no debería su apoyo a sus propios méritos sino a la evidente incapacidad ajena.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
