Seis leyes ambientales nunca se implementaron

Seis leyes nacionales que imponen límites y penas para los responsables de contaminar aguas y suelos nacionales no se aplican porque el Poder Ejecutivo nunca las reglamentó.

Se trata de leyes aprobadas desde mediados de 2002 hasta el presente, que todavía esperan la puntada final que debe dar el gobierno nacional para que entren en vigencia.

Mientras tanto, la polución causada por transformadores de PCB, las formas de impedir el envenenamiento de los ríos y las exigencias para tratar los residuos, entre otras situaciones, se ven afectadas por el vacío legal.

La historia se remonta a 1994, cuando la reforma modificó el artículo 41 de la Constitución y obligó a los legisladores a fijar límites para la protección del medio ambiente. La primera de las normas, conocidas como «leyes de presupuestos mínimos», data de julio de 2002 y estableció criterios para tratar los residuos industriales. Además de su falta de reglamentación, el Poder Ejecutivo vetó el artículo que definía las penas para quienes la violaran y así quedó mutilada en uno de sus aspectos fundamentales.

Luego el Congreso sancionó la ley que obliga a las empresas a eliminar antes de 2010 los transformadores con PCB, un refrigerante usado en las redes eléctricas que provocan daños a la salud.

En noviembre de 2002 fue aprobada la tercera de las leyes, un marco general para la protección del medio ambiente que detalla precisamente las obligaciones nacidas del artículo 41 de la Constitución.

En simultáneo nació la ley 25.688 para el tratamiento de los cursos de aguas. Como un grupo de provincias se quejó porque consideraba que avanzaba sobre sus facultades, la ley es actualmente materia de una disputa judicial que debe resolver la Corte Suprema. Las últimas leyes ecológicas que también esperan su puesta en práctica fueron la número 25.831, que aplica el derecho a acceder a la información ambiental en poder de las empresas, y la 25.916, con pautas generales para el tratamiento de los residuos domiciliarios. Ninguna de las seis está plenamente en vigencia por falta de reglamentación.

La inexplicable lentitud generó múltiples pedidos de informes de parte de los legisladores, que buscan conocer las razones de la parálisis. El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, reconoció que las demoras fueron motivo de consultas al Poder Ejecutivo. Pero las respuestas, que buscaron tirar la pelota al Consejo Federal encargado de definir políticas ambientales nacionales, estuvieron lejos de satisfacer las inquietudes. «El PCB está incluido en la denominada docena sucia, un listado de los contaminantes más peligrosos del mundo, por su peligrosidad se sancionó la ley 25.670, pero hay un sinnúmero de aspectos que deben ser tomados en cuenta a través de la reglamentación de la norma», recordó Margarita Jarque (Bloque Encuentro), una de las diputadas que pidió explicaciones al Ejecutivo. «Pero el plazo para reglamentar la ley se cumplió el 13 de enero de 2003 -agregó-, un retraso que impide la identificación de los equipos y recipientes que contienen PCB y su eliminación». (DyN)