Se cierra el cerco

Por razones penosamente evidentes, el procesamiento de Leonardo Fariña y Federico Elaskar que acaba de ordenarse ha encendido luces de alarma en el gobierno nacional, por tratarse de dos presuntos empleados o colaboradores del magnate patagónico Lázaro Báez que, para extrañeza de quienes toman en serio el asunto, aún no figura formalmente en el caso de lavado de dinero que está investigando el juez federal Sebastián Casanello. Parecería que, para incluirlo en la nómina de procesados, el juez tendría que saber más acerca de su relación laboral con Fariña y Elaskar, pero también habrá pensado en la relación con el matrimonio Kirchner del recién enriquecido empresario de la construcción y estanciero. Sobre la base de lo que ya es de dominio público, muchos han llegado a la conclusión de que el exempleado bancario convertido en multimillonario ayudó a los Kirchner a adquirir el patrimonio inmenso que se les atribuye actuando como su testaferro, ya que consiguió más del 80% de los contratos estatales para obras públicas en Santa Cruz durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner. Así las cosas, es difícil no suponer que, como dice la diputada Elisa Carrió, el juez Casanello optó por “esconder” a Báez a fin de “encubrir a la presidenta Cristina Kirchner”, pero sólo será una cuestión de tiempo hasta que la investigación que está en marcha llegue a las puertas de la Casa Rosada. Aun cuando resulte imposible averiguar todos los detalles pintorescos –aquellas bóvedas llenas de dinero mal habido y bolsas atiborradas de euros y dólares– que tanto impacto han tenido en la opinión pública, a esta altura pocos creerían que se ha tratado de nada más que una fábula mediática imaginativa confeccionada por adversarios maliciosos de un gobierno progresista. Además del caso popularmente caratulado “la ruta del dinero K”, hay otros que motivan preocupación en el entorno presidencial, entre ellos los protagonizados por el vicepresidente Amado Boudou y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Asimismo, para disgusto de la presidenta, el juez federal Luis Rodríguez quiere saber más sobre el presunto enriquecimiento ilícito del subsecretario Legal y Técnico, Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini. Puede que Liuzzi logre justificar su buen pasar, pero no le será tan fácil explicar cómo se las arregló para repartir una cantidad insólita de cargos públicos entre sus familiares. Liuzzi alcanzó su notoriedad actual merced al juez Norberto Oyarbide que, como admitió, levantó el allanamiento de una financiera bajo sospecha luego de recibir una llamada telefónica del funcionario, lo que, como no pudo ser de otra manera, dio lugar a un escándalo cuyas repercusiones siguen haciéndose sentir. Mientras tanto, son cada vez más los dirigentes políticos opositores que insisten en que será necesario hacer un esfuerzo auténtico por poner fin a la cultura de la corrupción que se ha apoderado del país. El exvicepresidente Julio Cobos dista de ser el único que quiere que haya una “Conadep de la corrupción” y que todos los candidatos presidenciales firmen un pacto en tal sentido, con el propósito de asegurar que los acusados de violar la ley sean obligados a rendir cuentas ante la Justicia. Para enfrentar dicha posibilidad, los kirchneristas están procurando asegurar que el Poder Judicial se vea dominado por jueces debidamente leales al “proyecto” de Cristina, pero es poco probable que logren hacerlo. Los militantes suelen ser tan propensos como el que más a adaptarse a las circunstancias políticas y, de cobrar más fuerza la campaña en contra de la corrupción, muchos preferirán acompañarla, ya que no les convendría en absoluto tratar de defender lo indefendible. Asimismo, si bien la sociedad, fiel al principio cínico resumido en la consigna “roba pero hace”, tolera la corrupción cuando impera la impresión de que la economía va en buen camino, suele asumir una actitud muy distinta al precipitarse el país en una de sus crisis esporádicas. Desgraciadamente para quienes aprovecharon las oportunidades para enriquecerse que les brindaba “la década ganada”, el clima social ya ha cambiado y todo hace prever que, en los meses próximos, la situación económica de millones de personas se deteriore todavía más, con el resultado de que muchos que se habían acostumbrado a minimizar la importancia de la corrupción adopten una postura muy diferente.

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